Una semana después de que el campamento Gdaim Izik quedara arrasado por las fuerzas policiales de Marruecos, organizaciones en defensa de los derechos humanos apuntan hacia la responsabilidad penal que tiene que afrontar ahora el Estado norteafricano. 

Momentos antes de que se produjera la reunión entre Rubalcaba y el ministro del Interior marroquí, la Liga Española pro Derechos Humanos ha presentado una querella contra el Gobierno de Marruecos ante la Audiencia Nacional para que se investigue el asesinato a manos de las fuerzas de seguridad marroquíes de Babi Hamadi Buyema, ciudadano español residente en El Aaiún.

En la denuncia, solicitan a la Audiencia Nacional que llame a declarar en calidad de testigo a la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, para que declare sobre los acontecimientos y sobre el conocimiento que tuvo de los mismos, así como de las medidas que se van a tomar al respecto por parte del Gobierno español. 

Los denunciantes piden la presencia de Trinidad Jiménez para declarar como testigo

La querella, presentada ante del decanato de la Audiencia Nacional, aún tardará 15 días en su reparto a las instancias competentes, momento tras el cual las autoridades judiciales podrán llamar a declarar a los ministros marroquíes de Exteriores, Taib Fasi Fihri, Interior, Taieb Cherkaui, y Defensa, Abderrahmane Sbaï, así como al gobernador de El Aaiún, Mohamed Guelmouss. Contra ellos se dirigen las acusaciones de delitos de lesa humanidad, genocidio, asesinato, lesiones, torturas, y secuestros.

El presidente la Liga Española Pro Derechos Humanos, Francisco José Alonso,  se ha mostrado optimista y confía en la justicia española, "que tantas veces ha abierto diligencias contra delitos de lesa humanidad". "No vamos a echar de menos a Garzón, que ya hubiera abierto diligencias, pero los otros jueces son igual que él", ha sostenido Alonso a su salida de la Audiencia Nacional.

Asimismo ha querido dejar claro que las acusaciones no revisten confrontación con el pueblo marroquí, ni contra la nación, sino contra el reinado de Mohamed VI, y la responsabilidad que tiene en la muerte del ciudadano saharaui con DNI español, Babi Hamadi Buyema, quien, según se hace constar en la denuncia: "(...) iba de camino a su trabajo en un autobús que fue interceptado por un control de policía y al comprobar que era saharaui, la policía misma lo sacó a la fuerza y en la calzada de la calle un furgón policial le atropelló y pasó varias veces por encima, dejándolo malherido hasta que, por falta de auxilio médico, falleció". 

En 2007 la Coordinadora Estatal de Asociaciones de Amistad y Solidaridad con el pueblo saharaui (CEAS-Sáhara) interpuso una querella contra el Gobierno de Marruecos por "el genocidio" cometido en los territorios ocupados en el Sáhara Occidental desde la Marcha Verde.

Los denunciantes acusan a los ministros marroquíes de Interior, de Exteriores, Defensa y al gobernador de El Aaiún

La denuncia fue admitida a trámite "pero actualmente se encuentra parada", indica José Díaz Satorre, miembro de la Coordinadora. 

Díaz recuerda las obligaciones internacionales que sobre el asunto del Sáhara Occidental no está asumiendo el Estado español: "La potestad administrativa la sigue ostentando España ya que el acuerdo por el cual trató de traspasársela a Marruecos es ilegal y se hizo en contra del derecho internacional", un derecho que obliga a los Estados por encima del ordenamiento jurídico interno de cada uno de ellos, tal y como establece la jurisprudencia. 

"El genocidio que se está cometiendo contra la población saharaui debe ser condenado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero", denuncia el activista, a quien le parece "lamentable" que un Ejecutivo socialista "esté anteponiendo los intereses económicos a la protección de los derechos humanos". 

Francisco Alonso, presidente de la Liga Española pro Derechos Humanos, asegura que la querella presentada hoy ante la Audiencia Nacional "puede ir ampliándose a medida que se identifiquen más víctimas españolas", y de este modo tratar de dar salida a la denuncia que presentó en 2007 CEAS- Sáhara o, al menos, "que estas denuncias se vayan cumpliendo en la medida de lo posible".

Para ello, cuentan con "diez testigos reales" que presenciaron los hechos (tres españoles y siete saharauis) y han solicitado que les llamen a declarar como "testigos protegidos".

Asimismo, Alonso puntualiza que la justicia española puede actuar en primera instancia si hay víctimas españolas entre los crímenes cometidos y con posterioridad, "se puede ir ampliando al resto de víctimas siempre que Marruecos no investigue sus delitos", concluye. Algo que no parece que vaya a suceder a la vista de la falta de reconocimiento de los hechos por parte de Marruecos, de España y de la ONU. 

La querella interpuesta hoy contabiliza un centenar de muertos sin identificar, 600 desaparecidos, más de 4.500 heridos y 2.000 detenidos. 

Una veintena de jóvenes españoles pro-saharauis está protestando ante la sede del Ministerio del Interior por la situación en El Aaiún durante el encuentro que desde las 12.30 horas mantienen el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba y el titular marroquí de Interior, Taib Charkaui.

Los jóvenes, que se han situado en un lateral del paseo de la Castellana, frente a la sede ministerial, y a los que la Policía trata de desplazar hasta la cercana Plaza de Colón, llevan banderas saharauis y corean gritos como "Marruecos asesina, España patrocina", "Otra vez están matando niños", "Zapatero fascista, Mohamed terrorista" o "No es una vergüenza, es un genocidio".

Otros nueve jóvenes se han situado en la Plaza de Colón, con la boca tapada con cinta adhesiva y una pancarta que dice "Sahara se tiñe de sangre y nadie dice nada", para reclamar el acceso de la prensa a El Aaiún y el ejercicio del derecho a la información.