Los últimos inquilinos de La Parette se han quedado en la calle con lo puesto.  Son las 9.00 horas y salen ligeros para alguien que abandona la que ha sido su casa. Como equipaje, una bicicleta, una pequeña mochila a la espalda o un carrito de la compra. Algunos activistas de asociaciones contra el racismo y la vivienda precaria -y también algunos vecinos solidarios que han madrugado para acompañarles y militantes del Partido de Izquierda-,  les aplauden mientras enfilan el camino con la cabeza gacha.  El poblado chabolista más grande de Marsella ya es historia.

Durante dos años y hasta esta mañana dio abrigo precario a unos 400 inmigrantes procedentes de Rumanía, Bulgaria y Kosovo, la mayoría romaníes rescatados de otras evacuaciones en los últimos años. El paisaje es familiar y se repite en toda Francia, convertido el inmigrante romaní en una suerte de chivo expiatorio desde la presidencia de Nicolas Sarkozy.  El propio Primer Ministro, el socialista Manuel Valls, calificó más de una vez a los gitanos de Europa del Este de "inintegrables" en sus tiempos al frente de Interior. El número total de expulsiones como la de Marsella se duplicó en 2013 respecto al año anterior.

Sobre La Parette  pesaba la amenaza de expulsión desde el pasado diciembre, pero tras una tregua invernal fue hoy a las cinco de la mañana cuando la Prefectura de Bouches-du-Rhône cumplió la orden de desalojo dictada por la justicia.  A esa hora la policía bloqueaba el acceso al terreno, propiedad de la comunidad urbana Marseille Provence Métropole, el organismo público que agrupa 18 municipios del área de Marsella.

Sólo entre 100 y 150 personas serán realojadas provisionalmente El trabajo de meses queda en papel mojado: la barraca en la que una asociación de artistas impartía talleres de pintura a los niños y cursos de francés a los adultos, los baños secos instalados por arquitectos voluntarios o los esfuerzos por orientar a los chabolistas hacia el mundo del trabajo o la formación académica. Solo 18 familias, entre 100 y 150 personas,  serán realojadas provisionalmente a cargo de la Prefectura, como dispone la circular del Ministerio de Interior  de agosto de 2012. Una treintena de inmigrantes depende de la caridad y ha encontrado refugio en una sala propiedad de la parroquia del barrio de La Capelette. El resto ya está en la calle. Algunos han decidido volver a sus países en los últimos días. Las chabolas ya no existen: a mediodía, las máquinas entraron en el poblado ya vacío y machacaron las casetas para impedir cualquier tentativa de regreso.

Roberta, de 16 años,  es la más joven de sus hermanos, junto a los que llegó a Francia hace ya cinco años, acompañados todos de la madre, la abuela y otros parientes.  Quiere volver a Timisoara (Rumanía) en dos semanas, aunque de manera provisional. "Allá es imposible quedarse porque no hay trabajo", argumenta. La vida se le ha complicado bastante en los últimos meses. A la expulsión prevista se suma su futura maternidad, que aún no se intuye pero que le hace sentirse "enferma". Salió de su chabola a las cinco de la mañana, justo cuando llegaron los policías, y se refugió con sus allegados al otro lado de la carretera de Saint-Jean-du-Désert, que bordea el poblado. "Vivíamos ahí mismo,  justo en la entrada", dice señalando hacia el acceso bloqueado. 

Pese a ser menor de edad y estar embarazada, la Prefectura no le ha ofrecido ninguna opción para pasar la noche. Dominique Idir, activista de Artriballes, la asociación de mantuvo los últimos meses talleres artísticos para los chavales de La Parette, negocia unos días de hotel para ella con la ayuda de la Fundación Abbé Pierre, una organización histórica en la lucha contra la vivienda precaria en Francia. "Sabes que no tenías por qué quedarte embarazada si no querías, lo sabes, ¿verdad?, la regaña la voluntaria mientras Roberta asiente.

"Pensé que todo sería más fácil aquí, que conseguiríamos un trabajo", lamenta la chica. Habla perfectamente francés y, al contrario de lo que  afirman continuamente políticos de todas las siglas, su intención es quedarse y hacer su vida en Marsella. Se ha acercado al terreno de nuevo antes de que lo destruyan. Desde las vías del tranvía que pasan al lado de La Parette, el poblado todavía se parece algo a lo que fue: precario pero acogedor porque incluso dentro de las cabañas las familias decoran con mimo lo poco que tienen. La barraca de los talleres era el orgullo de los activistas. En ellas los voluntarios de Secours Catholique impartían clases de francés para los mayores y para los adolescentes con problemas para incorporarse a las aulas.

