“Las elecciones de 2024 van a ser las más relevantes en la historia de Estados Unidos”. Esta advertencia del economista político Mark Blyth es rotunda, pero apenas nueva. Se repitió con insistencia en noviembre de 2020, ante la posible reelección de Donald Trump. La oiremos incesantemente entre hoy y el 23 de julio. Se repetirá de cara a las elecciones al Parlamento Europeo, en junio de 2024. En las elecciones federales alemanas de 2025 y las presidenciales francesas de 2027. Cada elección, de ahora en adelante, será la más relevante de nuestras vidas. Hasta que llegue la siguiente.

Pese a ser contradictoria y un poco frustrante, la afirmación encierra una verdad incómoda. Esto se debe a dos tendencias fundamentales. La primera es el auge de la derecha radical o ultraderecha. Contra la complacencia de los popes de la lucha contra el populismo, que en 2020 vaticinaban su extinción, la derecha radical mantiene su ascenso electoral. Hoy es difícil encontrar países europeos sin partidos de este tipo (Irlanda, Malta), o en los que el centro-derecha aún les imponga un cordón sanitario (Francia, Alemania).

Es un hecho constatado —de Estados Unidos a Polonia, pasando por Hungría y con próxima parada en Italia— que la permanencia de estos partidos y movimientos en el poder socava la democracia. El miedo que genera la derecha radical no es tanto el de perder unas elecciones en democracia, sino el de perder la democracia en unas elecciones. Por eso las siguientes son siempre las más relevantes.

El otro frente abierto es la crisis climática. Los desastres medioambientales —incendios cuyas humaredas atraviesan continentes, océanos calentándose a un ritmo sin precedentes— se han vuelto fenómenos cotidianos. Si en lo que queda de década no reducimos dramáticamente nuestras emisiones de carbono, traspasaremos los umbrales que

permiten sostener la vida en el planeta. La urgencia de esta crisis explica la importancia de cada elección, puesto que su resultado determinará cómo se aborda.

Ocurre que estos dos problemas –crisis climática y ascenso de la derecha radical– se entrelazan y retroalimentan. El comentario de Blyth incide precisamente en esta cuestión. Como señalan él y el catedrático de política internacional de la Tulane University Thomas Oatley, una forma útil de entender la polarización de EEUU es analizarla como resultado de un enfrentamiento en torno a la necesidad —o no— de reaccionar ante el cambio climático.

Así, Donald Trump y los republicanos representan a una “coalición del carbono” compuesta por sectores económicos que dependen de los combustibles fósiles y la emisión de CO2. Industrias extractivas —petróleo y gas de fractura hidráulica, minería, madereras— agroindustria, petroquímica y metalurgia, así como pequeñas y medianas empresas que abastecen a estos sectores. Joe Biden y los demócratas, por su parte, estarían vinculados a universidades, el sector mediático y de entretenimiento, grandes tecnológicas

y multinacionales farmacéuticas.

Los nichos más dinámicos de la economía del conocimiento, que no quieren prolongar ni dependen de un modelo de crecimiento basado en quemar combustibles fósiles y emitir CO2. Pero que hasta ahora no han generado un modelo de crecimiento capaz de aglutinar a mayorías sociales que le confieran estabilidad a medio y largo plazo.

Transformar el modelo de crecimiento estadounidense a través de políticas industriales verdes, que generen empleo y cohesión social, es un imperativo para la coalición electoral

demócrata. Pero también es una amenaza para la “coalición del carbono” republicana. Ambas perciben este desencuentro como un conflicto existencial de suma cero. Ninguna está del todo desencaminada en esta apreciación. Pero el resultado de sus cálculos es un país en el que cada elección trae consigo el espectro del conflicto civil.

La Unión Europea también se enfrenta a la suma de estos dos problemas. Pero lo hace en circunstancias muy distintas. En primer lugar, las estrategias para combatir el

cambio climático causan divisiones entre los Estados miembros. El apego de Polonia al carbón, o de Francia a la energía nuclear, contrastan con la apuesta por renovables que hace Alemania —país cuyo modelo de crecimiento, por otra parte, atraviesa dificultades en el contexto de la desconexión europea del gas ruso—. Pero la integridad del Mercado Único es incompatible con un escenario en el que cada Estado miembro opta por desarrollar su propia agenda climática, energética e industrial.

La solución a esta fragmentación pasaría por garantizar la provisión de bienes públicos, coordinar políticas industriales y facilitar la inversión pública y privada a escala europea. Antes dicho que hecho: las reglas fiscales de la UE no están diseñadas para facilitar este proceso. Tampoco existe un consenso para reformarlas de manera ambiciosa, mucho menos actualizar los tratados europeos.

Eso deja a Bruselas sin herramientas económicas comparables a las que despliegan Washington o Pekín en esta coyuntura. La transición ecológica también genera fracturas

dentro de cada Estado miembro de la UE. Las protestas de los chalecos amarillos, los efectos políticos de la sequía en España o el alza del populismo agrario en Países Bajos dan buena cuenta de cómo las consideraciones redistributivas condicionarán la lucha contra el cambio climático.

La traslación de estas tensiones a la política electoral es de sobra conocida. Las izquierdas difieren en su diseño de una agenda verde, a veces de manera sustancial. No es fácil reconciliar las posiciones más liberales —que priorizan facilitar la transición ecológica a los mercados— con las que abogan por que el Estado dirija la transición ecológica; ni navegar las contradicciones del movimiento ecologista. Con todo, existe un consenso sobre la necesidad de tomar medidas urgentes para abordar la crisis.

En la derecha pueden distinguirse tres posiciones. La reaccionaria, propia de la derecha radical, apuesta por movilizar a los damnificados por la transición energética para impedir que esta se ponga en práctica. La posición ortodoxa —como la del ministro de Finanzas alemán, el liberal Christian Lindner— es la más contradictoria: pasa por admitir

la gravedad del problema, sin dar el brazo a torcer respecto a las medidas para atajarlo, que pasan por una reforma en profundidad de la gobernanza económica europea. Por último, existe una posición reformista, cuyo máximo exponente es Ursula von der Leyen. La presienta de la Comisión Europea proviene del centro-derecha alemán, pero no ha dudado en promover una agenda proactiva a la hora de hacer frente a las crisis que la UE ha afrontado durante su mandato, incluida la climática.

Giro conservador

En 2023, no obstante, la Comisión acusa tanto la fatiga tras varios años de reformas intensas como el giro conservador en varios Estados miembros de la Unión. El auge de la derecha radical, que en los últimos años ha adoptado una estrategia de acercamiento al centro-derecha europeo, amenaza con anegar posiciones como la de Von der Leyen.

Al igual que EEUU, la UE se enfrenta a disyuntivas muy difíciles en lo que queda de década. La respuesta europea ante las crisis de la covid19 y la invasión rusa de Ucrania, así como el despegue de la energía renovable en países como España (gracias en parte a la financiación europea), permiten esbozar una salida en positivo a la concatenación de

crisis (sanitaria, económica, climática, de seguridad) acumuladas desde 2020. Si, por el contrario, la derecha radical sostiene su crecimiento, es previsible que este empuje se frene en seco.

El continente que más deprisa se calienta desperdiciaría el poco tiempo del que disponemos para encauzar la crisis climática con negacionismo climático y guerras culturales estériles. Por desgracia las siguientes elecciones —en España, en Estados Unidos, en la UE— seguirán siendo las más relevantes de nuestra historia