Acudir a la financiación privada para la construcción y gestión del nuevo hospital de Vigo le puede costar muy caro a los gallegos. La Xunta de Alberto Núñez Feijóo (PP) esgrime en su descargo que el recurso a la colaboración públicoprivada constituye "la única salida en tiempos de contención del gasto", si se quieren acometer ahora las obras. El Gobierno autonómico olvida precisar que esta fórmula trae aparejado un sobrecoste de mil millones y que multiplica por cuatro el importe que tendrían los trabajos si se realizaran con fondos públicos, según los datos de la plataforma SOS Sanidade Pública.

Este colectivo estima que con la privatización del complejo hospitalario "se vulneran varios principios constitucionales", por lo que ha recurrido la decisión por la vía contenciosoadministrativa. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha decidido admitir a trámite dicho recurso. Manuel Martín, portavoz de la plataforma, explica que el hospital ha pasado de estar presupuestado en 408 millones, a suponer un coste de 1.794 millones. La gestión y explotación de todos los servicios sanitarios no clínicos queda, además, "en manos de empresas constructoras y de cajas de ahorros en crisis", añade.

La plataforma también entiende que no existe justificación ninguna, "por razones técnicas, administrativas, jurídicas o económicas", que avale la concesión de obra pública a través de la llamada financiación por iniciativa privada. "Es más aclara Martín meses antes de la llegada del PP a la Xunta existía una consignación presupuestaria y un plan económico del Gobierno" que lo hacía viable, pero que pese a todo fue sustituido por el actual modelo de financiación y gestión privada. Al mismo ritmo que se incrementaba el gasto consignado, bajó el número de camas proyectadas: "El nuevo hospital va a contar con 900 camas y no con 1.450 como dice la conselleira de Sanidade".

La fórmula de financiación públicoprivada es una medida recurrente para los conservadores aunque supondrá una rémora para las arcas públicas que llevará décadas saldar. Con este mecanismo también se construyen en Galicia edificios y carreteras, una forma de proceder contra la que ha advertido en varias ocasiones el Consello de Contas.

Manuel Martín explica con datos el motivo: "Durante 20 años [tras la recepción del hospital de Vigo], unos 90 millones anuales irán destinados al pago de la concesión". El montante se dispararía hasta cotas de vértigo si el modelo se extiende al hospital de Pontevedra y a la construcción de los 19 centros de salud previstos. El gasto comprometería un pellizco de hasta el 15% de los presupuestos anuales de la Consellería de Sanidade.