El incendio del pasado enero en el barrio de Sant Roc de Badalona, en el que perdieron la vida tres personas, ha hecho aflorar problemas de los que de repente se habla, pero que llevan años enquistándose, tras cada despido, tras cada desahucio, tras cada ocupación. Problemas que se han enraizado en las –en muchos casos– degradadas calles del barrio y comunidades de vecinos, y a los que se antoja harto complicado dar soluciones rápidas y milagrosas. A pesar de las declaraciones de los políticos y de los anuncios de titular.

En el inicio de la cadena de la desgracia, Sant Roc fue probablemente la zona más afectada de la ciudad por los desahucios cuando estalló la crisis. Y lo sigue siendo. Badalona –la cuarta ciudad más grande de Catalunya, con 217.741 habitantes– registró en 2018 unas 600 ejecuciones, lo que supone una media de 15 semanales y dos diarias. Y hay que sumar los desahucios que escapan al conocimiento de la Administración.

La plataforma Sant Roc Som Badalona es uno de los agentes del territorio más implicados en la lucha contra los desahucios. Cada semana atiende a unas 20 familias en riesgo. "Cada vez hay más casos de familias que no pueden pagar el alquiler a pesar de que alguno de sus miembros esté trabajando. En Sant Roc, la mayoría de las ocupaciones son por necesidad, de pisos de bancos o vendidos a fondos buitre", apunta el experto de la plataforma Enric Marín. Según saben por su referente de Servicios Sociales, Sant Roc es el barrio con más desahucios de Badalona y representa un porcentaje muy significativo con respecto al total de la localidad.

Un barrio lleno de pisos vacíos

Este deprimido barrio ha ido acumulando inmuebles vacíos en manos de bancos, que tarde o temprano han sido habitados de nuevo, aunque sea fuera de la ley. El Ayuntamiento, encabezado por Álex Pastor (PSC) desde junio de 2018, admite que las ejecuciones hipotecarias no llegan al 15% de los casos que se tramitan, y que los mayoritarios son ahora los impagos de alquiler y las ocupaciones, ambos de compleja gestión, apuntan en Servicios Sociales, sobre todo si son de particulares. Fuentes oficiales sostienen que, de todos los desahucios tratados en 2018, tres cuartas partes se han podido detener de una forma u otra, aunque han seguido vivos. Los ejecutados se pueden cerrar porque se han resuelto o porque se ha encontrado una alternativa habitacional. Y aquí, en las alternativas, es donde Badalona tiene una de sus grandes carencias.

"La gente se encuentra con unos Servicios Sociales y unas administraciones que no disponen de recursos ni alternativas de vivienda. A menudo te invitan a buscarte la vida e incluso a ocupar un piso", explica el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Crisis (PAC), el bombero Luis Ros. "Hay muy pocas alternativas, y mecanismos complicados y normalmente alejados de la realidad. Las necesidades son una tormenta tropical, y las alternativas, un paraguas", lamenta Marín. El gran hándicap de Badalona, en definitiva, es que no dispone de un parque de vivienda pública.

El parche al que más se recurre desde la Administración es el de los alojamientos temporales en pensiones u hostales. El Ayuntamiento se gastó en 2018 más de 150.000 euros en realojar familias desahuciadas, más del triple que en 2017. En Servicios Sociales, además, prevén un aumento del 20% en esa partida de gasto en 2019. En los últimos meses se han podido conceder cinco pisos a familias con extremas necesidades: los dos únicos de propiedad municipal y tres de la Generalitat de Catalunya. Aunque el gobierno –liderado entonces por Dolors Sabater (Guanyem Badalona En Comú)– anunció hace casi un año la compra de unos 80 inmuebles de segunda mano con una partida de ocho millones de euros reservados para invertir en parque de vivienda, de momento no hay novedades. Fuentes municipales afirmaban hace unas semanas que se están haciendo "visitas" a pisos, pero sin adquisición.

