Poco les importa a Jair Bolsonaro y a Donald Trump que los terrenos sobre los que quieren duplicar la superficie del Centro Espacial de Alcântara guarden los recuerdos de la lucha abolicionista y antirracista emprendida hace cuatrocientos años en Brasil.

Si les dejan, la base pasará de contar con 8.000 hectáreas a tener más de 20.000, y desterrará a ochocientas familias, igual que expulsó a más de trescientas a finales de los ochenta. Es la letra pequeña del Acuerdo de Salvaguardas Tecnológicas firmado en Washington en 2019 y refrendado este año.

Estas familias habitan en las cerca de doscientas comunidades quilombolas que aún existen en la región. Las referencias a los quilombos en Brasil, nacidos de la revuelta de los africanos esclavizados y de su autoliberación, comienzan en el siglo XVII, citados en la correspondencia de 1701 y 1702 entre el gobernador general del Estado de Maranhão, Fernão Carrilho, y el Rey de Portugal, Pedro II, el Pacífico.

El gobernador alertaba al rey, por aquel entonces, de que a orillas del río Turiacú habían confirmado la existencia de unas "aldeas de esclavos", que habían protagonizado un levantamiento hacía "muchos años", logrando "huir de sus señores". Carrilho se encargaba de localizar los quilombos y destruirlos, volviendo a apresar a los que allí encontraba.

Hoy el municipio maranhense de Alcântara, en el noreste del país, es el santuario de la resistencia quilombola, con este núcleo sagrado de aldeas pobladas por descendientes de los asentamientos del siglo XVII, herederos del origen del movimiento negro brasileño. Y también de la lucha indígena, ya que una parte de los pueblos originarios sufrieron la misma barbarie esclavista colonizadora y poblaron, de igual modo, los quilombos tras los levantamientos.

La situación estratégica del Centro Espacial de Alcântara, muy próxima a la línea del ecuador, la transforma en una pieza atractiva dentro del esquema espacial estadounidense y dentro de la oferta comercial cada vez más extendida. Allí se podría alcanzar un 30% de ahorro en combustible. A cambio, Brasil podrá facturar hasta 10.000 millones de dólares por año. Dicen, los que hicieron estas cuentas, que oponerse al proyecto es ir en contra del progreso.

Cuando las comunidades quilombolas vieron que el Ejecutivo y el Congreso Nacional brasileño tenían una definición de progreso diferente a la suya y no moverían ni un dedo para impedir el maltrato –nadie les consultó siquiera–, se pusieron manos a la obra. En Brasil les secundan todas las instituciones organizadas en la Coalizão Negra por Direitos, y a este respaldo intentaron sumar otro que se antojaba imposible: "Iniciamos contactos el año pasado, enviando una carta desde Alcântara al Congreso de Estados Unidos, explicando cómo nos perjudica este acuerdo", cuenta para Público Danilo Serejo, asesor jurídico del Movimiento de los Afectados por la Base Espacial de Alcântara (MABE). "A partir de entonces, elaboramos una agenda de trabajo para implicar a algunos congresistas".

Se apoyaron en el Rapoport Center for Human Rights and Justice, de la Universidad de Texas, que cuenta en sus filas con Davi Pereira, quilombola, y también en la labor del profesor de antropología Sean T. Mitchell, de la Rutgers University, en New Jersey, que conoció sobre el terreno la problemática de todas estas comunidades.

La lección la tienen bien aprendida: los más mayores del lugar no olvidan la primera embestida espacial, en 1986 y 1987. La base estaba recién inaugurada y 312 familias fueron desalojadas. Recuerda Neta de Canelatiua, coordinadora de MABE, que esas 312 familias fueron reubicadas en otras aldeas con derecho a casa y lote de 15 hectáreas de terreno, pero "lejos del mar", donde pescaban, y con "una tierra que no produce tanto". Más allá de la importancia histórica de los quilombos, el arraigo cultural incluye la pesca artesanal –precisamente en el litoral de Alcântara es donde se ubican los territorios amenazados por la ampliación de la base espacial– y la agricultura familiar, sobre todo cultivos de yuca, maíz, alubias y sandías.

Reacciones y el apoyo de los congresistas estadounidenses

El gobierno Bolsonaro promete a las familias que desterrará corredores de acceso a la costa donde pescaban, centros de salud, agua potable y luz, tal y como publicó en el Diario Oficial de la Unión en marzo de este año, una vez refrendado en el Congreso Nacional el acuerdo espacial con la administración Trump. La Justicia Federal del estado de Maranhão no pareció convencida y emitió una media cautelar mes y medio después que suspendía temporalmente este destierro. Con mucho atraso, en septiembre, se despertaron voces aisladas en la Cámara de Diputados brasileña, con un proyecto de decreto legislativo que cancelaría la resolución del Ejecutivo para proteger a las comunidades quilombolas.

Completando este intento de remontada, y añadiendo la presión internacional necesaria, apareció el pasado 7 de octubre en Estados Unidos la carta enviada por los congresistas del Partido Demócrata Deb Haaland, Bernie Sanders, Joaquin Castro y Hank Johnson, a los comités de servicios armados en la Cámara de Representantes y el Senado de su país. Era la respuesta a la pedida de auxilio desde Alcântara. Clamaban por "protección para las comunidades afrobrasileñas", ante los "ataques racistas" y los "desplazamientos".

Haaland, Sanders, Castro y Johnson exponen que por supuesto que pueden construirse prometedoras colaboraciones tecnológicas entre ambos países, pero bajo ningún concepto se deben utilizar "los dólares de los contribuyentes estadounidenses para reubicar por la fuerza a estas comunidades centenarias indígenas y quilombolas". Otros dieciséis congresistas plasmaron su firma en el documento.

Si el progreso y el desarrollo anunciado por Bolsonaro y Trump esquivara estas trabas, y la presión de los congresistas estadounidenses no surtiera efecto, la coyuntura alcanzaría un nivel mucho más complicado en Alcântara. "No tenemos plan B, vamos sobre la marcha", reconoce Neta de Canelatiua: "Con cada ataque, lanzamos una reacción". Lo que prometen desde el movimiento negro en general y desde estos quilombos en particular es lucha constante. "Que no tengan ninguna duda. No existe ninguna legislación, ni en Brasil ni a nivel internacional, que autorice la expulsión de las comunidades quilombolas", indica Danilo Serejo. "Eso no es posible, no hay discusión. Vamos a permanecer en nuestra tierra, y Brasil y Estados Unidos se tendrán que adecuar a eso".