Hoy, desierto, ya no hay nada más que hacer en La Parette.  Los chabolistas, aconsejados por las asociaciones que trabajan con ellos, suelen abandonar horas antes el terreno para no enfrentarse con la Policía y hacer su salida menos violenta.

Expulsión tras expulsión

Después de dos semanas de calor asfixiante, este mañana llueve en Marsella y el viento sopla  más frío. En invierno, asociaciones y ONG como Rencontres Tsiganes, Médecins du Monde, Secours Catholique o la Ligue des Droits de L'Homme consiguieron arrancarle a la Prefectura unos meses extra. Las familias se salvaron de verse en la calle en pleno diciembre y a las asociaciones pudieron asentar un trabajo social entonces embrionario. Muchos de los inmigrantes acababan de llegar a La Parette expulsados de La Capelette, otro poblado marsellés para el que no hubo ni tregua ni perdón. "Nunca he visto a ninguna familia resistirse al desalojo. Lo acatan como una especie de fatalidad.  Saben que no es definitivo y que un día los echarán", cuenta Jean-Paul Kopp, presidente de la asociación Rencontres Tsiganes, a las puertas del poblado.

"Nunca he visto a ninguna familia resistirse al desalojo" La furgoneta de Emmaüs, otra de las entidades que estos meses ha prestado apoyo a los vecinos de La Parette, recoge su material, la mayoría mantas y ropa que ya no harán falta. En un muro, alguien ha pegado el reportaje gráfico publicado por Le Ravi, un periódico local, sobre la historia de este vecindario siempre sobre las cuerdas. Se titula Chronique d'un bidonville y relata por medio de dibujos el nacimiento y muerte de La Parette, las peticiones de los candidatos de la UMP para  que la policía adelantase su fin durante la campaña electoral de las municipales o las notificaciones de OQTF (Obligation de Quitter le Territoire Français) que algunos romaníes recibieron por carecer de recursos después de tres meses en el país. El mercado de trabajo está abierto para ellos desde inicio de año, en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano europeo, pero de la teoría a la práctica hay mucho trecho y la economía informal sigue reinando en el poblado.

Condenados a dejar la escuela

Durante la mañana, la prefecta para la igualdad de oportunidades, Marie Lajus, se acercó al asentamiento ya vacío. Los militantes que quedaban  la recibieron a gritos de racista y con narices de payaso. "Los recursos no permiten realojar a la totalidad de las familias. Esto ha creado una gran tensión  y somos conscientes de ello", admitió ante los micros de la prensa.  Activistas como Kopp e Idir aseguran que, a pesar de las dificultades, la Prefectura es quién más ha puesto de su lado para salvar La Parette, frente a la postura poco dialogante del Ayuntamiento y de la comunidad urbana, que pretende vender el terreno  con vistas a un proyecto inmobiliario aún muy difuso.

A todos les preocupa el futuro escolar de los niños, que con cada expulsión se alejan del colegio. En La Capelette estaban escolarizados, pero con la evacuación algunos quedaron descolgados en La Parette. No siempre hay plazas disponibles en los centros vecinos de los nuevos lugares en los que se instalan. Ir al colegio durmiendo cada noche en una chabola sin agua corriente, ni caliente, es un obstáculo que abre una brecha entre unos y otros.

"Con cada desalojo, los pequeños dejan de ir a clase y los perdemos de vista"

"Con cada evacuación, los pequeños dejan de ir a clase y los perdemos de vista. Ayudarlos a seguir es más inteligente que desplazar la pobreza", pedía Anne, maestra de algunos de los chavales del campamento  en la rueda de prensa convocada la semana pasada por la Ligue des Droits de L'Homme  delante del poblado.  Sobre los muros de la entrada la asociación ICI colgó los retratos de algunos de los vecinos más jóvenes, los que perderán la mínima estabilidad conseguida en los últimos tiempos.  Los rostros de Lorena, Andrei, María, Manuela, Alex o Ionatan, niños romaníes de 5 y 16 años, llegaron también hasta las calles del centro de la ciudad gracias a una iniciativa en la que todos posaron con su nombre real. No es lo más frecuente. Las historias individuales,  y a veces también los matices, se diluyen en las tinieblas del "problema rom"..

