El Grupo de En Marea en el Parlamento de Galicia ha presentado una iniciativa para elevar al Congreso de los Diputados una propuesta de modificación de la ley de la Memoria Histórica que permita al Estado hacerse con la propiedad del Pazo de Meirás, ubicado en la localidad coruñesa de Sada, sin pagar ni un euro en concepto de expropiación a la familia Franco.

La propuesta, firmada por los catorce diputados de En Marea (el PP tiene 41, el PSOE otros catorce y el BNG, seis), tiene un único artículo, que se añadiría como disposición adicional novena a la ley de la memoria histórica con el siguiente texto:

“1. En la consideración de la ilicitud de origen que dio lugar a la detentación por la familia del dictador Francisco Franco del Pazo y fincas de Meirás, las Administraciones públicas competentes procederán, en el plazo máximo de seis meses, a la incoación de las actuaciones necesarias para su devolución al sector pública, con la debida compensación a las personas y familias víctimas del expolio.

2. A los efectos de lo señalado en el apartado anterior, se constituirá una comisión, compuesta por representantes del Estado, la Xunta de Galicia, la Diputación Provincial [de A Coruña] y el Ayuntamiento de Sada para la tramitación coordinada e interadministrativa de la presente disposición adicional.

3. Una vez extinguida la titularidad detentada por la familia del dictador, la propiedad será transmitida a un ente público consorcial de las administraciones públicas para su puesta en valor como sistema dotacional público e de espacios libres, con especial destino a la recuperación da memoria histórica”. 

En Marea presentó su iniciativa pocos días después de que Público acompañara al alcalde de Sada, Benito Portela, de Sadamaioría, la marca de la Marea Atlántica en Sada, en una visita por las instalaciones del Pazo.

Se trata de la primera propuesta de modificación de la Ley 52/2007, de 26 de deciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. Abreviado, la ley de la Memoria Histórica.

Según explicó Antón Sánchez, viceportavoz de En Marea en el Parlamento de Galicia y cabeza de lista por A Coruña, su formación tiene la “firme voluntad” de recuperar para uso público una propiedad que la familia Franco detenta gracias “al expolio, las amenazas y la coacción a la gente del común, a los vecinos de Meirás”.

Benito Portela, que presentó la iniciativa acompañando a Sánchez en la explanada aledaña a la entrada principal del Pazo, recordó el carácter simbólico e histórico del lugar. “Una historia, nuestra historia, teñida de sangre”. El regidor recordó que las víctimas del franquismo lo fueron “por asesinato, por tener que exiliarse o porque fueron expoliadas, un expolio que las condenó al hambre y a la emigración”.

Portela también explicó que la modificación de la ley de la Memoria Histórica permitirá al Ayuntamiento de Sada tener el soporte legal necesario para presentar a la Xunta un Plan General de Ordenación Urbana que contemple la posibilidad de convertir el Pazo y los jardines, terrenos y otras construcciones aledañas, en espacios para uso y disfrute públicos.

De no ser así, la única posibilidad que tendría el Ayuntamiento para hacerse con las propiedades de la familia Franco sería mediante el abono del correspondiente justiprecio por expropiación.

La propuesta obligará a posicionarse al PP de Alberto Núñez Feijóo, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara autonómica. El presidente de la Xunta se presenta como un moderado de centro derecha que no comulga con sus compañeros de partido que se muestran más tibios con la dictadura o que incluso se niegan a condenarla. De hecho, llegó a calificar de “chiste” de mal gusto unas declaraciones de un alcalde popular gallego que se declaró franquista confeso.

Las Torres de Meirás (ese era su nombre original) fueron construidas entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX por la condesa Emilia Pardo Bazán, una de las referencias más importantes de la intelectualidad y la aristocracia ilustrada de la Galicia de la época.

En 1938, antes de que terminara la Guerra Civil, Franco inició los trámites para hacerse con el castillo, mediante una falsa operación de compra que incluyó coacciones a los vecinos, expropiación sin pago de sus tierras y hasta una simulada cuestación que obligó a miles de funcionarios y trabajadores de empresas públicas a ver reducidas sus nóminas para sufragar los costes de rehabilitación del inmueble.

Finalmente, se camufló el expolio entregando el Pazo al tirano como “regalo de los coruñeses” al caudillo del fascismo en España.En el año 2007, con el PSOE y el BNG en el Gobierno de la Xunta, se declaró el Pazo como Bien de Interés Cultural, y se obligó a los Franco a abrir algunas dependencias a las visitas del público a partir del 2011. La familia, sin embargo, ha incumplido reiteradamente el régimen de visitas que está obligada legalmente a respetar.