Unai tenía muy claro que la “mili” no iba con él. Al igual que otros miles de jóvenes, aquel chico de La Txantrea –uno de los barrios más populares de Pamplona- decidió que no se presentaría al llamado para hacer el Servicio Militar Obligatorio. Tampoco haría la prestación social sustitutoria. Ni una cosa ni otra. Su vía era la insumisión. Siguiendo el guion marcado por el Estado, los tribunales ordenaron su ingreso en la prisión de la capital navarra. Coincidiendo con un permiso carcelario, Unai se arrojó al vacío desde un tercer piso. Tenía 22 años.

Actualmente, el colectivo Txantrea Memoria impulsa una recogida de firmas para pedir que una plaza del barrio lleve su nombre y apellido. Unai Salanueva. El insumiso. El que decidió suicidarse antes de volver a entrar a la cárcel. “Nos gustaría que el recuerdo de nuestro comprometido y luchador vecino estuviera siempre presente para que ni nosotros y nosotras ni futuras generaciones olvidemos lo que supuso su lucha”, explicaron desde esa organización.

Para sus familiares y amigos, Unai fue una víctima de la “política represora que el Estado aplicó ante su plante e insumisión al servicio militar”. Para el ministerio de Defensa, sólo fue un número más. Ese mismo año, otros nueve jóvenes que habían sido obligados a realizar el servicio militar decidieron acabar con su vida.

De acuerdo a distintos informes, entre el 1 de enero de 1983 –fecha desde la que existen datos- y el 31 de diciembre de 2001 –día en el que se hizo efectiva la derogación de la “mili”- se produjeron 303 suicidios.

El peor año fue 1994, con 27 muertos. No menos alarmante es el número de tentativas: a lo largo de esos años hubo 613 casos de “quintos” que quisieron matarse pero no lo consiguieron.

En 2009, los profesores de psicología Fernando Miralles Muñoz y Antonio Cano Vindel publicaron un informe sobre “los suicidios en soldados de las Fuerzas Armadas de España en la última década del Servicio Militar Obligatorio (1991-2001)”.

“A la hora de analizar los suicidios que se producen durante el tiempo de servicio en filas, los portavoces del Ministerio de Defensa suelen referirse a la existencia de jóvenes con cuadros psicopatológicos que, pese a todo, han ingresado en el Ejército. Una de las causas frecuentes de suicidio son las psicosis maníaco–depresivas, o las simples neurosis en procesos agudos”, concluyeron.

Sin responsabilidad

Más allá de esas valoraciones, lo cierto es que Estado jamás asumió –ni los tribunales le hicieron asumir- ningún tipo de responsabilidad en esas muertes. Marc-Roger Lloveras i Ferrer, profesor asociado del Departamento de Derecho en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, tuvo acceso a dos sentencias del Tribunal Supremo emitidas en 1997 y 1998, referidas a sendos casos de suicidio por parte de reclutas. La conclusión del experto es bastante clara: “El TS considera que en ninguno de los dos existe responsabilidad de la administración”.

Uno de esos casos tuvo como protagonista Julio L.A., un chico de 19 años que se había incorporado a filas del el 28 de noviembre de 1989. Una semana después, “solicitó hablar con un mando porque, según él, había sido sometido a todo tipo de bromas y vejaciones”.

Según consta en este documento, “esa misma mañana habló con el capitán de la compañía, a quien explicó que se sentía amenazado de muerte, que tenía miedo porque creía que un primo suyo había muerto en un atentado, que prefería que le disparasen un tiro en un cuartel a recibir un navajazo fuera y que estaba poseído porque había hecho tres estrellas de David para un cliente de la joyería de su padre”.

El informe señala que Julio fue enviado al Servicio de Psiquiatría del Hospital Militar de Burgos, donde fue ingresado en el botiquín de la base. Algunas horas después fue llevado a una habitación en la que se encontraba otro recluta. Sin embargo, a las 18.55 del 5 de diciembre se quedó solo. Una hora después, su compañero de habitación lo encontró “colgado de la llave de paso de la cisterna de los servicios de la habitación”.

La madre del joven presentó una demanda contra la Administración General del Estado, dado que entendía que “el resultado dañoso se podía haber previsto”. Entre otros aspectos, la mujer denunciaba que no se habían “adoptado las medidas de precaución exigibles” para impedir que su hijo se suicidara. “La recurrente –señalaba la sentencia- entiende que el enfermo fue abandonado a su suerte sin que se adoptara ningún tipo de decisión ni ninguna medida de control, sobre una situación grave, que hubiera evitado la muerte”.

A pesar de esos argumentos, el TS consideró que “la actuación del personal médico militar fue correcta”, e incluso calificó como “infrecuente” que un “trastorno esquizofrénico conduzca al suicidio”.

Sin embargo, Lloveras i Ferrer advertía en su estudio que “de acuerdo con los hechos probados, parece claro que Julio estuvo solo en su habitación al menos entre unos minutos después de las 18.00 y unos minutos antes de las 19.00, cuando fue encontrado por su compañero de habitación”.

El experto también resaltaba otro asunto clave a la hora de dilucidar responsabilidades: “el soldado médico se encontraba en el edificio, pero en otra dependencia”.

En ese contexto, Miralles y Cano llegaron a otra conclusión: según señalan en su informe, “el suicidio en sí, o los intentos de suicidio, aparecen como una de las primeras causas de visita a las consultas de psiquiatría de los distintos centros militares”.

Muchos jóvenes llevaron esa decisión hasta las últimas consecuencias. Nadie hizo nada para evitarlo.