La querella criminal contra las tres grandes agencias internacionales de rating –Standard & Poor’s (S&P), Moody’s y Fitch– ya está sobre la mesa del titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Y a ese escrito pedirá sumarse, “en los próximos días”, Izquierda Unida, en calidad de acusación popular, según confirmaron ayer jueves a Público desde la dirección federal.

Pionera en España, la querella ha sido impulsada por un grupo de abogados, dirigido por Gonzalo Boye y Jaume Asens, y se registró el pasado viernes en la Audiencia Nacional. El texto, de 55 folios, acusa a las agencias de calificación de “alterar los precios” en los mercados bursátiles y de usar en su propio provecho información privilegiada. “Modulan, manipulan y generan situaciones, contraviniendo la legalidad penal, para obtener unos beneficios tanto directos como indirectos”, denuncia.

Los tres gigantes, que controla el 90% del mercado mundial, conculcarían, a juicio de los querellantes, los artículos 284. 2 y 285 del Código Penal, que prevén multas y penas de prisión de entre seis meses y cuatro años.

El escrito acusa a S&P, Fitch y Moody's de desestabilizar la economía en provecho de sus clientes

La Comisión Ejecutiva Federal de IU, reunida este pasado lunes 28 de febrero, no tuvo dudas de cómo actuar. Enrique Santiago, uno de los letrados promotores de la querella y secretario de Refundación, propuso la adhesión al texto y la personación como acusación popular. “Se aprobó de inmediato, sin la menor discrepancia. No hubo ningún problema”, señala Santiago. Si IU no se adhirió antes fue porque, para poder formalizar papeles ante el juzgado, hacía falta el acuerdo del órgano de dirección, y la ejecutiva se reúne cada dos semanas. Este último lunes tocaba cita, no el anterior. 

Pendiente de tramitación

IU es, pues, la quinta entidad que respalda la acusación, suscrita por la Unión por las Libertades Civiles, ATTAC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Observatorio de los Derechos Humanos y Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). “Prevemos que nos puedan apoyar más colectivos”, indica el responsable federal de IU, quien además confía en la “predisposición positiva” del Ministerio Público. El texto, de hecho, se apoya en declaraciones del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien en mayo de 2010 abogaba por “investigar y combatir la criminalidad económica” derivada de los “ataques especulativos contra la moneda europea”. Ahora, la Fiscalía deberá emitir su informe sobre la querella. Moreno decidirá después si la admite a trámite o si cabe practicar antes alguna verificación (como una comisión rogatoria) y también quién quedará personado definitivamente en la causa.

La ejecutiva federal se sumó sin matices a la petición de Enrique Santiago

España es el tercer país que ha llevado a los tribunales a las agencias de rating, tras EEUU y Alemania, como ya relataba este diario hace una semana. La querella denuncia un “claro conflicto de intereses” de las tres empresas, ya que sus clientes son las principales entidades compradoras de deuda (caso de los bancos). Cuando las agencias rebajan el nivel de solvencia de la deuda soberana –eso han hecho S&P, Moody’s y Fitch en 2009 y 2010–, desestabilizan la economía y agravan los problemas de financiación del Estado, ya que está obligado a pagar un interés más alto. "Mediante la rebaja en la calificación de deuda estatal realizada por las mismas [empresas] y su difusión, dichas agencias han puesto en duda la solvencia de las arcas públicas y la solidez del conjunto de la economía española, no así de las entidades crediticias o financieras que adquieren dicha deuda y que, además, son clientes de las propias querelladas", reza el texto en su página 39. 

La rebaja de la calificación de la deuda soberana ha sido progresiva. En enero de 2009, S&P la degradó de AAA a AA+, y en abril de 2010, la hundió algo más, de AA+ a AA. En mayo del año pasado, fue Fitch quien quitó un galón a la deuda, al pasarla de AAA a AA+. Finalmente, en el último septiembre, Moody's procedió también a castigar a España, al pasar la AaA a Aa1. 

