Uno de los argumentos que está utilizando el Partido Popular para desacreditar la propuesta de Iniciativa per Catalunya Verds se basa en la imposibilidad legal de que la Cámara baja actúe contra un jefe de Estado. Jorge Fernández Díaz (PP), vicepresidente tercero del Congreso, declaró a la Cope la semana pasada que el texto de la resolución promovida por ICV pretende “limitar la libertad de expresión del jefe de Estado del Vaticano”.

El PP, sin embargo, pasó por alto ese argumento cuando lo que estaba en juego era la condena de Fidel Castro, el jefe del Estado de Cuba. El 29 de abril de 2003 logró incluso que el Senado diese su aprobación a una moción que instaba a la Mesa de la Cámara alta a considerar “la oportunidad de retirar [a Castro] la Medalla de Oro” que el mismo Senado concedió en 1987 al líder cubano, si éste no procedía a liberar a todos los presos de conciencia. Convergència y Coalición Canaria votaron a favor de la propuesta del PP. PSOE, Entesa, PNV y el Grupo Mixto optaron por la abstención.

La moción que instaba a la retirada de la medalla al jefe del Estado de Cuba fue promovida para responder a la “ola de represión” a la que estaba siendo sometida la oposición democrática. El texto daba cuenta de las detenciones, los juicios sumarios “y las severísimas condenas dictadas sin las más mínimas garantías”. Exigía la liberación de todos los presos de conciencia en la isla e instaba al Gobierno, entonces presidido por José María Aznar, a impulsar acciones bilaterales y en el ámbito de la Unión Europea “para que en Cuba se respeten los derechos humanos y las libertades civiles”.