Las historias humanas tras las cifras

Tras las largas listas de espera, la falta de especialistas o el colapso de las Urgencias están las historias humanas, las de los y las profesionales del sector, que sufren las embestidas del desmoronamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS), y las de la ciudadanía. En las vidas de los protagonistas de las siguientes historias no hay negligencias médicas, sino errores causados por un sistema viciado, incompleto y malherido.

El Hospital de Barbastro y la larga lucha por unos servicios decentes

A menudo relegados a un segundo plano por lo que pasa en los centros hospitalarios más grandes, los hospitales de provincias o comarcales también sufren las embestidas de un sistema que se quiere desmantelar. Este es el caso del Hospital de Barbastro, emplazado en la comarca del Somontano, en Huesca, inaugurado en 1984 tras años de lucha social y reivindicación ciudadana, y que actualmente atiende a una población de unas 100.000 personas. Da cobertura, además del Somontano, a otras cinco comarcas del Alto Aragón oriental: Sobrarbe, Ribagorza, Cinca medio, La Llitera y Bajo Cinca.

Nati Palacín: “El primer problema que tenemos, como sucede en la mayoría de hospitales pequeños, es que la gente no quiere venir a trabajar aquí”

En los últimos años, sin embargo, se enfrenta a una importante falta de especialistas médicos en múltiples áreas, lo que ha supuesto la paralización de servicios esenciales. En febrero de 2026 por ejemplo, en el hospital apenas hay servicio de otorrinolaringología —hay un especialista de los tres que debería haber—. Según la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón, está cubierta una plaza de neumología de las dos asignadas. La falta de profesionales ha generado “derivaciones forzadas a otros hospitales, retrasos en diagnósticos y tratamientos, listas de espera inaceptables y una creciente sensación de abandono entre pacientes y profesionales”, se puede leer en el Manifiesto que han publicado desde la Plataforma en Defensa del Hospital de Barbastro. “No crean problemas, sino que simplemente dejan que los problemas aparezcan y, o no los solucionan, o buscan soluciones que no son económicamente rentables para después poder decir que ‘cuesta mucho dinero, vamos a vender esto a la privada’”. Quien habla es Nati Palacín, enfermera del hospital y portavoz de la Plataforma. Desde la iniciativa exigen “la cobertura urgente de las plazas vacantes en todas las especialidades médicas, la estabilidad en la plantilla médica, el acceso a los mismos servicios sanitarios independientemente de dónde se viva, una atención comprometida, humana y segura, una inversión adecuada y sostenida, y el compromiso político que asegure el futuro del hospital”. La Plataforma nació a causa de la reducción del número de personal de enfermería en la UCI, pero ahora ha crecido, se piden reformas globales y se extiende a todos los servicios.

“El primer problema que tenemos, como sucede en la mayoría de hospitales pequeños, es que la gente no quiere venir a trabajar aquí. En nuestro caso, los profesionales prefieren quedarse en Zaragoza por diferentes motivos, tanto personales como profesionales. En un hospital como este estás muy limitado y profesionalmente te sientes muy solo”, explica la sanitaria. Para ella, es el Gobierno de Aragón el responsable de poner fin a esta situación e idear métodos para que los profesionales se queden en Barbastro. “Faltan profesionales médicos en todas las especialidades porque no se les ofrece un buen contrato con condiciones”, se queja Palacín.

A principios de este año, el Gobierno de Aragón, en su Boletín Oficial, publicó hasta 32 plazas de 16 especialidades diferentes en la segunda fase de su oferta de difícil cobertura. En la primera convocatoria había convocado 14 plazas. Estos puestos están destinados a hospitales fuera de Zaragoza. El Decreto-Ley de Difícil Cobertura 121/2025 establece que aquellos profesionales que ocupen una de estas plazas de difícil cobertura adquieren desde el primer momento la condición de fijos, pero hasta que no hayan permanecido tres años en ese puesto, no pueden acceder a procedimientos de movilidad voluntaria. Si no han prestado servicios efectivos durante ese periodo de tres años, pierden la condición de personal fijo. Con esta medida se pretende favorecer que las médicas y los médicos consoliden su permanencia en este tipo de destinos, tradicionalmente menos atractivos para los profesionales. “De las 32 especialidades que hay en el Hospital de Barbastro, 30 tienen la plantilla cubierta al 98%”, según han asegurado fuentes de la Consejería para Público.

