Estrasburgo tiene otra tarea pendiente sobre la Monarquía española. Y no menor. En abril de 2009, Joan Tardà, diputado de ERC, recurrió ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) el doble rechazo de la Mesa del Congreso a su petición de que la Casa Real se abriese a la transparencia e hiciese públicas sus finanzas. Los grupos de la izquierda animan la esperanza de que la Corte europea, el último asidero tras el portazo con el que el Tribunal Constitucional castigó al parlamentario republicano, emita un nuevo dictamen contrario al blindaje del rey, en línea con el de la pasada semana.

"Si el TEDH no nos da la razón, sería un mazazo, pero si nos apoya, todos los tabúes se caerían y podríamos debatir de todo sobre la Monarquía, hasta su propia legitimidad", explica Tardà. El diputado ha reducido en esta legislatura sus intentos de control de la Jefatura del Estado, visto que siempre chocan contra el muro de la Mesa. "Hemos hecho gimnasia de mantenimiento –comenta–: no ir a actos de la Corona o la clásica enmienda a los Presupuestos, que busca que la familia real presente su declaración de bienes y patrimonio. Todo para que no se robe a los diputados el derecho a debatir y hacer que no se olvide cuál es el pecado original de la Monarquía: que es heredera del franquismo". Una tara que también rodea su colega de ERC Miquel Bofill. Este senador de la Entesa Catalana de Progrés ya avanza que registrará más preguntas en los próximos días al Gobierno y pedirá la comparecencia del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, para que aclaré qué hará tras la absolución de Otegi por el TEDH.

Pasos "sin vuelta atrás"

En el Senado ha tropezado ya varias veces Iñaki Anasagasti, del PNV: "Las Mesas de las dos Cámaras actúan como chambelanes de corte en lugar de proteger a los parlamentarios. Que lo haga el PSOE, un partido históricamente repúblicano, es un atentado a su historia". Como Tardà, espera que Europa rompa con la "inmunidad e impunidad" del rey.

Gaspar Llamazares (IU) ve el "hilo" que conecta el fallo del TEDH con el siguiente salto: el avance hacia el mayor control a la Corona, "imprescindible". "El precedente no es baladí. Poco a poco, se suman pasos y cada uno ya no tiene vuelta atrás". Y aunque la izquierda minoritaria no vislumbra valentía en los dos grandes partidos, estima que "los grupos acabarán cediendo a lo que los ciudadanos demandan, más transparencia", rubrica el senador Xosé Manuel Pérez Bouza, del BNG.

Bofill o Núria Buenaventura (ICV) no tienen tan claro que la decisión de Estrasburgo lleve aparejada otro segundo fallo en positivo. Tampoco Julio Villarrubia (PSOE). Y juristas como Manuel Cancio, Fanny Castro-Rial o Manuel Núñez Encabo no ven tal conexión. El constitucionalista Benito Aláez sí: "No sería descartable que el TEDH exija conocer los gastos de la Corona. No es que haya un tufo antimonárquico en el tribunal, es que quizá no estamos acostumbrados a que la Monarquía sea compatible con el principio democrático".

Desde la Zarzuela, un portavoz confirma que la Casa Real "quiere proporcionar el presupuesto ejecutado y desglosado de la asignación anual", que en 2011 asciende a 8,43 millones. No se hará lo mismo con el patrimonio o los bienes de la familia. Y se llevará a cabo "dentro de poco, de forma progresiva y sin plazo fijado", aunque la solución idónea, añade, sería que ese ejercicio de destape lo hicieran "todos los órganos constitucionales a la vez". Incluidas las Cortes Generales, el Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Consejo de Estado.

-El escudo sobre el rey se debilita

FRENOS DE LAS CÁMARAS
El rechazo de las Cortes a ganar transparencia

La cinta de los 14.000 euros // El último traspié se lo ha llevado Núria Buenaventura. El jueves tuvo que rehacer su pregunta sobre la cinta de correr de 14.065 euros que Patrimonio Nacional compró al rey, después de que la Mesa juzgara “descortés” su redacción.

Los títulos nobiliarios // En febrero, Anasagasti preguntó al Ejecutivo qué opinaba sobre la concesión por parte del rey de los últimos títulos de marqués. La Mesa lo rechazó una primera vez porque suponía “un control indirecto de un organismo constitucional no sujeto a control parlamentario”. El senador reclamó y la Mesa, el 8 de marzo, se lo volvió a frenar.

De 100 preguntas a Lukoil // En esta legislatura, ERC e ICV han preguntado por la relación de Juan Carlos con Lukoil o el libro sobre la reina escrito por Pilar Urbano (no fueron vetadas). O por las cacerías del monarca. Miquel Bofill pidió que el rey aprendiera las lenguas del Estado, entre un millar de escritos. En 2007, ERC registró 100 cuestiones y una proposición no de ley para controlar el dinero de la Corona.