El PSOE pide la comisión de investigación sobre Bankia

El PSOE ha acabado hartándose. Vista la estrategia de despiste orquestada por el Gobierno, decidió llevar esta tarde al Registro del Congreso su petición de creación de una comisión de investigación sobre Bankia [descargar aquí]. El detonante  fue la última maniobra del PP esta tarde en la subcomisión de reestructuración financiera de la Cámara. Allí, tras una reunión de más de una hora, el PP volvió a dar largas con las comparecencias pedidas por el resto de los grupos. En particular, con las del todavía gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y con las de los exresponsables de Bankia y antes de Caja Madrid (Rodrigo Rato, Miguel Blesa y Jaime Terceiro) y Bancaja (José Luis Olivas).

Valeriano Gómez, el portavoz socialista, había salido de la reunión con la impresión de que el PP se avenía a permitir que todos ellos dieran explicaciones en el Congreso, y de hecho lo valoró de forma positiva ante los medios. Pero el resto de portavoces no veía tan claro que los conservadores fueran a abrir la mano. De hecho, el representante del PP, Vicente Martínez-Pujalte, insistía en que lo prioritario es que hablase primero el presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Javier Aríztegui, subgobernador del Banco de España, y que en todo caso ya se vería qué comparecencias aceptar el próximo jueves, 7 de junio, y con qué formato, si a puerta cerrada o de forma pública. Es decir, que se daban largas y se dejaba todo para la semana próxima. Alberto Garzón, diputado de IU, lo había expresado más claramente ante los medios: el PP quería "ganar tiempo" dilatando la decisión sobre la comparecencia más pantanosa, la de Fernández Ordóñez. Como este dejará su cargo de gobernador el 10 de junio, un mes antes de que finalice formalmente su mandato, no habría tiempo material para llamarle a declarar. Una vez que salga del órgano supervisor, podría ser citado, pero no tendría la obligación de acudir e informar. 

Las agencias de noticias, igual que Público, reflejaron la voluntad del PP de seguir demorando la decisión. La portavoz de Economía del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, llamó acto seguido a Martínez-Pujalte quien, según el relato de los socialistas, se "desdijo de sus palabras dentro de la subcomisión" y no dio "garantía alguna" de que esas comparecencias se fueran a autorizar, y a puerta abierta. El PSOE se sintió "engañado". Sentía que Pujalte había sido "desautorizado" por el Ejecutivo. Garzón compartía esa versión: el diputado del PP dijo actuar en la subcomisión como un mero "sargento" a las órdenes de sus "coroneles".

La dirección del grupo, encabezada por Alfredo Pérez Rubalcaba, cambió sus planes iniciales de esperar a la semana que viene y, tras la conversación telefónica con Pujalte, determinó que ya era ineludible presentar la petición, a la que el PSOE había sido bastante remiso por entender que primero había que esperar a comprobar si el Ejecutivo autorizaba las comparecencias. Tiempo agotado. La decisión fue comunicada de inmediato al PP.

El PSOE dice que no será "cómplice" de un "engaño"; el PP lo achaca a la "cesión" a Chacón y a Gómez

Una vez conocida la noticia, catarata de reacciones. La portavoz parlamentaria socialista, Soraya Rodríguez, condenó el intento del Ejecutivo de extender un "manto de silencio" y de dar "carpetazo" por la vía rápida al caso Bankia, desplegando para ello una "estrategia dilatoria" y de "engaño" a todos los partidos. Como su partido no quería ser "cómplice" de esa maniobra,  se desmarcó. Alfonso Alonso, su homólogo del PP, atribuyó la decisión del PSOE a su cesión a los sectores "más duros y radicales" del partido. Se refería a Carme Chacón y Tomás Gómez, que ayer se quejaron en la reunión de grupo de la actitud contemporizadora de Rubalcaba con el Gobierno, apremiándole a que pidiera ya una comisión de investigación. Alonso no quiso garantizar que las comparecencias de Fernández Ordóñez, Rato, Blesa, Olivas o Terceiro. Sólo comentó a los periodistas que el PP dejaba la puerta abierta y que esas peticiones seguían "vivas". Pero ya avanzó que la del gobernador del Banco de España sería "difícil" que se produjera, dado que dejará su cargo el próximo 10 de junio, un mes antes de que venza su mandato. 

El Gobierno no ha pododido ocultar que no quiere de ninguna manera que se explique MAFO. Esta mañana, el gobernador decía con todas las palabras en el Senado que él estaría encantado de informar de qué ha pasado, pero que por "responsabilidad" no lo haría, dado el veto el Ejecutivo, que entiende que dada la "situación de desconfianza" que pesa sobre España, no sería conveniente introducir en el lío la refriega política. Pero el caso es que con o sin comparecencia, la disputa existe. En la subcomisión del FROB, antes de que el PSOE diese su golpe sobre la mesa, los grupos de la oposición prepararon una emboscada: unir fuerzas para pedir que MAFO acudiera a la Cámara el 8 de junio, dos días antes de su marcha del supervisor. 

