Melgar vivirá de las ONG a la espera de una compensación

El salón de la casa de Franns Rilles Melgar era este martes un hervidero de periodistas. El inmigrante boliviano, mutilado tras un accidente de trabajo cuando trabajaba sin papeles en una panificadora, salió del hospital y todos los medios querían reflejar su primer día de baja médica. Franns aguantó estoico los flashes porque su historia ha impactado en la opinión pública y él se ha acostumbrado a la popularidad.

Mientras, a pocos metros de él, en la mesa de la cocina, su hermana Silvia desgranaba la parte menos glamurosa de la vuelta a la realidad de su hermano. Ella no tiene permiso de residencia y ha tenido que dejar su empleo como cuidadora de ancianos para cuidar de Melgar. Su marido perdió el empleo en la construcción. "Así que hemos pedido ayuda a la Cruz Roja y a los servicios sociales de Gandía, y en Cáritas me van a buscar un trabajo", cuenta Silvia. Es un brusco aterrizaje tras 17 días en la habitación de una clínica.

"Ahorros, pocos", confiesa más tarde Melgar. Lo que sí tiene es confianza en la justicia española y en el sindicato CCOO, que ha asumido gratuitamente su defensa. De momento, le toca esperar, porque el proceso que derivará previsiblemente en una indemnización y una pensión de invalidez que acaba de comenzar. El juzgado debe averiguar si los dueños de la empresa cometieron un delito contra la seguridad de los trabajadores o, incluso, faltaron al deber de socorro por haber abandonado presuntamente al empleado a varios metros del hospital. Un extremo que los patrones niegan.

Después, el juez determinará la cuantía de la indemnización. Si Melgar hubiera estado dado de alta, ya estaría cobrando una prestación provisional. Pero los papeles han llegado tarde y eso también está por tramitar.

No obstante, Silvia, de 28 años, se confiesa "alentadita" por la lenta recuperación de su hermano y los últimos avances del caso. Tras el impacto de la noticia, el Gobierno decidió regularizar al inmigrante atendiendo a razones humanitarias. Ahora, Silvia espera que la generosidad gubernamental le alcance a ella y a su marido. "Así podremos buscar trabajo", razona.

Durante los más de 24 meses que lleva en España, la mujer ha intentado legalizar su situación, pero la Ley de Extranjería impone un mínimo de tres años de residencia ilegal para comenzar a tramitar los papeles. Así que Silvia está abocada a trabajar en negro. "Lo vergonzoso es que el 24% del PIB sea economía sumergida", lamenta Ventura Montalbán (CCOO).