Con relación al artículo 285 del Código Penal, los querellantes recalcan que las calificadoras no sólo poseen información privilegiada, sino que son "generadoras" de ella, pues producen información "provocando una rápida respuesta del mercado". El uso de esa información produce beneficios. Así, el escrito puntualiza que las tres grandes firmas forman un "oligopolio a tres", en un negocio "de 3.000 millones de euros anuales (con escandalosos márgenes [de beneficio] del 50%". Y concluye el texto: "En términos de dinámica jurídico-penal es perfectamente asumible que el concepto indeterminado de mercado [...] tiene nombre, apellidos y razón social y, por tanto, son sujetos a los que se les deben exigir sus correspondientes responsabilidades penales y civiles derivadas del delito". 

¿QUIÉN COMPRA LA DEUDA SOBERANA?

Juanma Romero | Pilar Blázquez

El equipo económico de IU, dirigido por José Antonio García Rubio, ultima una iniciativa que presentará lo antes posible en el Congreso: quiere que se fije una comparecencia periódica en la Cámara baja de la directora general del Tesoro, Soledad Núñez, y que se audite la deuda pública, “para que se conozcan con detalle quiénes son sus compradores y qué operaciones hay en los mercados primario y secundario”. El objetivo es arrojar “transparencia” y saber “quiénes especulan contra España”. "Tendría un valor disuasorio, ayudaría a combatir la especulación", sentencia García Rubio. 

Hoy, el Tesoro Público difunde el reparto de los tenedores de deuda por países y por tipo de inversor (bancos centrales, bancos y cajas, seguros, fondos de inversión y otros), pero no desglosa los datos. Por ejemplo, según la última estadística publicada (febrero), los bancos centrales compraron el 31,55% de la deuda a enero de 2011. Le siguen familias, empresas no financieras y otros (29,26%), entidades financieras (18,17%), fondos de inversión y pensiones (15,91%) y seguros (5,11%). Se desconoce públicamente qué hacen, una vez han comprado la deuda, bancos como Deutsche Bank, el Santander o el BBVA en los mercados secundarios. También se ignora cuánto volumen de deuda ha comprado China o Libia. 

Otro concepto importante son los llamados creadores de mercado de letras o bonos del Estado,  que son las entidades que colaboran con el Tesoro en la compraventa de valores de deuda y las que la difunden y colocan en los mercados internacionales. Entre los creadores del mercado de letras, según indica la web del Tesoro, están el Santander, el BBVA, el Barclays, Caja Madrid, la CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorros), Société Générale o el Royal Bank of Scotland. Y entre los creadores del mercado de bonos y obligaciones, figuran además de los citados, BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC France o JP Morgan. 

Mercado primario y secundario

¿Qué es el mercado primario y secundario? Una adquisición de valores en el primario es la que se realiza en el momento en que estos se emiten. El Tesoro emite todos esos títulos (letras, bonos y obligaciones) mediante subasta. Luego, esos títulos de deuda se compran y se venden entre todos los actores del mercado (fondos de inversión, inversores particulares, hedge funds, bancos...). En muchos casos son operaciones bilaterales que sólo conocen comprador y vendedor o a veces ni eso, sólo las controlan los intermediarios. 

En el mercado de derivados también entran los llamados CDS (credit default swaps), que son contratos de seguros en los que lo que se asegura el riesgo de impago de los Estados o empresas. En función de si se compran más o menos CDS, sube o baja el precio del bono. El bono español a 10 años, comparado con el alemán, es lo que se llama riesgo país. Cuanto más se dispare la prima de riesgo, significará para el mercado que más riesgo de quiebra hay, y más interés tendrá que pagar España (o el Estado que sea) en la siguiente emisión de títulos de deuda en el mercado primario. 

Según comenta García Rubio, hay aún asuntos que pulir en la iniciativa, como definir qué autoridad sería la que auditase la deuda pública. IU baraja que sea la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). También es consciente de que fichar todos los movimientos en el mercado secundario no es fácil, y escapa además al control del Tesoro. "Pero sería su tarea saberlo", alega el responsable de IU.