Nayib Bukele, presidente de El Salvador, responde a la comunidad internacional tras dar un golpe al Estado de derecho. "Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos, pero con todo respeto: estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia", ha afirmado el dirigente a través de Twitter.

En otro mensaje publicado en la red social, Bukele afirmó: "¡Al fin, estamos construyendo una nueva historia!".

EEUU, la UE y la ONU han mostrado su preocupación después de la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional del Supremo y del fiscal general, Raúl Melara, con el apoyo del presidente.

En el último año, el presidente Nayib Bukele tuvo enfrentamientos en más de una ocasión con estos funcionarios por decisiones judiciales e investigaciones del Ministerio Público.

Fueron 64 legisladores de los 84 que componen la Asamblea Legislativa los que votaron por la destitución de los magistrados y del Fiscal, que fueron electos por anteriores legislaturas.

Los magistrados Luis Javier Suárez, Héctor Naúm García, José Ángel Pérez, Elsy Dueñas Lobos y Óscar Alberto López Jérez han sido propuestos para sustituir a los titulares hasta el momento -José Óscar Pineda Navas, Aldo Cáder, Carlos Avilés, Carlos Sánchez y Marina Marenco de Torrento-. También se ha destituido a los suplentes.

Analistas y defensores de derechos humanos advirtieron que, con la destitución de los magistrados constitucionales, el país se queda sin contrapesos para controlar las acciones del Gobierno y de la Asamblea Legislativa.

"La CSJ (Corte Suprema) es la instancia a la cual recurrir ante hechos de abusos de poder y violación a derechos constitucionales. Desmantelarla por decreto es dejar sin protección a la ciudadanía y romper de un golpe el necesario control interinstitucional entre los 3 poderes del Estado", dijo Celia Medrano, candidata a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Para Medrano, esta situación es "la ambición de control total concretada", lo que significa que "buscan no tener ningún control ni poder que pudiese frenar acciones arbitrarias e ilegales".

Por su parte, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha subrayado que las normas y estándares internacionales de Derechos Humanos estipulan que "los jueces solo pueden ser sustituidos en caso de faltas graves de conducta o de incompetencia, de acuerdo a un procedimiento justo que asegure la objetividad y la imparcialidad establecida en la constitución o la ley".