Nati Palacín cuenta que en la última reunión que la Plataforma tuvo con el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero (PP), este les aseguró que nunca antes se había invertido tanto dinero en sanidad. “No lo dudo, pero hay que ver hacia dónde va ese dinero, porque la situación no mejora”, se queja Nati Palacín, quien también pone en el punto de mira el Servicio de Urgencias, infradotado y saturado en un contexto geográfico de población envejecida esparcida por pequeños pueblos, muchos de ellos de montaña. “Al nuevo Gobierno le pedimos que se tome este hospital en serio y trabaje por él”, concluye la sanitaria.

Una de las personas que más ha sufrido la situación que vive este hospital es G.S., natural de una pequeña localidad de la comarca de La Llitera y aquejado de una fístula perianal, una dolencia que requiere cirugía y de la que ha sido operado hasta en cuatro ocasiones. Relata la última vez que la dolencia se manifestó. “Fui a Urgencias [del Hospital de Barbastro] en septiembre de 2018; me programaron una resonancia magnética para un mes más tarde, pero no me operaron hasta junio de ese mismo año”, recuerda. “Una vez hecha la resonancia magnética, es importante que te operen cuanto antes, ya que el problema puede empeorar rápidamente”. La operación de G.S. se llevó a cabo en junio de 2019; y a finales de agosto volvía a tener el problema. “En tres meses volvía a tener el mismo problema en el mismo sitio. No sé si fue porque tardaron más de la cuenta en operarme, pero decidí que no volvería a pasar por ello; así que me fui a la privada en Lleida. En menos de un mes me hicieron todas las pruebas y me operaron”, explica. Tuvo que pasar más de una década desde la primera operación para que G.S. escuchara una palabra que prácticamente le cambiaría la vida: “coloproctología”. “Yo no sabía que esta especialidad existía, porque en Barbastro siempre me había atendido el cirujano”, dice. No solo eso: nunca nadie antes le había programado una colonoscopia, que es que la prueba, junto con la ecografía anal, más eficaz para ver el alcance de la fístula. Su última operación fue en 2021; y de momento, la fístula no ha vuelto a aparecer. Ya no acude al Hospital de Barbastro.

Ainara y la ausencia de un tratamiento integral

Ainara se detectó un bulto en el pecho en octubre de 2021; dos días después pudo comentar el caso con su matrona —en aquel momento algunas consultas aún era telefónicas debido a la pandemia de la covid-19— y en pocos días la había visto su médica de cabecera, que la envió a Ginecología. De allí, se le programaron una ecografía y una mamografía urgentes. El diagnóstico de cáncer de mama triple negativo le llegó cuatro días después: aún no había terminado el mes de octubre. “Yo nunca voy a hablar mal de la sanidad pública”, dice tajantemente a Público.

Ainara: “El tratamiento para los efectos secundarios tendría que estar cubierto. Una visita al onco-nutricionista puede costarte hasta 100 euros, y no todo el mundo se lo puede permitir”

Tras ciclos eternos de tratamiento, operación, reconstrucción y un diagnóstico reciente de metástasis, Ainara no se queja de la atención recibida en su proceso, en el que “el seguimiento ha sido de diez”, pero también es consciente del privilegio de vivir en un núcleo urbano: “Yo voy a la terapia en metro, pero si eres de un pueblo perdido de Vizcaya, imagino que las cosas no son tan fáciles. A veces los tratamientos llevan retrasos de hasta cinco horas”, afirma.

