La limpieza viaria, la recogida de residuos, las guarderías, la grúa, la zona azul o el agua son servicios que cada vez más ayuntamientos metropolitanos deciden asumir de forma directa, después de una época en que lo habitual era dejar su gestión en manos de empresas privadas. La remunicipalización está ganando peso en la agenda política. "Hay una ola de interés, aunque su aplicación es complicada", reconoce Esther Pano, coordinadora del Observatori de Govern Local de la Fundación Carles Pi i Sunyer. Según la experta, la externalización de servicios municipales, por motivos prácticos o ideológicos, fue ganando terreno en los años ochenta. Una tendencia que se mantuvo hasta la crisis económica, en 2007, cuando empezaron a surgir en Europa voces críticas con la gestión y el incremento de los precios. En España, sin embargo, el Gobierno continuó favoreciendo las externalizaciones como parte de las medidas de austeridad. El viento cambió tras las elecciones municipales de 2015, de las que surgieron consistorios con proyectos remunicipalizadores.

Pros y contras de la remunicipalización

¿Cuáles son los argumentos a favor de la gestión pública? El coordinador de la Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP), Arnau Comas, defiende que es más transparente, permite un mayor control democrático y busca el interés general. "Es evidente que la gestión privada no es necesariamente mejor que la pública", asegura Comas. Según él, esta postura "ya no es exclusiva de la izquierda": después de algunas concesiones, Administraciones de colores políticos muy distintos han podido comprobar que han “perdido el control” de los servicios que habían externalizado.

En el otro extremo, el presidente de la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES), Francesc Sibina, defiende la externalización enumerando ventajas como la eficiencia, la eficacia y la especialización. Opina que la ola a favor de la internalización "ha perdido fuelle" y censura que algunos ayuntamientos hayan abierto procesos "por pura ideología política". Esther Pano, por su parte, añade que no hay evidencias para defender que una u otra opción sea más eficiente o rentable. "No parece que haya una tendencia marcada únicamente por la forma de gestión; hay más elementos, y el diablo está en los detalles", dice. Un repaso por algunas experiencias recientes en Catalunya permite hacerse una idea de las motivaciones que llevan a impulsar estas políticas.

La primera gran ciudad catalana que ha municipalizado la gestión del agua es Ter­rassa. El pasado diciembre, después de una concesión de 77 años a la compañía Mina Pública d’Aigües de Terrassa S.A., el abastecimiento pasó a manos públicas, las de la empresa municipal Taigua. Según su gerente en funciones, Marc Cadevall, los estudios realizados concluyeron que la gestión pública resultaría "más eficiente y sostenible" porque, entre otras cosas, permite al Consistorio ahorrarse el beneficio industrial y el IVA. Eso sí: la tarifa, que siempre se ha fijado en el pleno, se mantendrá inalterada.

Los ciudadanos fiscalizan la gestión

Cadevall defiende que el nuevo modelo será más transparente y abierto a la participación, frente a una gestión privada que califica de "opaca". El municipio, que está gobernado por el PSC, ha constituido el Observatori de l’Aigua de Terrassa, un órgano consultivo –en el que estaran representados el tejido asociativo y los partidos políticos–, que fiscalizará la gestión y debatirá las medidas más importantes. Ramon Clariana, de la Federación de Asociaciones Vecinales de Terrassa y de la Taula de l’Aigua de la localidad, considera "importantísima" la participación de la ciudadanía.

¿Qué retos debe afrontar Taigua a partir de ahora? Clariana menciona la mejora del sabor del agua, la modernización de las infraestructuras y la prevención de las fugas. "Tenemos bastante claras algunas cosas que hay que hacer para que en poco tiempo se aprecie una mejora en algunos aspectos", avanza el gerente. La ciudad vallesana, además, tiene que lidiar con otro obstáculo habitual en estos procesos: su judicialización. Mina y diferentes grupos de accionistas han iniciado cuatro procedimientos contenciosos por lo que, contando con los presumibles recursos, se espera que el caso tarde años en cerrarse. La empresa no ha querido ofrecer declaraciones para este reportaje.

