Izquierda Unida del País Valencià (EUPV) destapó ayer la existencia de otro contrato suscrito en esa comunidad por el PP con el arquitecto Santiago Calatrava para la redacción de un proyecto que jamás se hizo realidad. Tras desvelar Público que Calatrava cobró de la Generalitat 2,5 millones por diseñar junto a la valenciana Ciudad de las Artes y las Ciencias unos rascacielos que no se construirán, IU puso el dedo en la llaga del municipio alicantino de Torrevieja, que también pagó por una obra fantasma.

EUPV asegura que el Ayuntamiento de Torrevieja, gobernado por el PP, abonó 600.000 euros al arquitecto por redactar en el año 2000 un proyecto de reforma del puerto. Y no sólo tampoco se hará dicha reforma sino que, según esta formación, el consistorio ya se ha decantado por otra opción.

El socialista Luna tilda de "ilegal" la negativa de Camps a mostrar

Tanto en las torres de la Ciudad de las Artes como en Torrevieja, Calatrava recibió el encargo a dedo y sin concurso. Exactamente igual que en 2007 ocurrió en Balears con la fallida Ópera de Palma, caso vinculado al Palma Arena y por el que el expresident conservador Jaume Matas permanece imputado.

El paralelismo con el caso balear marcó ayer las críticas de la oposición valenciana, que arremetió contra la opacidad y el secretismo que rodean los contratos del Gobierno de Francisco Camps con Calatrava.

"La única diferencia con el Palma Arena' es que allí investiga un juez", dice IU

Ángel Luna, portavoz socialista en Les Corts, criticó que, "de forma abiertamente ilegal", el Ejecutivo autonómico se niega a mostrar los expedientes de contratación con el argumento de que son confidenciales. "La ley establece claramente qué puede ser confidencial en un contrato público y, desde luego, la cantidad de dinero público que se destina a un proyecto no puede ser nunca confidencial", aseguró. Jorge Alarte, secretario general de los socialistas valencianos, afirmó que su formación investigará el asunto: "Vamos a llegar hasta el final". La Generalitat se niega a informar de los contratos con Calatrava bajo el sorprendente argumento de que hacerlo vulneraría "los derechos de secreto profesional".

Marga Sanz, coordinadora de EUPV, reclamó a Camps "la máxima transparencia en todos y cada uno de los turbios proyectos encargados por el imputado Camps al arquitecto". No obstante, acto seguido dudó de que su petición pueda ser satisfecha porque "el secretismo y la opacidad se han convertido en una treta clásica del Consell". Así las cosas, Sanz invocó a los tribunales como "el destino más plausible para los que se han dedicado a convertir el País Valencià en un paraíso de la corrupción".

La dirigente de IU afirmó que el modus operandi de Calatrava y el PP en Palma se reproduce en los "fantasmagóricos proyectos" de Camps: "La única diferencia es que en Palma un juez investiga los millonarios pagos al arquitecto, mientras que aquí la Generalitat continúa encargando proyectos cada vez más delirantes".

Por su parte, desde el grupo parlamentario Compromís también se invocó a la Justicia como destino final de las irregularidades detectadas: "Todo apunta a que detrás de este pago hay unos cobros ilegales", afirmó la diputada Mireia Mollà.