El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) aclaró ayer a las autonomías que la única ayuda a la dependencia que no se ha satisfecho todavía que se podrá fraccionar en los próximos cinco años será la paga que se da al cuidador familiar.

Representantes del Ministerio de Sanidad y Política Social y técnicos de las comunidades autónomas se reunieron ayer para detallar la aplicación del recorte del gasto que el Gobierno aprobó hace dos semanas.

El ministerio decidió permitir a las autonomías fraccionar el pago de las ayudas retrasadas en los próximos cinco años, consciente de la falta de liquidez de las consejerías.

La semana pasada, la ministra Trinidad Jiménez informó oficialmente de la decisión del Ejecutivo a los consejeros competentes en la materia. Ayer, los técnicos autonómicos empezaron a negociar con el Imserso cómo se aplicará la nueva medida.

El Imserso se comprometió a elaborar un documento de trabajo que delimite a partir de qué cuantía pendiente se podrá aplazar el pago, de modo que los criterios sean los mismos en todas las autonomías. El documento también deberá establecer la periodicidad con que se devolverá el dinero que se debe. Es decir, las comunidades autónomas deberán acordar si el dinero se retorna en pagas cada tres meses, cada mes o cada medio año, por ejemplo.

Al menos 242.194 personas a las que se les ha reconocido su derecho a recibir una ayuda a la dependencia esperan que esta se haga efectiva, según los últimos datos de gestión que ha hecho públicos el Imserso, del 1 de junio.

Quienes están a la espera representan el 30% del total de beneficiarios reconocidos. De estos, el ministerio no diferencia entre quienes recibirán una ayuda económica o una prestación. No obstante, resulta ilustrativo el hecho de que la mitad de las ayudas que ya se dan consisten en la paga al familiar. La deuda de las autonomías es millonaria. A esto hay que sumar aquellos dependientes que ya han empezado a recibir la ayuda, pero se les deben atrasos.