La violencia de género representa en la actualidad un problema de salud pública a escala mundial, que se traduce en importantes costes de salud, personales y sociales. El maltrato, además, es uno de los factores que contribuyen a la perpetuación de la desigualdad de género en la sociedad. Asimismo, varios estudios demuestran que este tipo de violencia afecta en mayor medida a las mujeres con menor educación, con menor nivel socioeconómico y a las mujeres migrantes.

Los datos de las últimas encuestas sobre violencia de género en España muestran que una cuarta parte de las mujeres de más de 16 años afirman haber sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida. Y esta cifra aumenta al 36% cuando las mujeres que responden a la pregunta son migrantes.

Existen varias rutas para las mujeres que quieran denunciar esta violencia, pero una de las más usadas es el servicio de salud público. Los médicos tienen una serie de protocolos para detectar casos de violencia de género, que se aplican en todos los centros sanitarios. Una herramienta que quedó en muchos casos desactivada con la reforma del Gobierno del Partido Popular (PP), cuando restringió en 2012 el acceso al servicio de salud a una parte importante de la población. La reforma afectó mayoritariamente –aunque no únicamente– a los migrantes que se encontraban en situación irregular en España, que perdieron el acceso al sistema de salud.

Recientemente, el estudio Hit where it hurts: healthcare access and intimate partner, publicado por el Instituto de Economía de Barcelona (IEB) en colaboración con la doctora Caoimhe Rice, de la Universidad de York, ha probado el impacto de la reforma de 2012 en las denuncias por violencia de género en España. El estudio demuestra que la pérdida del acceso al sistema de salud es el motivo por el que observamos una caída drástica de las denuncias por violencia de género en el colectivo de las mujeres migrantes –en el conjunto de España, el descenso fue del 15,6%–. Un efecto que es mayor en las comunidades autónomas que implementaron el decreto directamente, mientras que es mucho menor –y en algunos casos inexistente– en las comunidades que aprobaron leyes autonómicas devolviendo la cobertura sanitaria a la población afectada, como Catalunya, donde las denuncias por violencia de género bajaron entre 2009 y 2016 solamente un 7,6%.