Amnistía Internacional ha denunciado este jueves los vínculos de empresas internacionales con delitos cometidos por el Ejército de Birmania. La organización ha sacado a la luz la financiación que reciben de Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) algunas unidades de las Fuerzas Armadas del país asiático responsables de crímenes de derecho internacional y otras violaciones de derechos humanos.

MEHL es un hermético conglomerado empresarial fundado por el régimen militar birmano en 1990 cuyas actividades abarcan los sectores minero, cervecero, tabacalero, textil y bancario. Según una investigación de Amnistía, varias divisiones militares poseen una tercera parte de las acciones del grupo. De acuerdo a los documentos a los que ha tenido acceso la ONG, MEHL tiene alianzas con diversas empresas extranjeras, entre ellas Kirin, que se encuentra entre los mayores fabricantes mundiales de cerveza, y POSCO, una de las empresas siderúrgicas más importantes del mundo.

"Estos documentos ofrecen nuevos datos sobre cómo las Fuerzas Armadas de Birmania se benefician del vasto imperio empresarial de MEHL. No se trata de que MEHL haya financiado sin saberlo violaciones de derechos humanos, es que su consejo de administración está formado en su totalidad por importantes personalidades militares", afirma Mark Dummett, responsable de Amnistía Internacional sobre Empresas, Seguridad y Derechos Humanos.

"Los autores de algunas de las peores violaciones de derechos humanos de la historia reciente de Birmania figuran entre las personas que se benefician de las actividades empresariales de MEHL; por ejemplo, Min Aung Hlaing, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, poseía 5.000 acciones de MEHL en 2011", añade Dummett en un comunicado de Amnistía. La ONU acusa a Min Aung Hlaing de supervisar la brutal campaña contra la población rohinyá en 2017 y por ello pide que sea investigado y enjuiciado por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La información obtenida por Amnistía revela la identidad de los accionistas del conglomerado empresarial, que sigue bajo la dirección y en propiedad de personal militar en activo o retirado, así como el importante reparto de dividendos que han recibido. En un periodo de 20 años, entre 1990 y 2011, la cifra destinada al pago de dividendos asciende a 107.000 millones de kyats, aproximadamente unos 18.000 millones de dólares según el cambio oficial de hace nueve años. De ellos, 95.000 millones de kyats (lo que supondría entonces unos 16.000 millones de dólares) fueron destinados a unidades militares.

Entre los ejemplos que expone Amnistía, destaca el del Comando Occidental,  al frente de las operaciones en el estado de Rajine, entre ellas las atrocidades cometidas contra la población rohinyá y otras minorías étnicas. El informe fiscal de MEHL de 2010/2011 menciona como accionistas a 95 unidades distintas que forman parte del comando. Poseían más de 4,3 millones de acciones y ese año recibieron pagos por un valor superior a 1.250 millones de kyats, lo que equivaldría en 2011 a 208 millones de dólares de acuerdo al cambio oficial.

"Aunque personas ajenas al Ejército no pueden saber cómo gastan estos dividendos las unidades militares, el volumen y la regularidad de los pagos sugieren que se utilizan para cubrir gastos operativos", subraya Mark Dummett.

"Al dotar de estos fondos a unidades militares, MEHL está reforzando sus recursos y financiando sus operaciones, que incluyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Cualquier empresa que haga negocios con MEHL se expone a contribuir a dichas violaciones de derechos humanos", añade Yadanar Maung, portavoza de Justice for Myanmar, organización de activistas que ha divulgado datos sobre la identidad del accionariado de MEHL.