En todo su proceso se queja, eso sí, de “la ausencia de un tratamiento integral, a pesar de que sé que los profesionales hacen todo lo que pueden”. Hace referencia a los efectos secundarios de la quimio y la radioterapia. “El tratamiento para los efectos secundarios tendría que estar cubierto. Una visita al onco-nutricionista puede costarte hasta 100 euros, y no todo el mundo se lo puede permitir. Luego está la carga psicológica: tengo 45 años y estoy jubilada. Lo que esto supone daría para otro reportaje”, bromea Ainara, quien considera que todos estos servicios adicionales deberían estar cubiertos. “En el hospital te dan visita con la psico-oncóloga cada cinco meses. Ella misma me animó a que pusiera una queja. Durante algún tiempo se me dormía el brazo, pues en lugar de mandarme a Fisioterapia, me recetaron antidepresivos”, remarca. Ainara también apunta hacia la falta de profesionales y de conocimientos concretos, como la manipulación de reservorios. “Hay enfermeras que no saben cómo hacerlo, porque nadie se lo ha enseñado”.

En este momento de su enfermedad, Ainara pide no tener que andar buscando segundas opiniones —ella acude puntualmente al Hospital de Vall d’Hebron, en Barcelona— ni insistiendo para que se le proporcionen atenciones básicas. Asegura que no tiene “miedo a morir”, pero que no quiere “sufrir”. Ainara, que forma parte de Iñurri, una organización que acompaña y divulga sobre el cáncer desde una perspectiva colectiva y feminista, exige más investigación y  divulgación de la enfermedad, una aproximación holística y más profesionalización por parte de los sanitarios.

El largo camino hacia la detección de la endometriosis

La historia de la catalana Sara Montesinos podría ser la historia de casi cualquier mujer aquejada de endometriosis, una enfermedad que afecta solo a las mujeres y que causa mucho dolor. Se produce cuando el tejido endometrial crece y se reproduce fuera del útero y provoca sangrado. Habitualmente afecta a los ovarios, las trompas de Falopio y el tejido que recubre la pelvis. Además de provocar problemas de fertilidad, si por algo se caracteriza la endometriosis es por el dolor que causa a quien lo padece.

Sara Montesinos tuvo sus primeras reglas a la edad de 11 u 12 años, como ella misma recuerda, pero no fue hasta los 27 y después de decenas de visitas a ginecología y otros especialistas cuando obtuvo el diagnóstico de endometriosis. Para ello, y tras agotar las opciones que le daba la sanidad pública, acudió a la privada, algo que como remarca, no casa con sus ideas políticas. “Nunca nadie le dio importancia a lo dolorosas que eran mis reglas. Desde pequeña resultaban incapacitantes, los primeros días  de regla me tenía que quedar en casa con un dolor tremendo”, explica. Montesinos empezó a medicarse para soportar el dolor; primero un antiinflamatorio básico, ibuprofeno; más tarde, con medicaciones más fuertes, como Antalgin o Enantyum, a las que su cuerpo se fue “acostumbrando”. En las diferentes consultas por las que pasó llegó a recibir diagnósticos erróneos, como el de ovarios poliquísticos, algo que nada tiene que ver con la endometriosis. “En mi problema de detección de la endometriosis también tuvo que ver la prevalencia de un sistema sanitario patriarcal. Si los hombres padeciesen esta enfermedad, no estaríamos donde estamos. A pesar de que esto está cambiando, respecto a la endometriosis ha habido mucha ausencia de conocimiento porque se trata de una enfermedad que solo afecta a las mujeres”, recalca.

La catalana escuchó la palabra ‘endometriosis’ por primera vez en un viaje a Grecia, en 2017, y fue entonces cuando empezó a buscar por su cuenta. “A mí me han ayudado más a entender mi enfermedad los reportajes de Píkara Magazine que los médicos”, dice. Tras un largo periplo por consultas públicas —en las que incluso se le había recomendado la ‘promiscuidad’ como solución a su dolencia— decidió acudir a la sanidad privada. “Hacerme una mutua es una de las peores y una de las mejores decisiones que he tomado en la vida. Me avergüenza políticamente decirlo, pero en la sanidad pública ni siquiera me programaron una resonancia. De hecho, me dijeron que tanto si tenía endometriosis como si tenía ovarios poliquísticos, me tendría que tomar pastillas anticonceptivas. Así que eso es lo que hicieron: recetármelas sin un diagnóstico claro. Cuando me dieron el diagnóstico en la privada me puse a llorar”, recuerda. No lo hizo por la enfermedad en sí, sino porque tras largos años de dolor menstrual podía poner nombre a su dolencia e iniciar un tratamiento. Explica que paga unos 20 euros al mes y puede tener seguimiento de su enfermedad.

