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Bruselas se salta las líneas rojas del Europarlamento sobre el pacto secreto del ‘TTIP de servicios’ 

Un documento de la Comisión Europea al que ha tenido acceso Público prueba que el Ejecutivo comunitario se niega a incluir una cláusula específica para proteger la diversidad cultural y lingüística, entre otras muchas cosas, en el acuerdo de servicios (TISA) que negocia en secreto con una veintena de países como Panamá, Suiza o EEUU.

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Panorámica del Parlamento Europeo.- REUTERS/Vincent Kessler

MADRID.- De cara a la galería Bruselas celebra que el Europarlamento se involucre y dibuje sus líneas rojas sobre el pacto secreto del TISA también conocido como el TTIP de servicios, pero en otros círculos se muestra mucho menos alegre y obvia parte de sus indicaciones. La Comisión Europea ha decidido saltarse varias de las directrices establecidas por el Pleno del Parlamento Europeo en febrero de este año, que acotaban considerablemente el campo de juego del polémico acuerdo sobre servicios que negocian medio centenar de estados, entre ellos Panamá, Suiza, EEUU y la UE.

Un documento remitido a la Comisión de Comercio Internacional (INTA) del Europarlamento al que ha tenido acceso Público recoge la respuesta del Ejecutivo comunitario al informe de la cámara, que no es vinculante pero sí marca un sendero a Bruselas. De no seguirlo Bruselas, responsable de las negociaciones, el Parlamento podría votar en contra la ratificación del acuerdo, con lo que el ‘Trade in Services Agreement’ (TiSA) nunca vería la luz.

Uno de los requisitos de la cámara es que todos los países firmantes del acuerdo adopten al menos los 8 convenios fundamentales de la OIT, algo de lo que Bruselas “toma nota cuidadosamente”, para limitarse a sugerir que hay que estrechar los canales de “diálogo” y “cooperación” en este sentido. “ La Comisión es consciente de que un requerimiento de ratificación explícita por todas las partes [estados firmantes] podría no ser compatible con el objetivo compartido por el Parlamento y la Comisión de integrar completamente el TiSA” dentro del sistema de comercio multilateral”, apostilla el Ejecutivo europeo.

“Es una tomadura de pelo”, asegura a este diario Tom Kucharz, portavoz de Ecologistas en Acción y miembro de la Campaña estatal contra el TTIP y el TiSA. “La Comisión aplaude todos los puntos en los que el Parlamento Europeo expresa su apoyo a la liberalización, o sea la privatización, lo que implica un aumento de la desigualdad y una pérdida de derechos, mientras advierte que va a ignorar las líneas rojas que se marcaron en el informe, como la exclusión de las listas negativas, el cumplimiento de las normas de la OIT, o el rechazo a usar cláusulas trinquete [o cláusulas ratchet]”, critica Kucharz.

Las cláusulas ratchet y stand still –“Que permiten congelar la actividad legislativa y complican los planes de remunicipalización”- también fueron vetadas por el Europarlamento, pero eso no impide que la Comisión se resista a dejarlas fuera del acuerdo. “Estas cláusulas son un pilar importante de la arquitectura del TiSA”, afirma el Ejecutivo comunitario.

“Rechazar las cláusulas ratchet y standstill en esta fase tan avanzada de las negociaciones no sólo tendría un impacto negativo en el nivel de ambición del acuerdo, sino que además llevaría unas negociaciones muy avanzadas de vuelta al punto de partida”, justifica la Comisión. “Estas cláusulas no impiden a ninguna de los estados firmantes del TiSA introducir nuevas regulaciones, siempre que esto se haga de una forma no discriminatoria”, apostilla.

Diversidad cultural y lingüística, en el punto de mira

El documento, fechado el 12 de abril de 2016, también hace referencia a otras exigencias del Europarlamento sobre las que la Comisión simplemente afirma que “tomará nota”, como la inclusión de una cláusula para poder dejar el acuerdo o suspender o revertir privatizaciones.

También rechaza incluir otra cláusula específica y vinculante para “preservar el derecho de las partes a adoptar o mantener cualquier medida con respecto a la protección o promoción cultural y la diversidad lingüística”. “La Comisión asegurará que el TiSA de ninguna forma menoscabe la capacidad de la UE y los estados miembros de promover y proteger la diversidad cultural y lingüística”, promete Bruselas tras su negativa.

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción recuerda también que el Ejecutivo comunitario no hace mención a la criticada opacidad de las negociaciones, al estudio de impacto del TiSA que teóricamente debería salir a la luz antes del verano; no aclara “el motivo por el que no hará un capítulo sobre desarrollo sostenible o derechos laborales en el acuerdo” y “silencia las controversias entre los negociadores”.

“El documento de la Comisión Europea no considera las preocupaciones ni los puntos críticos del Parlamento Europeo. Muestra una actitud antidemocrática, como es normal en las negociaciones de tratados comerciales. No va a tener en cuenta las recomendaciones del Parlamento Europeo de cara a las negociaciones”, zanja.

La “copia de seguridad” del TTIP

Kucharz advierte que el TiSA está siendo enfocado como una suerte de “copia de seguridad” para conseguir los objetivos que también persiguen el debilitado TTIP, el tratado de libre comercio entre Washington y Bruselas, y el CETA, el acuerdo comercial entre la UE y Canadá, cerrado y pendiente de ratificación.

“Las negociaciones están muy avanzadas y en términos políticos plantearía un escenario de mayores privatizaciones de servicios públicos que el TTIP o el CETA”, sostiene el activista, que afea a Bruselas que no haga referencia en el documento en cuestión “a las preocupaciones de los sindicatos y la sociedad civil”. “Muestra, una vez más, su carácter antidemocrático y autoritario”, sentencia.

Partidos políticos, sindicatos y centenares de organizaciones sociales integradas en la Campaña contra estos tratados advierten que su ratificación supondría una pérdida de soberanía sin precedentes para los estados. La última filtración de WikiLeaks, publicada en exclusiva en España por este diario a finales de mayo, prueba que sobre la mesa de negociaciones están el control de las empresas de titularidad pública o la privatización de ciertos servicios públicos. Aunque Bruselas prefiera obviarlo.