"Hay que dejar de repetir que los roms no envían a sus niños al colegio, o que abusan de ellos y los obligan a mendigar. No es cierto. Cada expulsión los obliga a empezar de nuevo.  Todos trabajamos en la precariedad. Yo mismo, también. Al principio me angustiaba y me he tenido que adaptar". Ahmed Saharaoui,  educador de Addap13, conocía uno por uno a los niños de La Parette y trataba a diario con las familias. Por eso se toma con resignación los criterios impuestos por la Prefectura para evaluar a los "integrables" y darles acceso a una vivienda provisional, las 18 familias afortunadas que no dormirán esta noche a la intemperie. "Tienen que tener niños escolarizados y hablar algo de francés, estar inscritos en Pôle Emploi o en formación y no tener antecedentes penales. ¡Es como separar entre buenos y malos! Si he tenido una condena y la he saldado, ¿por qué tengo que pagarla otra vez? Se les impone una doble pena", se queja.  

Como en La Parette, buena parte de los inmigrantes romaníes obligados a dejar los poblados informales se quedan en la calle pese a que la circular de 2012 se compromete a no expulsar sin un trabajo de inserción, especialmente en lo que se refiere a la vivienda. Otras veces, los hoteles pagados las primeras noches fuera de las chabolas solo se les ofrecen a las mujeres y los niños y las familias renuncian para no separarse.

"El ayuntamiento [de la UMP, de centro-derecha] no quiere ni oír hablar de las chabolas. Lo único que ha hecho es aceptar la gratuidad de los comedores escolares y facilitar la inscripción en las escuelas", apunta Saharoui. Una inscripción que, por otra parte, ningún alcalde puede prohibir, porque la ley exige que todos los niños menores de 16 años estén escolarizados sin excepción.

Cada vez que la Policía ejecuta la orden judicial de un desalojo, el trabajo de inserción se pierde y el Estado gasta. En concreto, calcula el educador, "unos 1.700 euros por día en vigilancia". Las barracas machacadas de La Parette estarán custodiadas al menos un mes por vigilantes de seguridad, como lo estuvieron ya las de otros asentamientos arrasados. Aunque la regiones y los departamentos aporten fondos para la inserción de estos inmigrantes económicos, que viajan en familia y son sedentarios en sus países de origen, gran parte del dinero se pierde por la desidia y el temor de los políticos locales a tomar una decisión que les pase factura electoralmente. "Aquí todo lo que hay lo hemos hecho las asociaciones y los voluntarios", insiste Dominique Idir.

A pocos kilómetros de Marsella, el alcalde de Gardanne, el comunista Roger Meï, sí escuchó finalmente a los activistas que le exigieron un proyecto de inserción para los roms instalados en el municipio, financiando con fondos europeos. La precariedad sigue ahí, pero al menos los inmigrantes saben que no están a merced de una decisión judicial que los obligue a partir. El mandatario esgrime con frecuencia sus orígenes en una familia de inmigrantes italianos como razón de su compromiso.

Una misión contra la vivienda informal

Nadie duda que otro asentamiento chabolista aparecerá los próximos días en Marsella. Las familias que se han quedado en calle buscarán un nuevo terreno y comenzarán lo ya conocido. Irá creciendo como creció el de La Parette desde  otoño del año pasado si otros poblados son destruidos también.  Pero está vez, los activistas conservan cierta esperanza. El gobierno acaba de poner en marcha un dispositivo para reabsorber los poblados en colaboración con Adoma, el organismo heredero de Sonacotra, la sociedad mixta que en los años 60 y 70 emprendió la no menos ambiciosa tarea de asegurar una vivienda digna a los inmigrantes argelinos  que, como ahora los romaníes, llegaban a Francia y se instalaban en chabolas a las puertas de las grandes ciudades. Kopp que esta es la perspectiva más acertada para encarar el problema. "Yo creo que la gente se está dando cuenta de que la solución tiene más que ver con la precariedad de la vivienda que con el discurso sobre la seguridad". Se muestra satisfecho de que al menos esta vez las asociaciones hayan podido reunir un buen grupo de gente contra el desalojo, "algo que no ocurría hace unos años", asegura, aunque episodios como la agresión a un adolescente gitano esta semana en Seine-Saint Denis, en la región de París, son una muestra del "odio racial y el clima insano provocado por ciertos discursos políticos".

El trabajo profesional de Adoma, que gestiona residencias sociales y albergues de inmigrantes por todo el país, debe acompañar y reemplazar poco a poco al de asociaciones y voluntarios de buena fe, pero en la región de Provenza la misión empezó a funcionar hace dos días. Demasiado tarde para La Parette.