Los jueces decanos españoles han urgido este miércoles una reforma de la legislación hipotecaria ante el "problema social" que representa el aumento del número de ejecuciones y desahucios provocado por la crisis económica, y que está detrás de la situación de marginación en que han quedado muchas familias.

"No queremos ser meros cobradores del frac", ha dicho de forma muy ilustrativa el juez decano de Bilbao, Alfonso González, durante la comparecencia de una representación de los jueces para explicar las conclusiones a las que han llegado después de tres días reunidos en Barcelona con motivo de las XXII Jornadas de Jueces Decanos de España. González ha lamentado que el aumento "exponencial" de la litigiosidad provocada por los procesos de ejecución hipotecaria --en su práctica totalidad instados por los bancos-- "supone un "drama" ante el que los jueces no son insensibles, aunque no esté en sus manos "reinventarse normas jurídicas" para combatirlo.

En el mismo sentido, los cerca de 50 jueces decanos reunidos en Barcelona han dado "un apoyo incondicional" al informe del grupo de trabajo designado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que critica duramente el sistema de desahucios y propone diversas alternativas para modificar el procedimiento hipotecario.

También ha lamentado que el mismo CGPJ no haya asumido como propias las conclusiones del informe que el propio Consejo encargó, aunque este lunes su vicepresidente, Fernando de Rosa, en la inauguración de las jornadas, sí dio un paso al apostar por una reforma de la ley hipotecaria ante sus numerosas "disfunciones".

Para los jueces, ese documento "recogía reivindicaciones que reclaman los ciudadanos, y habría sido una buena ocasión para que (el Consejo del Poder Judicial) mostrase su sensibilidad". Pese a todo, se han congratulado de que el informe, aunque no se aprobó, haya tenido una gran repercusión social contribuyendo a abrir un debate sobre esta problemática.

El juez decano de Valencia, Pere Viguer, uno de los autores del informe rechazado por el CGPJ, que cree que con la ley hipotecaria actual "el margen de maniobra del juez y del deudor es prácticamente nulo", lo que impide la concesión de moratorias o aplazamientos en los desahucios. Viguer ha considerado "extraordinariamente positiva" la reunión de este miércoles entre PP y PSOE para tratar de la posibilidad de establecer moratorias a los desahucios y ha celebrado el "vertiginoso" cambio producido en España en apenas diez días respecto a ese debate.

Los jueces optan por una profunda reforma que vaya más allá del 'Código de Buenas Prácticas' --aprobado en marzo por el Gobierno Rajoy-- que "ha resultado escasamente útil" ya que solamente una pequeña parte de la población --en pobreza absoluta-- pueden beneficiarse de ellas y sobre todo porque el sometimiento a él por parte de las entidades bancarias es voluntario.

Por eso, han planteado en sus conclusiones una serie de medidas a estudiar en la línea del informe encargado por el CGPJ como la elevación del porcentaje por el que los bancos se adjudican los inmuebles tras la subasta --ahora del 60% de su tasación-- y la supresión del procedimiento especial de ejecución hipotecaria como privilegio de los grandes acreedores.

También apuestan por que las viviendas sean tasadas por profesionales independientes a los bancos, la posibilidad de que el juez amplíe plazos para pagar las deudas y posibilidad de tener en cuenta las circunstancias personales de los deudores como su situación familiar y laboral.

Además piden la aplicación de la dación en pago en ciertos casos, la autorización para que el deudor continúe en la vivienda pagando un alquiler y la supresión del proceso especial de ejecución extrajudicial ante notario "de dudosa constitucionalidad".

Los jueces decanos reclaman poder "aplicar un derecho distinto" en los desahucios

 Los bancos informarán de los procesos de desahucio

El secretario general del Banco de España, Javier Priego Pérez, que hoy ha comparecido a puerta cerrada en el Congreso de los Diputados, se ha comprometido a solicitar información detallada a la banca sobre los desahucios, y después a trasladarla tanto al Gobierno como al Parlamento. Así lo ha explicado el diputado del PP Vicente Martínez-Pujalte en declaraciones a los medios de comunicación después de que Priego Pérez compareciera en la Subcomisión sobre la transparencia en la información de los productos financieros e hipotecarios de las entidades de crédito del Congreso.

Según ha explicado Martínez-Pujalte, durante la comparecencia, el Grupo Popular ha solicitado al secretario general del Banco de España información detallada sobre qué tipo de ejecuciones hipotecarias se están llevando a cabo, y de ellas, cuáles corresponden a viviendas o a locales de negocios. En el caso de los desahucios de viviendas, el Grupo Popular ha solicitado información sobre aquellas que son de primera y única vivienda de los clientes. En este sentido, y según el diputado popular, el secretario general del Banco de España "se ha comprometido" a solicitar dicha información a las entidades financieras y a suministrarla después tanto al Gobierno como al Parlamento.

Asimismo, el Gobierno se ha dirigido a las patronales de los bancos y las cajas, la AEB y la CECA, respectivamente, para solicitar datos precisos sobre los desahucios que se producen en España, según indicaron a Efe fuentes del sector financiero y del Ejecutivo.

Para el PP, ha dicho Martínez-Pujalte, esto "es un asunto muy importante" en el que hay que trabajar para poder dar así "una solución a aquellas personas que están en peligro de perder su casa".
"Hay que determinar quienes son y que solución se les ofrece", ha señalado Martínez-Pujalte, que ha considerado que para alcanzar una solución, "lo primero es la transparencia y saber con exactitud, la dimensión del problema".

Y es que según ha matizado, el Código de Buenas practicas aprobado por el Gobierno sólo recoge la información relativa a los clientes que se han acogido a él y "no toda la realidad".
Al respecto, el diputado de Izquierda Plural Joan Coscubiela, que ha mostrado su deseo de que el interés del PP por buscar soluciones "vaya en serio y no sea solo un mecanismo para lavarse la conciencia".
Según ha dicho el diputado, Javier Priego Pérez ha explicado que el Banco de España solo ha registrado dos reclamaciones contra el Código de Buenas prácticas.

"No está funcionado", ha denunciado Coscubiela, quien también ha asegurado que el secretario general del Banco de España ha dicho que el organismo está estudiando una sugerencia del Defensor del Pueblo relativa a que se promuevan actuaciones eficaces para que los clientes financieros tengan, antes de formalizar un contrato, conocimiento pleno del producto que van a suscribir y del riesgo.