En Barcelona, el Gobierno de Ada Colau (BC) decidió "recuperar musculatura" municipal con un millar de nuevos puestos de trabajo para internalizar servicios de competencia municipal considerados "esenciales" y asumibles. "Cuando llegamos al Ayuntamiento, nos encontramos con que en diez años este había perdido el 10% de su plantilla; no es que hubiese adelgazado: es que estaba famélico", afirma el jefe de gabinete de Presidencia y Territorio de Barcelona, Lluís Basteiro.

Algunos de los proyectos no han salido adelante, como la funeraria pública, rechazada en el pleno de febrero, con la que se preveía ofrecer precios un 30% inferiores a los del mercado. Otros, como la internalización del agua, se han quedado a medias. "La gestión privada es el 25% más cara, tiene más pérdidas e invierte menos en la red", aseguraba el concejal de Presidencia, Agua y Energía barcelonés, Eloi Badia, durante el pleno en el que se aprobó iniciar los trámites del proceso de remunicipalización que los tribunales mantienen parado. En cambio, el Gobierno local ha conseguido crear Barcelona Energia, la comercializadora municipal de energía eléctrica 100% renovable con la que el Consistorio ofrece "un servicio más transparente con información clara sobre tarifas y gestión", según un comunicado. Además, la ciudad ha internalizado tres guarderías, los puntos de información y atención a las mujeres maltratadas, las oficinas de atención a la vivienda, la televisión municipal, el mantenimiento del arbolado viario, el control de plagas, la inspección fiscal y el instituto municipal de informática.

Movilidad en Mataró y Sabadell

Otras poblaciones internalizan servicios para mejorar su coordinación con otras tareas municipales. Es el caso de Mataró, gobernado por el PSC, que estrenó el año asumiendo la grúa y la zona azul. El concejal de Servicios Centrales, Juan Carlos Jerez, explica que el Consistorio aprovechó la finalización de ambos contratos para integrar los servicios en la empresa municipal Pumsa. Este organismo, que ya gestionaba el depósito de vehículos y los aparcamientos públicos subterráneos, pasa así a concentrar las cuatro funciones, algo que, según el concejal, facilitará la elaboración de una estrategia común con la policía local y el servicio de movilidad del Ayuntamiento.

La capital del Maresme ha seguido los pasos de Sabadell –gobernada por Crida per Sabadell, Unitat pel Canvi, ERC y Guanyem Sabadell–, que se hizo cargo de estos servicios en 2016. La corporación asegura que, gracias a ello, se ahorra cada año unos 250.000 euros. En el caso de la grúa, un servicio en el que la empresa concesionaria había actuado, según el Ayuntamiento, con "ánimo recaudatorio", el servicio está mancomunado con Castellar del Vallès y Barberà del Vallès.

EL LÍO DEL AGUA METROPOLITANA

A la gestión pública del agua también aspiran consistorios como Badalona o Sant Boi. En Barcelona, el pleno aprobó en noviembre iniciar el camino con el que se podría "bajar el 10% el recibo y se ahorrarían 38,7 millones de euros", según defendió el equipo de gobierno. Pero la medida no será fácil de aplicar. Desde 2012, el abastecimiento en 23 municipios metropolitanos está en manos de Aigües de Barcelona, una sociedad compuesta por Agbar (70%), La Caixa (15%) y el AMB (15%). CiU y PSC –que gobernaban entonces el AMB– le otorgaron la gestión hasta 2047. Varias empresas lo denunciaron y, en 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya la anuló, alegando la falta del concurso necesario. Agbar recurrió al Supremo y, mientras se espera el fallo, sigue gestionando el servicio. Si la sentencia anula la concesión, quedaría abierta la puerta de la gestión pública si así lo decidiese el AMB.