Con esta falta de vivienda pública, no es de extrañar que la lógica natural de la vida y la necesidad en la calle hayan llevado a Sant Roc a ser el barrio con más inmuebles ocupados de Badalona y, probablemente, del área metropolitana. Solo probablemente, porque ni el Ayuntamiento ni los Mossos d’Esquadra barajan cifras oficiales que midan el fenómeno. Las entidades que lidian día a día con el problema, en cambio, ofrecen números aproximados que permiten trazar un boceto. "Nosotros llevamos, a día de hoy, algunos centenares de casos", sostiene Enric Marín, de Sant Roc Som Badalona, quién asegura que en las zonas más degradadas del barrio el nivel de ocupación alcanza e incluso supera el 50%. La PAC, por su parte, estima en 2.000 los pisos ocupados en la ciudad, con Sant Roc destacado en la cabeza de la lista. Tras el incendio del 5 de enero, la Asociación de Vecinos de Sant Roc cifró en más de 250 las ocupaciones ilegales derivadas de la pobreza.

"La diversidad de gente que ocupa es muy alta, y la mayoría no tiene otra opción. A menudo son familias del barrio, aunque el perfil varia. Hace poco ayudamos a una pequeña empresaria que se quedó sin nada y no tuvo más remedio que ocupar. Y hay gente a la que asesoramos que trabaja pero ocupa, porque el sueldo no le da para pagar un alquiler", lamenta Marín. "Intentamos legalizar las ocupaciones, conseguir alquileres asequibles o alternativas. Si el piso es de un particular o público, o los que viven en él no quieren pagar nada, no intervenimos", puntualiza.

El fenómeno de las ocupaciones, por otro lado, está dando lugar desde hace años a un mercado negro en el que grupos y personas sacan provecho económico de dar la patada en la puerta en pisos vacíos que tienen controlados. Ni las entidades ni las fuentes oficiales se aventuran a catalogarlas como mafias o grupos organizados, pero admiten que es una realidad en el barrio. "Intentan engañar con un supuesto alquiler o, directamente, venden el piso dejando claro que este está ocupado, por 1.000 o 2.000 euros. En Sant Roc son conocidos: nosotros sabemos quiénes son, así que seguro que la Policía también", apunta la plataforma Sant Roc Som Badalona.

Para muestra, un botón. Majid Iqbal, su mujer y sus dos hijos, de 9 y 10 años, entraron a vivir hace tres años en el piso del que ahora los quieren desahuciar, pagándole a una mujer 300 euros mensuales. "Se supone que era la propietaria, hasta que me dijeron que el piso era de un banco y que había orden de desahucio", relata. Sant Roc Som Badalona y la PAC le dijeron que dejara de pagar y le han acompañado en la búsqueda de alternativas. El día de su primer intento de ejecución –que fue parado– se armó con sus pancartas a los pies del bloque, como ya había hecho en intentos de desahucio de otros dos vecinos de la portería.

Medio barrio con la luz ‘pinchada’

Los desgraciados requisitos para el incendio de principios de año llevan mucho tiempo alineándose. "Lo raro es que no hubiera pasado antes", decían muchos vecinos los días posteriores. Y se referían a las condenadas muertes de tres de los habitantes del bloque, no al fuego en sí. Porque solo en el último año Sant Roc contabiliza tranquilamente una decena de incendios en viviendas, la mayoría de los cuales, sospecha la plataforma social, por causas vinculadas a la red eléctrica. Y es que las entidades calculan que más del 50% del barrio podría tener la luz pinchada.

Ayuntamiento y Endesa han reforzado su coordinación para intentar mapear los puntos de sobreconsumo de la red y poder actuar caso por caso para determinar si se trata de casos de vulnerabilidad o de fraude, derivado, por ejemplo, de plantaciones interiores de marihuana –otro problema creciente en Sant Roc–. Endesa asegura que en los últimos dos años ha llevado a cabo más de 2.700 actuaciones por indicios de fraude, aunque solo abrió cerca de 1.600 expedientes con la correspondiente denuncia. Fuentes de la empresa, que ha sido criticada por la falta de mantenimiento de la instalación, aseguran que la red está preparada y diseñada para el consumo declarado, incluso sobredimensionada para absorber picos de consumo. "El problema es que, si eso es algo permanente, la línea salta aunque esté en perfecto estado", mantienen.

