Bruselas propone congelar 7.500 millones en fondos a Hungría por violar el Estado de derecho

La Comisión Europea (CE) propuso este domingo suspender el desembolso de fondos europeos a Hungría por sus continuas violaciones a los principios del Estado de derecho, sobre todo en materia de lucha contra la corrupción y fraude en los procedimientos de contratación pública.

El Ejecutivo comunitario es partidario de "suspender el desembolso del 65% de los compromisos de tres programas operativos de la política de cohesión por un importe estimado de 7.500 millones de euros, lo que supone más de un tercio de la dotación de cohesión de Hungría", informó en una rueda de prensa el comisario europeo de Presupuestos, Johannes Hahn.

Bruselas decidió dar este paso a la espera de que el Gobierno de Viktor Orbán implemente las reformas prometidas para resolver las deficiencias que detectaron las autoridades comunitarias y que supusieron la activación del expediente.

El Gobierno de Hungría, por su parte, continuará negociando con la Comisión Europea (CE) la posibilidad de evitar que se haga efectivo el recorte de los fondos de cohesión propuesto hoy por el Ejecutivo comunitario.

Así lo aseguró la ministra de Justicia húngara, Judit Varga, quien se mostró optimista al asegurar que ya se han alcanzado ciertos logros en las negociaciones en curso. "Avanzamos en buena dirección. Seguimos el trabajo", afirmó Varga en la red social Facebook, a lo que enfatizó: "en muchos aspectos hemos logrado resultados positivos".

El Gobierno del primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, seguirá trabajando "para que los húngaros tengan los fondos que les corresponden", agregó. Se espera que el gabinete de Orbán presente este lunes al Parlamento el primer paquete de enmiendas para poder avanzar en las negociaciones con Bruselas.

Hahn recordó que este caso comenzó cuando la CE notificó a Budapest en abril su preocupación por las infracciones de los principios del Estado de Derecho, en el contexto de que podían suponer un riesgo para el buen uso del presupuesto comunitario.

Se refirió en concreto a irregularidades sistemáticas y deficiencias en la contratación pública, insuficiencias en el tratamiento de los conflictos de intereses en el ámbito público, carencias en el seguimiento efectivo de las investigaciones y actuaciones judiciales en casos relacionados con fondos y deficiencias en la lucha contra la corrupción.

En julio, la Comisión informó a Hungría de que propondría medidas al resto de países de la UE para proteger el presupuesto comunitario, a no ser que desarrollara medidas correctoras adecuadas para solucionar el problema, y a partir de ahí Budapest se comprometió a adoptar 17 iniciativas.

"Con estas medidas, Hungría ha asumido compromisos importantes y públicos en la dirección correcta", celebró Hahn, quien elogió ese "compromiso constructivo, aunque sea tardío", pero advirtió a su vez de que "lo que cuenta son los resultados".

La congelación de los fondos tiene que ser ahora aprobada en el plazo de un mes por el resto de Estados miembros por mayoría cualificada, lo que supone que Polonia -el gran socio de Hungría en estos asuntos- no tiene capacidad de veto.

Sin embargo, este plazo puede extenderse en otros dos meses, lo que implica que Budapest tiene hasta el 21 de diciembre para poner en marcha las reformas prometidas a las autoridades comunitarias y poner freno al proceso para que la congelación de los fondos no sea efectiva.

Hahn explicó que a más tardar el 22 de septiembre presentarán su propuesta a los Estados miembros y les pedirán de entrada que amplíen el plazo inicial de un mes para que se pronuncien, ya que "la hoja de ruta que hemos acordado con los húngaros para cumplir realmente con estos 17 elementos clave necesita cierto tiempo".

Hungría es uno de los mayores beneficiarios de los fondos regionales de la Unión Europea, con más de 22.500 millones de euros asignados en virtud de la Política de Cohesión hasta 2027.

La Comisión Europea activó a finales de abril el mecanismo que condiciona el desembolso de fondos europeos al respeto de los principios del Estado de derecho, que fue acordado en las negociaciones del presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027, y que no había sido utilizado antes.

Hungría y Polonia llegaron incluso a bloquear aquellas negociaciones por su oposición a dicho mecanismo y recurrieron ante la Justicia europea, pero más tarde el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) avaló el mecanismo.