El Tribunal Supremo ha admitido este miércoles a trámite una querella de Falange Española de las JONS contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por la decisión de éste de declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.

En su auto, la sala de lo penal del Alto Tribunal admite la querella por prevaricación interpuesta por Falange y acuerda acumularla a las presentadas por los mismos hechos por el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad al ser 'en todo punto coincidentes'.

Esta es la tercera querella contra Garzón que el Supremo admite por investigar los crímenes del franquismo. La primera la presentó el sindicato Manos Limpias, cuyo líder fue responsable de Fuerza Nueva, en mayo de 2009. En junio de 2009 el Supremo aceptaba la denuncia de la asociación Libertad e Identidad. Ahora le ha tocado el turno a Falange.

Garzón, titular del Juzgado central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, se declaró competente para investigar los crímenes cometidos en la Guerra Civil y el franquismo en octubre de 2008. Fue una decisión que causó una gran polémica. El magistrado adoptó la decisión al entender que se trataba de delitos de detención ilegal en un contexto de crímenes contra la humanidad.

Apenas un mes después, Garzón decidió remitir la causa a los juzgados territoriales en los que se encuentren las correspondientes fosas. En un auto de 152 folios (pdf), el juez de la Audiencia Nacional acordó además extinguir la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco en esta causa, así como la de otros 44 altos cargos de la dictadura, tras comprobar el fallecimiento de todos ellos.

El Supremo declara que es competente para la instrucción y enjuiciamiento de la querella de la Falange y acuerda que el magistrado instructor del caso, Luciano Varela, decida sobre la fijación de la fianza correspondiente y sobre si actúan con el mismo abogado que Manos Limpias y Libertad e Identidad.

Por su parte, la Fiscalía había pedido al TS que archivara esta última querella al estimar que 'no hay atisbo de actuación prevaricante en ninguna de las resoluciones que maneja la querella' y por la falta de indicios suficientes de la comisión de un delito.

Garzon declaró por estos hechos en calidad de imputado el pasado 9 de septiembre en el Tribunal Supremo, donde sostuvo que al abrir una causa sobre las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo no se apartó de la 'finalidad legal' de investigar los hechos, depurar las posibles responsabilidades y, especialmente, dar protección a las víctimas.

Tras ello Varela pidió, entre otras pruebas, las normas de reparto de la Audiencia Nacional y ahora tiene que decidir si procesa a Garzón o archiva la causa. El pasado 22 de diciembre el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, presentó un escrito en el TS en el que se quejó del retraso 'injustificado' en la instrucción, que considera 'propia de un proceso inquisitorial'.

Garzón tiene pendiente en el Tribunal Supremo otras dos querellas, una de dos abogados por los ingresos que recibió durante su permiso académico en Nueva York, entre 2005 y 2006, y otra del defensor de un empresario imputado en el caso Gürtel por ordenar la grabación de las comunicaciones en prisión de los cabecillas de la trama.