El PP quiere que el Congreso constituya una comisión parlamentaria de investigación con el propósito de averiguar el alcance de las relaciones personales entre el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y el juez Baltasar Garzón, por cuanto pueden vulnerar el principio de separación de poderes.

 
La portavoz del grupo popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado en rueda de prensa la iniciativa, con la cual el PP quiere salir al paso de lo que considera 'grave confusión' generada por las actividades privadas del titular de Justicia, en concreto su afición a la caza, compartida con el magistrado de la Audiencia Nacional.

Opina la dirigente del Partido Popular que al haber compartido jornadas de caza con Baltasar Garzón, instructor de la operación 'Gürtel' contra una trama empresarial de corrupción en la que están presuntamente implicados cargos del PP, Bermejo puede haber vulnerado principios éticos y el Código del Buen Gobierno.

Además, ha hecho hincapié en que el propio ministro ha reconocido haber participado en una montería junto a Garzón en una finca de Andalucía, comunidad para la que no dispone de licencia de caza, lo cual le hace responsable de una infracción castigada con multa.

Alteración de la 'calidad democrática'

También ha recordado el uso por su parte de la finca estatal de Quintos de Mora (Toledo) para la práctica de la caza, y la posibilidad de que la aceptación de alguna invitación a monterías suponga un 'regalo' no permitido por el Código de Buen Gobierno.

Todas estas 'circunstancias', ha dicho Sáenz de Santamaría, suponen una alteración de la 'calidad democrática' en España e impulsan al grupo popular a reclamar la apertura urgente de una comisión parlamentaria de investigación para esclarecer el 'comportamiento', según sus palabras, de Mariano Fernández Bermejo.

Como el PP considera que todas las fuerzas políticas coinciden en la necesidad de respetar esa 'calidad democrática' y los principios fundamentales del Estado de Derecho, como la ley, la justicia y la libertad, su portavoz vaticina que la petición será 'bien acogida' por los demás grupos parlamentarios.

Según el Reglamento del Congreso, pueden proponer la creación de una comisión de investigación sobre 'cualquier asunto de interés público' el Gobierno, la Mesa de la Cámara, dos grupos parlamentarios o un mínimo de cincuenta diputados. A este último supuesto se acoge el PP para requerir su constitución al pleno, que será el que vote la petición, una vez calificada por la Mesa del Congreso.

El grupo popular quiere que el debate se celebre cuanto antes, sin que esta nueva comisión suponga que renuncia a la otra cuya apertura ha reclamado en esta legislatura, sobre las operaciones relativas a un supuesto intento de compra de Repsol por parte de la petrolera rusa Lukoil, aún pendiente de discusión plenaria.