Con el objetivo de seguir fidelizando a la cuota más convencida de su electorado, esos que necesitan la dosis de mano dura semanal para seguir firmando debajo de la gestión del líder en el que confiaron, el presidente Jair Bolsonaro avanza con su plan de flexibilización del uso de armas. Ha ocurrido en el peor momento de la crisis sociosanitaria, en un movimiento ejecutado en la víspera del puente de Carnaval, cuando no se hablaba de otra cosa más que del efecto pandémico en la semana sagrada de la cultura brasileña.

La intención gubernamental es "desburocratizar y ampliar el acceso a armas de fuego y municiones en el país". Para ello han modificado los decretos que ellos mismos elaboraron en 2019. Entre los detalles más llamativos, permitir a los profesionales con derecho a porte de armas –Fuerzas Armadas, policías y miembros de la Magistratura o la Fiscalía– comprar hasta seis armas de uso restringido. El límite anterior era de cuatro armas. Otro decreto actualizado permitirá a tiradores y cazadores duplicar su número de armas, llegando a niveles de sesenta para tiradores y treinta para cazadores. Solo se exigirá autorización del Ejército por encima de esas cifras.

Bolsonaro se regocija del efecto de sus maniobras. La población, ha comentado, "está vibrando con los decretos". El presidente viene avisando desde hace décadas de sus intenciones, y ha mantenido su postura una vez alcanzado el poder. En el polémico vídeo de la reunión ministerial publicado en mayo del año pasado, el presidente repetía que quería "al pueblo armado". Según él, "un pueblo armado jamás será esclavizado".

El Partido Socialista Brasileiro (PSB), Rede Sustentabilidade (REDE), el Partido de los Trabalhadores (PT), el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y el Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) han presentado ante el Tribunal Supremo diversas Acciones Directas de Inconstitucionalidad, argumentando que los nuevos textos gubernamentales "alteran significativamente el Estatuto de Desarme (Ley 10.826/2003) y atentan contra la vida y la seguridad de la población, pues pueden potenciar la creación de milicias armadas y grupos paramilitares". Un grupo de organizaciones de la sociedad civil dan apoyo y soporte a las acciones.

La magistrada Rosa Weber, relatora de estas acciones en el Supremo, decidió este pasado martes 23 de febrero que es necesaria "la apreciación inmediata" de los pedidos de medidas cautelares, "consideradas la relevancia de la materia y las repercusiones sociales que conllevaría la implementación ejecutiva de toda la norma". Weber ha dado a Bolsonaro un plazo de cinco días útiles para presentar informaciones complementarias explicando con detalle las razones de estos nuevos decretos armamentísticos.

Entre las medidas que más preocupan a las organizaciones de la sociedad civil, según la gerente de proyectos del instituto Sou da Paz, Natália Pollachi, están las del porte de ármas en tránsito, que antes estaba limitado y ahora se extiende a cualquier itinerario y horario libre; la eliminación de la presentación de justificación de necesidad a la hora de la compra del arma, y la retirada de varios artículos armamentísticos de la lista PCE (Productos Controlados por el Ejército).

Comprende Pollachi que buena parte de la sociedad está preocupada por la inseguridad ciudadana, por la violencia urbana y la violencia en el campo, y está habituada a las soluciones policiales y militares a base de tiroteos, pero explica que la seguridad pública se basa en "medidas colectivas, nunca individuales". En Brasil "estamos acostumbrados a la letalidad de la confrontación; cuando lo que se debería hacer es investigar más y responsabilizar a los culpables sin confrontación".

Es una política que va "contra la seguridad pública", declara para Público Melina Risso, directora de programas del Instituto Igarapé. "Los datos de 2020 presentan un aumento del 5% en el número de homicidios, en un año de pandemia en el cual la gente se ha quedado en casa". Permitir seis armas por persona, o sesenta armas para tiradores y treinta para cazadores, es, según el Instituto Igarapé, "armar a las milicias paramilitares, grupos extremistas, que vienen dando base y soporte" a Bolsonaro. "Está liberando un volumen aterrador de armas para esas categorías". Son bastante habituales en Brasil las operaciones judiciales que destapan "fraudes y distribución de armas al crimen organizado, con certificado de tiradores, cazadores y coleccionadores".

Por si fuera poco, subraya Risso, "en lugar de aumentar el proceso de control, Bolsonaro ha desmontado el proceso de fiscalización, ha reducido las competencias de los órganos de control". Antes el control era más detallado. Los tiradores deportivos, que necesitan material para sus entrenamientos, contaban con medidas adaptadas su nivel de actividad. Ahora mismo es sencillo darse de alta como tirador recreativo de naturaleza no deportiva.

"Bolsonaro no es la causa, Bolsonaro es la consecuencia", puntualiza Risso. "Tenemos un país bastante violento, con un número de homicidios mayor que cualquier país del mundo, y sin estar en guerra. Lo que el presidente Bolsonaro ha hecho es incitar la rabia y la insatisfacción de las personas, ha canalizado este proceso". El Gobierno Federal, en lugar de dar respuesta a la frustración de una parte de la población, lo que hace es erigirse en "portavoces del miedo", comenta para este reportaje Isabel Figueiredo, del Forum Brasileiro de Segurança Pública. Papel que también desempeñan "algunos medios de comunicación".

A vueltas con el referéndum de 2005

Uno de los principales argumentos que emplea Bolsonaro para tratar de armar a la población es el de estar siguiendo los pedidos de los propios brasileños, que en el referendum de 2005 votaron "no" a la prohibición del comercio de armas de fuego y munición en Brasil (63.94% frente a 36.06%). La realidad de la cuestión es que la Ley de Control de Armas –el Estatuto de Desarme– de 2003 (primera legislatura de Luiz Inácio Lula da Silva) incluía un artículo sobre prohibición de venta de armas de fuego en Brasil para las personas que no formaran parte de las categorías de seguridad pública. Quedó estipulado que ese artículo solo entraría en vigor mediante referendum popular, pero el resultado a la confusa pregunta fue no a la prohibición –si estabas en contra de la venta de armas tenías que votar sí–, así que se pudo pudo seguir comprando armas, siempre que cumplieran con los requisitos impuestos en la ley.

"La población no dijo que se quería armar", recalca Melina Risso, , que a su vez resalta la actual opinión de la ciudadanía: "Hemos visto una resistencia en la sociedad, que no piensa que con más armas una sociedad se vuelve más segura". Lo que sucedió en el referéndum de 2005 lo analiza Isabel Figueiredo desde el punto de vista comunicativo –"la forma en que se redactó la pregunta afectó a las campañas"– y desde la perspectiva regional –Río Grande del Sur, donde el no a la prohibición de la venta de armas obtuvo un 86.83%, es claramente un "estado de tradición armamentística"–.

En la actualidad, sin embargo, o la opinión de los brasileños ha cambiado por completo o las encuestas hacen preguntas más detalladas que la de aquel referendum. A mediados de 2019, tras los primeros decretos de armas de Bolsonaro, ahora flexibilizados más todavía, las encuestas publicadas por dos de los centros de referencia en el país, Ibope y Datafolha, dejaban claro que más del setenta por ciento de la población está en contra del ideario bolsonarista.

"El discurso de Bolsonaro al principio vende, pero luego vemos que la media en los sondeos es siempre esa: 70% contra el comercio de armas", incide Isabel Figueiredo. Entre el porcentaje a favor se encuentran, por supuesto, los más fieles seguidores del presidente. Suele haber cinco puntos más de rechazo entre las mujeres. "Sabemos quiénes somos las víctimas", señala Figueiredo. "Sabemos lo que es tener un marido armado en casa".