"Se está impidiendo" depurar las responsabilidades

"No es admisible que se impida dar explicaciones a la opinión pública", afirma el escrito

En su exposición de motivos, los socialistas arrancan con un relato de hechos que comienza con la dimisión de Rodrigo Rato como presidente de Bankia y de la matriz, BFA, el pasado 7 de mayo. La llegada del nuevo responsable, José Ignacio Goirigolzarri, fue seguida por el anuncio de la nacionalización de BFA a través de la conversión en acciones de las participaciones preferentes del FROB. El viernes pasado, Bankia comunicó su plan de saneamiento, que requeriría la inyección de 19.000 millones de dinero público, a los que se sumaban los 4.465 millones ya puestos por el FROB en 2010. Pasos de gigante todos ellos, cifras de auténtico récord sin que el Gobierno se diera siquiera por inmutado. Este lunes el presidente del Gobierno ya sostuvo que no habría comparecencias extraordinarias ni nada por el estilo por el Congreso. Bastaba la subcomisión de reestrucutración financiera, creada la pasada legislatura, donde las explicaciones se sustancian a puerta cerrada. Y hoy mismo, tanto Mariano Rajoy como Luis de Guindos  han ignorado esas exigencias de información.

"A pesar de que una crisis de esta magnitud debería haber dado lugar inmediatamente a las comparecencias de los gestores de la entidad y del órgano supervisor ante el Congreso de los Diputados –explican los socialistas en su texto–, el grupo mayoritario está postergando injustificada e irresponsablemente las peticiones que en este sentido han formulado los grupos [...]. En definitiva, se está impidiento en este momento comparecencias imprescindibles para conocer y evaluar las responsabilidades que correspondan, en condiciones adecuadas de transparencia y publicidad". El PSOE entiende que "no es admisible" que no se rinda cuentas ante la opinión pública y el Parlamento "sobre qué ha pasado en Bankia, por qué necesita 23.000 millones, cómo se va a gestiona esa entidad a partir de ahora y, sobre todo, cómo va a garantizar que el dinero público que se aporte se va a utilizar de manera eficiente y se va a recuperar". 

El PSOE quiere que los trabajos de la comisión duren tres meses

A partir de ese punto, el PSOE diseña el perfil de la comisión de investigación que quiere. Pretende que se analice la gestión de cada una de las siete entidades que se fusionaron para crear Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y, en particular, las dos más grandes, Caja Madrid y Bancaja, cómo se produjo la integración, que decisiones estratégicas se tomaron, por qué se decidió salir a bolsa el pasado verano, en plena convulsión financiera, y qué labor de supervisión hizo el Banco de España. En segundo término, los socialistas quieren que se conozca y evalué el proceso de nacionalización del grupo, "con especial referencia a las discrepancias puestas de manifiesto en su valoración patrimonial y los resultados contables", y el plan de saneamiento y las necesidades de recapitalización de BFA-Bankia. El último objetivo es debatir las medidas que puedan adoptarse para "garantizar la máxima transparencia en la gestión de la entidad, el retorno de las aportaciones públicas y el uso eficiente y socialmente responsable" del dinero inyectado.

En su escrito, los socialistas plantean que la comisión esté integrada por tres miembros de su partido y otros tres diputados del PP, y otro por cada uno de los restantes grupos (CiU, Izquierda Plural, UPyD, PNV y Mixto). Fijan que los trabajos duren tres meses.

Tensiones en el partido

La respuesta a la crisis de Bankia había generado ya no pocos roces dentro del PSOE. El lunes, en la reunión de la ejecutiva, varios dirigentes discutieron sobre la conveniencia de exigir o no una comisión de investigación. Ayer martes, el debate se reprodujo en la reunión del grupo. Chacón exigió una posición más rígida a Rubalcaba sobre este asunto, y fue respaldada por el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, las exministras Cristina Narbona y Rosa Aguilar o el exalcalde donostiarra Odón Elorza.

La petición de comisión de investigación ni siquiera es una iniciativa única del PSOE. Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ya registró su demanda tiempo antes de que estallara el caso Bankia. Su escrito era más amplio que el presentado hoy por el PSOE, ya que el grupo liderado por Cayo Lara quiere que se indague sobre la crisis financiera en general, ahondando en las causas y buscando responsables. Tres veces se ha llevado el tema a la Junta de Portavoces y tres veces el PP ha rechazado incluirlo en el orden del día del pleno. UPyD, por su parte, es por ahora el grupo con una nómina de petición de comparecientes más amplia, 54, entre los que se incluyen los exministros socialistas de Economía Pedro Solbes y Elena Salgado. 

Durante toda la tarde estuvo coleando otro asunto directamente relacionado: el real decreto ley de reforma financiera, que mañana jueves se vota en el Congreso. Pesa la duda de qué hará el principal partido de la oposición. Ni Valeriano Gómez ni Soraya Rodríguez desvelaron la posición de su grupo. Todavía estaba negociándose. Los socialistas quieren que se atiendan sus demandas y que se tramite el texto como proyecto de ley para que puedan admitirse enmiendas.