La Generación Z protesta por tercera semana en Perú pese a la violencia policial y ataques digitales

La violencia policial y las amenazas en las redes han escalado contra la Generación Z en Perú, pero debido a la indignación -han señalado a Público- vuelven a las calles este fin de semana. En su primera Marcha Nacional, el pasado 13 de septiembre contra la coalición del Ejecutivo y el Congreso, sufrieron represión policial en el centro de Lima, y horas antes de la segunda protesta, más de 50 activistas y fotógrafos fueron víctimas de suplantación de identidad, desactivación de sus teléfonos móviles, y doxeo en TikTok con sus rostros y el estigma de "terrorista". En la tercera manifestación, el domingo 21, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos registró 83 agresiones policiales, 16 de ellas contra periodistas que documentaban el abuso de los agentes y detenciones arbitrarias.

"Una vez más, el ejercicio del derecho a la protesta es restringido violentamente en Perú. El Gobierno tiene claras las recomendaciones realizadas por mi mandato en el pasado, pero sigue sin informar sobre su avance: los hechos hablan más que las palabras", denunció en X el domingo 21 Gina Romero, relatora de Naciones Unidas para el derecho a la asamblea pacífica. A esa hora, la Policía realizaba detenciones arbitrarias y disparaba perdigones de goma y gas lacrimógeno a corta distanciada de las personas, de forma no reglamentaria, afectando además a transeúntes y vendedores ambulantes, incluidos niños y adultos mayores.

La Generación Z exige derogar la ley de pensiones, promovida por el partido fujimorista Fuerza Popular, que desde 2027 obligará a los mayores de 18 años a afiliarse obligatoriamente al sistema privado o público de pensiones. Tras la primera protesta, el Congreso anuló la afiliación obligatoria de los trabajadores autónomos que iba a regir desde 2028.

"La ley que hizo Fuerza Popular para retener este dinero no nos pareció bien. Es la segunda vez que vengo; no es correcto que los policías hayan reaccionado de esa manera cuando solo fuimos a hacer presencia", dijo una operadora de call center, consultada cuando recuperaba la respiración tras el ataque de gas lacrimógeno.

"En el Congreso aprueban proyectos para su beneficio propio, nosotros trabajamos más de 12 horas para llevar algo a la casa: mi sueldo es el básico (unos 253 euros), un sueldo basura, sinceramente", añadió la trabajadora de 30 años, a quien le deducen dinero para un fondo de pensiones.

Sin embargo, la protesta tiene más motivos: la corrupción en el Ejecutivo y en el Congreso, la impunidad en las violaciones de derechos humanos y el aumento de los asesinatos a manos de extorsionadores. Hasta agosto, según el gremio de transportistas Anitra, unos 65 transportistas han muerto a manos de sicarios.

Razones del rechazo

Según una encuesta nacional de CPI realizada este mes, solo el 2% aprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte y un 1,8% aprueba la del Parlamento. Boluarte asumió el cargo en diciembre de 2022 en un pacto con el partido de Keiko Fujimori que tenía el control del Congreso con diputados aliados.

La alianza se consumó tras el fallido autogolpe del entonces presidente Pedro Castillo -cuando intentó evitar que el Congreso decidiera su vacancia-. Desde entonces, la coalición controla entidades que antes eran autónomas: la Defensoría del Pueblo, el consejo de la judicatura, el Tribunal Constitucional, la Contraloría, y, esta semana, el Ministerio Público.

Boluarte afronta investigaciones fiscales por los asesinatos que cometieron la Policía y el Ejército durante protestas antigubernamentales entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 en Lima y otras siete regiones, así como otros cargos por corrupción y tráfico de influencias. El actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, es investigado junto con un hermano de Boluarte y policías por organización criminal en una trama de tráfico de influencias y corrupción. Además, la fiscal general, suspendida de manera ilegal por el consejo de la judicatura, abrió investigaciones penales a más de 50 congresistas.

Desde 2023, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, y Human Rights Watch han documentado el viraje autocrático en Perú, la impunidad ante las masacres de 2022 y 2023, las leyes de prescripción y amnistía a favor de quienes cometieron terrorismo de Estado entre 1980-2000, y otras normas que facilitan la actuación del crimen organizado.

En 12 meses, ha habido una docena de paros de transporte y bloqueos de avenidas en la capital después de los asesinatos cometidos por extorsionadores. El miércoles, dispararon a un conductor de la línea 23 de autobuses mientras reponía combustible: según el diario El Comercio, era el quinto ataque contra la empresa. Decenas de chóferes se movilizaron en sus buses horas después para protestar frente al Congreso, pero la Policía les bloqueó el paso. Miguel Palomino, dirigente de la Asociación Nacional de Conductores, anunció entonces que se unían a la Generación Z en su protesta de este sábado 27 y domingo 28.

Frustración e indignación

Al día siguiente de la brutal represión policial del domingo 21, un acto sobre participación política juvenil abordó la cuestión en la Universidad Católica. "Muchos jóvenes sienten que no tienen futuro y se desinteresan de la política, pero no podemos caer en el derrotismo", planteaba un estudiante al politólogo Fernando Tuesta, el principal experto sobre elecciones en Perú.