Aquejada también ahora de la enfermedad de Crohn, continúa el tratamiento por la sanidad privada, pero está valorando volver a la pública, a pesar de su experiencia pasada. De toda la vivencia que acompaña a su enfermedad, Sara Montesinos también destaca la falta de acompañamiento por parte de los profesionales en el ámbito físico o psicológico. “He tenido que programar sesiones en osteopatía para reeducar a mi cuerpo; y también he tenido que ir a terapia. La endometriosis no solo es dolor, sino que también afecta a las relaciones sexuales y, por ende, a las relaciones de pareja; tanto en la dimensión física como comunicativa”, concluye.

Aina Vidal, hasta doce veces de urgencias en la privada

Antes de las campaña de las elecciones generales de 2019, la actual portavoz de Comuns en el Congreso de los Diputados, Aina Vidal, empezó a sentir dolores muy fuertes, “me desangraba”, cuenta a Público. “Empecé con dolores muy agudos en el mes de agosto, así que me fui al CAP [Centro de Atención Primaria], donde se me dijo que eran dolores de regla, o una infección renal. Se me hicieron las pruebas pertinentes y esto último quedó descartado. Me dieron calmantes y me programaron algunas pruebas, pero se alargaban en el tiempo”. Con la campaña electoral encima, Vidal decidió ir por la vía “rápida” y, a pesar de que iba en contra de sus ideas políticas, acudió a la sanidad privada. Hasta que no tuvo un diagnóstico de cáncer, la diputada —que tenía una mutua familiar— fue a Urgencias en hospitales privados hasta en doce ocasiones.

Aina Vidal: “Llegué a tomar hasta quince pastillas al día. En la privada no me decían nada, incluso llegaron a derivarme a psiquiatría”

La solución durante este tiempo de dolores e incertidumbre fue casi siempre la misma: calmantes y antiinflamatorios. “Llegué a tomar hasta quince pastillas al día. En la privada no me decían nada, incluso llegaron a derivarme a psiquiatría porque aseguraban que mi dolor no era físico”. Hasta diciembre, cuenta, no se le programó un TAC, una prueba que desvelaría que lo que Vidal padecía no eran dolores causados por la menstruación, sino un cáncer en estado avanzado. “El mismo día que me dieron el diagnóstico, el 23 de diciembre, me ingresaron. Tras varias pruebas, en la privada me aseguraron que lo tenía muy complicado, que no había demasiado que se pudiese hacer, así que me enviaban a paliativos”. Fue entonces cuando decidió volver a la sanidad pública.

Aina Vidal mantiene que, con el historial que tenía, el TAC se le hubiese tenido que programar antes, y que en la privada se lo quisieron “ahorrar”. “En cuanto llegué a la pública y la ginecóloga me palpó, lo vio claro. No le hizo falta hacerme ninguna prueba. El tumor estaba allí, evidente incluso al tacto”. La diputada, que en aquel momento tenía 33 años, se desvinculó completamente de la privada y empezó a tratarse en la pública, donde inició un tratamiento que, a día de hoy, ha conseguido estabilizar la enfermedad y cronificarla.

Según los datos publicados en 2025, del Observatorio del Sector Sanitario Privado de la Fundación Idis, en 2024, el número de personas con seguro de salud ascendió a 12,6 millones de personas, lo que supuso un incremento del 1,6% respecto a 2023. En 2025, ya son más de 14 millones de personas —14,3 concretamente— las que tienen una mutua privada. Cada vez es más habitual, en barrios de tradición obrera, ver a familias enteras acudiendo a los servicios privados. “A pesar de eso, todo el mundo sabe que cuando hay una enfermedad grave, quien te saca las castañas del fuego es la sanidad pública”, asegura Vidal. “Lo que pasa es que la gente también sabe que en la pública hay listas de espera muy largas y cuando tienen que hacerse alguna prueba diagnóstica, acuden a la privada”, dice. Su experiencia da fe, sin embargo, de qué puede suceder cuando se pone la salud en manos de los intereses de las empresas privadas.