Los cerca de 200.000 españoles que viven en el Reino Unido y los 300.000 británicos residentes en España preservarán los intereses y derechos, según ha asegurado el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

El Gobierno ha aprobado este viernes un real decreto ley con "medidas de contingencia" para minimizar los efectos de una posible salida sin acuerdo del Reino Unido de la Unión Europea y garantizar los derechos de ciudadanos de ambos países, que confía no tener que aplicar.

"Esperemos que no entre nunca en aplicación, porque lo haría única y exclusivamente si el Reino Unido decidiera salir de la UE sin acuerdo y por la ventana", ha señalado el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Otras de las medidas que se han tenido en cuenta en este decreto ley es la "especial atención" al Campo de Gibraltar y establece medidas de movilidad que faciliten un flujo rápido a través de la verja y de las 9.000 personas que la atraviesan a diario. Además, busca preservar el normal funcionamiento de los flujos comerciales entre España y el Reino Unido y defender los intereses económicos de España, ha detallado.

Elaborado con la colaboración de los 14 ministerios afectados por el brexit, el decreto ley contiene medidas de "carácter coyuntural y unilateral" ya que ha sido elaborado por "decisión del Gobierno español" y solo se aplicará si el Reino Unido sale sin acuerdo de la UE y aprueba medidas similares.

Borrell ha explicado que se ha abordado de manera unilateral con la certeza de que el Reino Unido va a aprobar un paquete de medidas similares, ya que negociarlo de manera bilateral hubiera supuesto un tratado internacional cuya tramitación sería mucho más larga. También ha subrayado que, "haya o no acuerdo de retirada", lo ya convenido con el Reino Unido sobre Gibraltar seguirá siendo igual de válido. "Si hay acuerdo bien, si no también", ha dicho.

El real decreto ley, que se estructura en cuatro capítulos, aborda fundamentalmente dos grandes áreas: ciudadanía y actividades económicas, aunque también prevé normas de cooperación policial y judicial sobre procedimientos iniciados antes de la fecha de retirada.

En cuanto a las disposiciones generales, se ha detallado el mecanismo de reciprocidad de todas las medidas y su carácter temporal. En materia de ciudadanía se han incluido asuntos como la Seguridad Social, asistencia sanitaria, permisos de residencia y trabajo, el reconocimiento de cualificaciones educativas y profesionales.