El juez Manuel García Castellón ha abierto la caja de Pandora. Con sus polémicas actuaciones, cuestionadas incluso por los fiscales conservadores de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, se pone encima de la mesa si la judicatura ha de ser intocable. ¿Por qué los y las magistradas han de estar blindados contra la crítica, como parece defender la judicatura? ¿De veras opinar sobre sus actuaciones pone en riesgo la división de poderes o más bien su estatus quo elitista?
A nadie le agrada que terceros critiquen su trabajo. Los jueces no son una excepción, pero no por ello deben permanecer en una urna de cristal, protegidos de cualquier crítica. La valoración de sus actuaciones no debería representar problema alguno; no acatar sus sentencias sí, pero no es el caso. Nuestro estado de derecho y la división de poderes se basan precisamente en eso, en el respeto a las decisiones judiciales, su acatamiento, algo que no es incompatible con la crítica a esa sentencia.
A pesar de esta obviedad, la judicatura se siente estos días agraviada, aunque no son pocos sus miembros que asisten atónitos a la actuación de alguno de sus colegas. Tiene razón el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en afirmar que existen mecanismos, como los recursos y las apelaciones, si no se comparten los fallos judiciales, pero de nuevo nos topamos con otra obviedad: ¿acaso no se puede emitir una crítica al tiempo que se recurre una sentencia?
Por otro lado, este argumento es de ida y vuelta, es decir, en lugar de soliviantarse tanto cuando se emiten críticas, la judicatura debiera pensar que son precisamente esos recursos y apelaciones, juzgados por sus propios colegas, la mejor defensa a la crítica. Son como una suerte de golpe en la mesa acallando la sala, pues la ratificación de una decisión judicial suele bajar la temperatura de la crítica. Además, cuando no se produce tal ratificación y se modifica sustancialmente una sentencia, apenas se dirige la mirada al juez que falló inicialmente. Son precisamente todos estos recursos ganados los que más incentivan la crítica legítima.
Por otro lado, con su mandato caducado desde hace años, el CGPJ no está para dar muchas lecciones de moralidad, aunque sus magistrados anden ahora agitados buscando formar un bloque compacto que les blinde a las críticas. No recuerdo tal frente común cuando otro juez instructor, José Castro, investigaba a Iñaki de Urdangarín y la infanta Cristina por el caso Nóos y fue cosido a críticas desde los sectores más conservadores. Pareciera que unos jueces importen más que otros o, quizás, quienes desequilibran la balanza de la igualdad son las personas imputadas... es algo sobre lo que el CGPJ debiera reflexionar.
Las decisiones judiciales han de respetarse y acatarse hasta que la Justicia no diga lo contrario. Ese es un principio democrático básico que absolutamente nadie ha puesto en cuestión. Así pues, quienes pierden tiempo y energía tratando de impedir el escrutinio público de las actuaciones debieran trabajar su capacidad de frustración. Aplicar la ley no es un ejercicio automático, es decir, no siempre una acción A lleva a una sentencia B; requiere interpretar tanto la ley como los hechos que se someten a ella. Si juzgar los hechos estuviera sujeto a una rigurosa objetividad, bastaría un puñado de computadoras para agilizar el atasco judicial que sufrimos. Así pues, esta necesidad de interpretación justifica la existencia del mismo juez, pero del mismo modo e inevitablemente abre la puerta a la crítica legítima.