El País Valencià pasó de ser la autonomía con más incidencia de la covid de toda España, a ser la que menos, en solo pocas semanas. Por eso, hace diez días empezaban a levantarse algunas de las restricciones más severas, como el cierre del interior de los bares –que ya pueden abrir en un tercio de su capacidad-, gimnasios o ludotecas, entre otros. Hay, pero, una excepción. Los bingos, salas de apuestas y casinos se mantienen cerrados a cal y canto. 

El Consejo General del Juego (Cejuego), que agrupa las empresas del sector, se ha puesto en pie de guerra por el que consideran una discriminación y ha tirado una ofensiva para conseguir una rápida reapertura. Primero intentaron la vía judicial, con poco éxito. El pasado lunes el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) desestimaba parcialmente su demanda, al considerar que el riesgo de rebrote justificaba el mantenimiento de la clausura. Las últimas cifras de la semana, con una ligera tendencia al alza en infecciones, parecen dar la razón al tribunal. El TSJCV sí que eliminaba algunas medidas, como la prohibición de utilizar las máquinas tragaperras de los bares –así como otras instalaciones compartidas, como futbolines o billares- tal como reclamaba la plataforma SOS Hostelería. 

Ahora Cejuego ha intentado la presión pública, con la emisión de una nota de prensa donde se remarca "que se están poniendo en riesgo 133 empresas valencianas (...) con cerca de 7.000 puestos de trabajo directos que subirían a 30.000 de manera indirecta". En el mismo comunicado aseguran que cuentan con medidas de "control y limitación de los aforos, personal para garantizar las distancias de seguridad y sistemas de ventilación para renovar el aire de los locales de manera constante". También recuerdan que Catalunya y Balears, con incidencias de contagio más altas, han decidido abrir estos locales. Finalmente, Cejuego "exige conocer los criterios que han llevado al ejecutivo valenciano a seguir con el cierre de los establecimientos" y han pedido una reunión con Ximo Puig y la consellera de Sanidad, Ana Barceló. 

Fuentes sanitarias alertan que hay que tener en cuenta las medidas de ventilación y la distribución de las máquinas en estos locales. "La captación de clientes de este tipo de locales requiere precisamente de espacios cerrados y opacos", reflexiona otra voz, conocedora del sector. Además, Sanidad también habría tenido en cuenta la posibilidad que se junte gente alrededor de una sola máquina, así como el riesgo que suponen otras actividades, como los juegos de mesa. Un temor en sintonía con el intento de prohibir el uso de tragaperras, futbolines o billares en bares, ahora levantada por orden judicial. De hecho, en las recomendaciones para evitar infecciones en casinos y salas de juego publicadas por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los EE. UU., considera especialmente arriesgado los juegos de mesa como dados, cartas o ruletas. 

Aprovechar la oportunidad 

Pero no todo el mundo ve mal el cierre de las salas de juego. En declaraciones en Público, Mariano Chóliz, catedrático de Psicología de la Universitat de València y director de la Unidad de Investigación: Juego y adicciones tecnológicas, pide que se aproveche la medida "por parte de los psicólogos que se dedican a la terapia de la adicción al juego para aplicar técnicas terapéuticas que ayuden a superarlo a quienes padecen este trastorno", así como para hacer una tarea de prevención y "ofrecer actividades de ocio alternativas a las del juego de apuestas, que es un problema de salud pública". En este sentido, este experto considera que, al margen de la lucha contra la Covid, es un error la reapertura de las máquinas tragaperras de los bares, puesto que "son una de las principales causas de la adicción al juego en España desde que se legalizaron el 1981" y, a parecer suyo, "este es el argumento que se tiene que esgrimir para quitarlas de los bares y obligar que haya una identificación cuando se juega con ellas, como la presentación del DNI electrónico". 

En una línea similar, el diputado de Podem, Ferran Martínez, recuerda que en la primera orden de cierre de la hostelería, las salas de juego quedaron al margen, produciéndose "un riesgo de desplazamiento", de clientes de los bares, que aprovecharon el mantenimiento de las casas de apuestas. Martínez fue uno de los impulsores de la Ley de Juego y Prevención de la Ludopatía, aprobada en mayo con la oposición frontal del sector y los partidos de derechas  y considerada una de las más restrictivas de España. La norma no empezará a ofrecer resultados palpables hasta dentro de cuatro o cinco años, cuando empiecen a caducar las actuales licencias de explotación y la renovación obligue a cumplir las nuevas medidas, como las distancias mínimas de un centro escolar o entre diferentes salas de juego. 

Martínez también reconoce que se pueden seguir aprobando medidas para limitar la facilidad que hay ahora para acceder a los juegos de azar. La última ha estado eliminar la obligación de mantener las máquinas tragaperras abiertas un mínimo de cuatro años para acceder a las ayudas específicas aprobadas durante el confinamiento del año pasado. "Esto tiene que facilitar que aquellos bares que quieran quitarse las máquinas o puedan hacer", apunta el diputado.