BUENOS AIRES.- El Congreso argentino constituyó este martes una comisión bicameral permanente para estudiar la deuda externa contraída desde la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Estará compuesta por ocho senadores y ocho diputados, y tendrá que emitir una "opinión fundada" sobre las irregularidades que pudieran haber cometido los sucesivos Gobiernos ya en democracia.

El objetivo de la comisión es el de averiguar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior desde el 24 de marzo de 1976, cuando la Junta militar dio el golpe de Estado. En 180 días deberán presentar su informe al Congreso.

Los diputados indagarán en los compromisos que ha contraído el país desde entonces, lo que implica examinar canjes, megacanjes, blindajes, negociaciones, refinanciaciones, pagos de comisiones, reestructuraciones y suspensión de pagos.

La comisión también supervisará la deuda que está en manos de los fondos buitre, un asunto sensible en Argentina después de que un juez de Estados Unidos, Thomas Griesa, fallara en contra del país con la orden de que pagara 1.330 millones de dólares a los acreedores que no habían entrado en los canjes de 2005 y 2010 (el 7,6% del total de los bonos).

La delegación examinará los pagos que el país tiene acordados con sus acreedores, y además deberá pronunciarse sobre los plazos y las cantidades de dinero pactadas en cada caso, advirtiendo sobre las irregularidades que hallaran en el camino.

La mitad de los diputados y cinco de los ocho senadores que integran la comisión son del Frente para la Victoria (FPV), el partido de Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Fue ella quien propuso la supervisión de la deuda externa a través de la ley de pago soberano de la deuda aprobada por el Congreso en 2014.La misma mandataria explicaba por entonces que con el golpe de Estado, el país comenzó "a transitar por una etapa de desindustrialización acelerada con exclusión social", y que "la contrapartida financiera de este modelo" conllevaba el sobreendeudamiento del país.

"La deuda externa ascendía en 1976 a 8.000 millones de dólares. Al término de la dictadura, era de más de 43.000 millones. El aumento de la deuda pública externa fue una constante en cada uno de los Gobiernos que siguieron a la dictadura", expresó la jefa de Estado.  A marzo de 2015, Argentina tenía una deuda externa de 137.810 millones de dólares. Si el Producto Interior Bruto argentino se calcula en 609.900 millones, la deuda externa representa el 22,59% del PIB.

"Estudiaremos la geneología de la deuda externa desde 1976 y cómo se constituyó como un elemento de poder", explicó a Público el diputado por el FPV Eric Calcagno, presidente de la comisión. "Analizaremos también el tema de los fondos buitre, en lo que hoy es un verdadero bloqueo financiero de la Argentina. Es una lucha para saber si la soberanía reside en el pueblo o en los tenedores de deuda".

La comisión trabajará con el precedente del informe Di Cola, llamado así por el exdiputado Eduardo Di Cola, "en el que se determinó quiénes eran los que fugaron capitales del país con la crisis de 2001", según Calcagno.

FMI, cómplice de la dictadura

Claudio Lozano, integrante de la comisión y diputado por Unidad Popular, quiere analizar también la resolución del juez Jorge Ballesteros, que en 2000 reconoció la ilegitimidad de la deuda externa tras estudiar una denuncia del historiador y político Alejandro Olmos. En 1982, aún bajo el gobierno militar, Olmos acusó al FMI de complicidad con la dictadura, certificando además que no estaban los registros contables de la deuda. El juez reconoció 477 irregularidades, pero la causa fue archivada por prescripción.

Lozano reclama además la revisión de la deuda que se acordó con el Club de París, dado que la mitad fue originada con el régimen militar, "y la participación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) como una institución que operó con el tema del endeudamiento y que ha sido susceptible de operaciones de lavado y pérdida de fondos para el financiamiento del sistema provisional".

"Esto se produce en el marco de la discusión con los fondos buitres, por eso el Gobierno creó esta comisión frente al cuestionamiento que hacíamos de que el canje de 2010 era ilegal", razonó Lozano con este diario. "En estos quince años nunca se hizo nada. Esto es un punto de partida".

El diputado quiere retomar también todas las denuncias que se han realizado ante la Justicia sobre las reestructuraciones de la deuda en la década del 90. "Con todas las dudas que nos genera el oficialismo, vamos a garantizar que se investigue en serio, y si no, lo denunciaremos", afirmó.