El TSJCV decidirá antes del 22-M si investiga la financiación del PP

El Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) decidirá antes de las elecciones autonómicas y locales del 22 de mayo si investiga la presunta financiación ilegal del PP valenciano a través de la trama Gürtel. Así lo confirmaron ayer a Público fuentes del tribunal, que expresaron, no obstante, sus cautelas ante la posibilidad de nuevas demoras. En teoría, el último trámite previo a la toma de decisión quedará concluido a comienzos de marzo.

Desde que, hace 23 meses, el juez Baltasar Garzón remitió al TSJCV lo investigado en relación a aforados de esa comunidad, el tribunal valenciano se ha negado con uñas y dientes a indagar más allá de los trajes regalados a Camps. Y ello pese a que distintos informes policiales, de Hacienda y de la Intervención General del Estado (IGAE) sostienen que hubo financiación ilegal y contratos amañados. Esos informes cifran en 2,5 millones el dinero ocultado a Hacienda por el PP en 2007 gracias Orange Market, la franquicia valenciana de la red corrupta. En un lustro, obtuvo siete millones de euros en contratos de la Generalitat.

El PP se opuso a que Pedreira enviara el caso a Valencia y así logró ganar tiempo

Las fuentes del caso consultadas difieren sobre cuál será la decisión del TSJCV respecto a la financiación del PP. Nadie considera verosímil que el tribunal repita la táctica del cerrojazo alegando que no hay indicios de delito. Pero hay quien teme que intente zafarse enviando el caso al Supremo. Si eligiera esa opción, el TSJCV se arriesgaría a un segundo varapalo. El primero se produjo en mayo de 2010, cuando el Supremo le obligó a reabrir la causa de los trajes, al que, con el voto de su entonces presidente, Juan Luis de la Rúa, el juez amigo de Camps, el TSJCV había archivado en agosto de 2009. Antes de cerrar las diligencias, De la Rúa había recibido el primer informe policial sobre financiación ilegal. Y lo despreció.

Recursos como torpedos

Desde diciembre, tras la toma de posesión de su nueva presidenta, Pilar de la Oliva, el TSJCV ha mantenido incólume la premisa que guió a De la Rúa: que el regalo de trajes a Camps por parte de Orange Market no guarda relación con los contratos obtenidos por Orange Market ni con el dinero negro con el que el PP pagó presuntamente actos electorales a la empresa. Esa es la línea que impuso De la Rúa cuando prohibió investigar más allá de si, aceptando trajes, Camps incurrió en cohecho impropio, penado sólo con multa. Según el juez Pedreira, se cometieron infracciones penales mucho más graves, entre ellas soborno, delito electoral, delito fiscal y prevaricación.

Hasta ahora, el TSJCV se ha negado a investigar más allá del 'caso de los trajes'

El PP, que en Madrid lleva año y medio torpedeando desde la "acusación popular" las investigaciones de Pedreira, ha comenzado a aplicar en Valencia la misma táctica. De hecho, los conservadores recurrieron la inhibición del magistrado madrileño en favor del TSJCV para lo relativo a los aforados valencianos. No lograron tumbarla pero sí ganar tiempo: cuatro meses. Pedreira se inhibió en mayo pero el recurso del PP impidió que su resolución fuera firme hasta que, el 30 de septiembre, la Sala del TSJ de Madrid la confirmó sin opción a nuevas impugnaciones.

En diciembre, el PP solicitó al juez que dejara en suspenso el envío de documentación al tribunal valenciano hasta que todas las partes personadas pudieran analizarla y concluir qué papeles debían remitirse. Pedreira accedió. Y ha puesto la información en manos del casi centenar de personados para que hagan sus peticiones. Pero esa tarea no estará acabada hasta comienzos de marzo, según fuentes del Tribunal Superior de Madrid. Según fuentes del TSJ valenciano, cumplido ese trámite la Sala que preside De la Oliva adoptará su decisión.

Veintitrés meses mirando a otro lado

5 de marzo de 2009

El juez Garzón se inhibe en favor del Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) y señala ya indicios de financiación ilegal.

21 de abril de 2009

El TSJCV acepta investigar, pero sólo el regalo de trajes.

3 de agosto de 2009

El TSJCV archiva el caso. Acababa de recibir un contundente informe policial sobre la financiación ilegal.

12 de mayo de 2010

El Supremo obliga al TSJCV a reabrir el ‘caso de los trajes'. A las dos semanas, Hacienda reafirma los indicios de financiación ilegal.

30 de septiembre de 2010

El Tribunal Superior de Madrid confirma la inhibición del juez Pedreira sobre los delitos vinculados al PP de Valencia.

27 de enero de 2011

El juez Flors da por concluida la instrucción del ‘caso de los trajes' y comienza los trámites para abrir el juicio oral a Camps por cohecho impropio.