Eran las 7:30 de la mañana y la Policía Nacional dejó ayer a 18 familias de patitas en la calle, sin el techo que las cobijaba. Sucedió en Móstoles y las fuerzas del orden dejaron sin hogar a más de 40 personas. Lo hizo antes de que siquiera la comitiva judicial autorizase el desahucio... más de dos horas antes de la hora que estaba previsto el inicio de la actuación... a pesar de que había 18 menores entre los afectados y en contra de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para paralizar el desalojo... ¿Esta es la protección de los okupas de la que hablan PP y Vox? Diría más bien lo contrario, que se protege al propietario que, por cierto, es Midtown Capital SL, un fondo buitre de Miami.
Llevamos toda la campaña electoral sufriendo una sarta de mentiras por parte de la derecha con su líder convertido en Fakejóo y su escudero Abascal sosteniendo el pendón fascista. Las falsedades en torno a la okupación son recurrentes, dibujando una realidad en la que pareciera que los propietarios particulares son víctimas y están desprotegidas, cuando no es así. La derecha extrema confunde intencionadamente okupación con asalto de la propiedad privada, cuyo desalojo es inmediato.
Del mismo modo que sucede con el catastrofismo económico que describen, han generado una alarma social que no se sostiene con las cifras oficiales. Más del 98% de las okupaciones se producen como la que vimos ayer en Móstoles: edificios abandonados durante años, propiedad de entidades bancarias. El Edificio Dignidad, como se conocía al de ayer en cuestión, era propiedad del banco malo -Sareb- hasta que hace unos meses se lo vendió a un fondo buitre. Más allá de que esa ha sido la práctica habitual de la Sareb desde que se creó para intentar recuperar algo del rescate bancario de 60.000 millones de euros que Mariano Rajoy nos ocultó negando que fuera tal cosa, en la actuación de ayer vemos el poder del dinero.
Rozando la ilegalidad y traspasando cualquier línea de moralidad y humanidad, 25 antidisturbios fueron reventando una a una las puertas del interior, desalojando a casi medio centenar de personas sin alternativa habitacional. Horas antes, la Policía Nacional había establecido un cordón en las calles aledañas impidiendo el paso de activistas o, incluso, de periodistas. La máxima era que no hubiera testigos. De nuevo, otra irregularidad que violenta nuestros principios constitucionales.
La violenta actuación vivida ayer en Móstoles se da de bruces con el Real Decreto-Ley que establece que hasta final de año no se puede desahuciar a las familias sin alternativa habitacional. A pesar de ello, el fondo buitre Midtown Capital SL se salió con la suya. Si esta es la protección a los okupas sobre la que PP y Vox han levantado sus campañas con un discurso tan agresivo como el modo en que se tumbaron ayer las puertas de 18 hogares, ¿cómo sería la situación con ellos? Quizás la respuesta está en esa empresa de matones con el cerebro anabolizado que actúa mafiosamente y anda colgando lonas del odio.
La situación de emergencia habitacional que vivimos en España no irá a mejor con la derecha extrema en el poder. El encarecimiento de la vivienda, tanto de compra como de alquiler, irá en aumento, toda vez que el mercado ya calienta motores en espera de esa irrupción conservadora en el poder, con modelos de negocio de venta de habitaciones o anuncios en televisión promoviendo la inversión en ladrillo. Votar a la derecha hoy no es espantar los temores de que te okupen la casa mañana, sino precisamente acercar la posibilidad de que algún día, a lo peor, sea usted quien tenga que okupar, porque se cortará de raíz el crecimiento de los contratos indefinidos, de la subida del Salario Mínimo Interprofesional o de la revalorización de las pensiones al IPC. No digan después que no estaban advertidos y advertidas.