La Iglesia mantendrá sus privilegios a pesar de la situación económica, dado que el Gobierno no revisará los beneficios fiscales de los que goza la institución a pesar del ajuste del resto de cuentas públicas. PP, CiU y UPyD han evitado esta tarde aprobar una proposición no de ley del grupo de la Izquierda Plural -que aglutina a IU, ICV, EUiA y Cha- instando al Ejecutivo a que modifique esa situación especial de la que goza la mencionada confesión religiosa.

La propuesta, que finalmente fue consensuada por el grupo proponente y por PSOE, ERC y Amaiur, contemplaba la fijación de un calendario "con un plazo de adaptación" para la "completa" autofinanciación de la Iglesia. En la práctica esto significaría la "homologación" de la institución católica en lo que respecta a las exenciones de las que disfruta en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la revisión de la asignación tributaria a través de la casilla de la declaración de la renta y el recorte en un 20% de la partida a la Iglesia en el IRPF en los Presupuestos del Estado.

Juan Josep Nuet, diputado de EUiA -marca catalana de IU- ha defendido que el debate que ha tenido lugar en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, se haya celebrado "en un momento de crisis", y ha recalcado la necesidad de que en este contexto, la Iglesia, "una de las grandes propietarias de inmuebles" en España, haga sus propios esfuerzos.

Aunque con diversas matizaciones para destacar el carácter "social" de muchas de las acciones de la Iglesia, la iniciativa Nuet ha contado con el respaldo de los portavoces de PSOE, Amaiur y ERC en la mencionada comisión, José Ignacio Sánchez Amor, Rafa Larreina y Alfred Bosch respectivamente. Los socialistas, que no modificaron el modelo de financiación actual mientras gobernaban, sí introdujeron en su 38 Congreso, que se celebró en febrero, la posibilidad de revisar los acuerdos del Estado con el Vaticano.

En cambio, los representantes de PP, CiU y UPyD han anunciado que no apoyarán la iniciativa. El conservador Eugenio Nasarre ha querido dejar claro que su partido asume el modelo religioso vigente que, ha dicho, es "fruto del pacto constitucional" de 1978, y que el Tribunal Constitucional ha tildado de esquema de "laicidad positiva". No hay, en su opinión, nada que justifique la revisión de los acuerdos con la Iglesia católica ya que en la última campaña de la declaración de la renta, según él marcaron la casilla de la institución nueve millones de españoles.

Jordi Jané, de CiU, ha insistido en unas palabras pronunciadas por el portavoz de su grupo, Josep Antoni Duran i Lleida, en 2005, cuando dijo que su partido no se niega a un "planteamiento global" acerca de cómo se financia la Iglesia. Pero también ha recalcado que CiU está en contra de que debates como el que se ha producido esta tarde "estigmaticen" a la institución "sin reconocer su labor".

Al hilo de esta reflexión, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha considerado que modificar el sistema de financiación de la Iglesia tendría "efectos perversos" al dejar "en peor posición" a la institución católica respecto a otras confesiones religiosas. Sobre las aportaciones que percibe a través del IRPF, Díez ha indicado que, de modificar ese esquema, se tendría que cambiar "todo el sistema" de tributación.