Saray y su familia pagaron hace ocho años las llaves de un piso en Sant Roc. En él han crecido sus dos hijos. A pesar de ser ocupas, Saray cuenta que quien les facilitó el inmueble pudo poner los suministros a su nombre, y que ellos siempre han podido acceder al servicio y pagar las facturas. Hace unas semanas, no obstante, un fallo en la instalación eléctrica provocó un pequeño fuego que se pudo apagar, pero que dejó la vivienda sin luz. Las entidades sociales del barrio intervinieron y comenzaron a negociar con la Sareb

–propietaria del piso– una alternativa. "Pero para arreglar la instalación eléctrica aquí no nos da, es muy caro. Así que seguiremos sin luz hasta que lo del otro piso salga", contaba resignada la vecina hace unas semanas.

En cuanto al problema de la pobreza energética y la demanda de contadores sociales, la compañía argumenta que en Badalona hay más de 500 familias acreditadas por Servicios Sociales a las que no se les corta la luz aunque no paguen la factura. El requisito, dicen, es que esas personas deben existir, estar "en el sistema". Si son ocupas "no hay constancia" y el acuerdo no es posible. Un problema para casi la mitad de los habitantes de Sant Roc, para quienes es virtualmente imposible darse de alta en los suministros y pedir ayudas para afrontar su coste.

En el año 2018, según Servicios Sociales, se recibieron más de 10.000 solicitudes de casos de vulnerabilidad, de las que apenas se atendieron 2.000. Y solo 290 fueron acreditadas. La estructura municipal no estaba preparada para este alud, dada la complejidad de la gestión y la tramitación de las situaciones relacionadas con los suministros básicos. En la actualidad se trabaja en la creación de un dispositivo de atención específico para agilizar estos trámites. Mientras la Administración se ve desbordada por las necesidades –como denuncian los sindicatos– y la política se debate entre la mano dura y la pedagogía contra las ocupaciones, buena parte del barrio de Sant Roc sigue condenado a vivir sin hogar estable y a oscuras o bajo el riesgo de una sobrecarga, un miedo que se ha hecho mucho más fuerte desde enero.

UN BARRIO ESTIGMATIZADO

El barrio de Sant Roc, ubicado en la zona sur de Badalona, limítrofe con Sant Adrià de Besòs, tiene a día de hoy más de 10.000 habitantes. Fue erigido en los años sesenta para dar una vivienda digna a los barraquistas del Somorrostro y Montjuïc, y a quienes perdieron sus casas en las inundaciones del Vallès de 1962. El barrio nació con una evidente falta de equipamientos y servicios básicos, y las viviendas se construyeron a menudo con materiales de baja calidad, que con el tiempo comportaron problemas de aluminosis. Estas viviendas acogieron a una importante comunidad de etnia gitana, y en las últimas décadas se ha sumado el colectivo migrante. El barrio nunca ha conseguido deshacerse del estigma con el que nació, y los problemas de vulnerabilidad y exclusión de sus vecinos se han perpetuado a lo largo del tiempo.

LA FUERZA DEL TEJIDO ASOCIATIVO

A pesar de la grave situación social y económica que vive Sant Roc, el barrio puede presumir –por fortuna– de contar con algunas de las iniciativas sociales más funcionales de la ciudad. Más allá del Consorci Badalona Sud como eje central –que gestiona muchos proyectos en la zona a pesar de las dificultades de la Administración–, diferentes entidades y centros escolares llevan a cabo proyectos para luchar contra el absentismo escolar y el incivismo, y fomentar la convivencia y la integración de las comunidades vulnerables. Ateneu Sant Roc, Kali Zor, la Fundació Pere Tarrés, la Carles Blanch o el Grup de Dones son algunos de los agentes más activos.