En abril, dos millones y medio de jóvenes votarán por primera vez en los comicios generales, mientras que cerca de siete millones de electores son menores de 30 años de edad, indica el Reniec, que administra el padrón electoral. La entidad ha registrado entre enero y agosto que más de 490.000 peruanos se han ido del país.

"La probabilidad de que la coalición gobernante se mantenga es alta, será una campaña electoral terriblemente confusa [con más de 40 partidos inscritos]. Todas las instituciones que han sido intervenidas tienen un mandato de varios años por delante y, debido a la desafección, los políticos tienen más autonomía, no existe control social. Con su protesta contra el reglamento de las administradoras de fondos de pensiones los jóvenes no han logrado cambiarlo por completo, pero sí ajustarlo", comentó Tuesta.

"En la marcha del sábado 20, la Policía nos encerró en la plaza San Martín impidiéndonos avanzar, nos dio mucha rabia porque habíamos ido con mucha intención", comentó otra estudiante.  Otra universitaria de 19 años dijo a Público que el domingo fue su primera marcha y la Policía disparaba balas de goma "caiga quien caiga: ha sido una atrocidad".

"Una compañera se desmayó por el efecto de cuatro bombas lacrimógenas, llegaron más efectivos y le rompieron el móvil a un compañero mío porque estaba grabando un abuso, luego lo patearon y le golpearon la cabeza hasta que quedó inconsciente. Esto es extremo porque solo reclamamos lo que corresponde, es nuestro derecho a la libre expresión", describió la joven, que se describió como portavoz de la Generación Z, pero pidió anonimato.

"Esto hace que el joven tenga la impotencia de lo que ha vivido: vamos a salir con más fuerzas y más estrategias", añadió. Según otra manifestante, "para detener a algún joven que la Policía ya tiene identificado como líder de algún colectivo, lo provoca y golpea sin parar hasta que responda: a veces los agentes usan palos, no sus herramientas, sino objetos que encuentren en el camino para lastimar y amedrentar".

Ataques y amenazas digitales

Coraly Escobar estudió Ciencia Política y fue dirigente estudiantil en su universidad: en esa condición participó en 2024 y 2025 en marchas de los familiares de víctimas y sobrevivientes de las masacres de 2022 y 2023. Es una de las más de 50 personas a quienes desconocidos suplantaron su identidad para dejarlos incomunicados en las protestas de la Generación Z.

El domingo 21 fue a la manifestación con un par de monedas para el transporte y se cuidó de no responder a provocaciones de policías e infiltrados, relató.

Escobar denuncia que ha sido testigo de que la Policía "siembra" a los estudiantes banderas, carteles y otros objetos para mencionarlos en las denuncias policiales. "Estoy evaluando si asistir a las marchas, siento que vendrán tiempos peores: todo esto ha ido empeorando progresivamente: ellos irán callando y deteniendo joven por joven", lamentó.

Milagros Samillán se convirtió en 2023 en activista de derechos humanos después de que policías asesinaran a su hermano Marco cuando daba primeros auxilios a heridos en la represión de las protestas antigubernamentales en Juliaca, al sur del Perú. Él era biólogo e interno de medicina.

La joven, graduada en Psicología, también sufrió la anulación de su línea telefónica y una burda campaña de estigmatización en TikTok; pese a la gravedad de lo ocurrido, la empresa operadora de telefonía no le informó quién pidió desactivar su teléfono y sin un nombre no ha podido denunciar el delito, explicó.

"Nos seguimos organizando para las siguientes marchas sin tenerle miedo a este Gobierno; al contrario, con más fuerza porque estamos ejerciendo nuestro derecho a la protesta", indicó la activista.

Del anime a las calles

La bandera negra con un cráneo y sombrero de paja pertenece a personajes del manga y anime japonés One Piece, que luchan contra opresores: fue el icono de las protestas juveniles que en agosto derrocaron al Gobierno en Nepal, y es el mismo que usa la Generación Z en Lima desde la primera protesta contra las administradoras privadas de pensiones. Un par de especialistas lo destacan como parte de la cultura de la Generación Z peruana.

"One Piece es el manga más vendido a nivel global y en Perú es una de las series más conocidas, por lo que su popularidad no nace a partir de las protestas de Nepal. El anime (One Piece y otras series) se adopta como parte de la cultura que luego se evidencia en todo nivel, incluyendo protestas. No hay una relación directa de la historia con el contexto de Nepal, pero es una forma de que la generación diga: Yo estoy presente", detalla Sofía Pichihua, directora del medio especializado en cultura asiática Otaku Press y catedrática universitaria.

El filósofo Víctor Casallo ha estudiado la ética en las historias de animes desde la fenomenología y recalca que One Piece es popular desde hace mucho tiempo en las comunidades otaku de Lima. "En los últimos años, los streaming comenzaron a emitir anime y se hizo más popular todavía. One Piece es de aventuras, amistad, luchar por tus sueños, tiene una clave amistosa y juvenil", sostiene el profesor universitario.