Cali, la tercera ciudad más importante de Colombia, se mantiene como el epicentro de las protestas sociales y de la brutalidad policial en el décimo día de protestas en todo el país, con los bloqueos en las vías ahogando algunos establecimientos y la llegada de mercancías.

La violencia de los últimos días en las calles de varios barrios de la ciudad, capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste), se ha cobrado la vida de más de una veintena de personas, según organizaciones sociales, en una ciudad a la que las autoridades nacionales enviaron unos 1.200 militares para supuestamente restaurar el orden.

En todo el país, según cifras que la Defensoría del Pueblo no actualiza desde el miércoles, 24 manifestantes han muerto en las protestas, aunque organizaciones sociales como Temblores elevan esa cifra a 37, todas ellas por la violencia policial. La Fiscalía, en cambio, 

Cali, reflejo del malestar social

La ciudad colombiana sintetizó desde el primer día todo el desencanto social que se venía cocinando durante la pandemia y desde el último paro nacional de finales de 2019, que justamente se detuvo por la covid-19.

Las multitudinarias protestas se convirtieron en un polvorín desde el primer día por la acción desmesurada de las fuerzas de seguridad y por episodios aislados de saqueos a bancos, supermercados y establecimientos privados.

En Cali confluyen corredores estratégicos para el narcotráfico y otras actividades ilegales, conflictos sociales e indígenas y uno de los índices de pobreza más elevados del país, lo que está propiciando una tragedia.

En ese contexto, la ciudad ha sido el centro de atención por los excesos policiales y las imágenes de una violencia de tal magnitud que incluso Nicolás Guerrero, hijo de un primo del alcalde Jorge Iván Ospina, es una de las víctimas mortales que han dejado las manifestaciones.

Cuando toda la marea parecía bajar un poco, el escándalo volvió a desatarse el jueves después de las denuncias de que un grupo de personas, vestidas de civil y que resultaron ser agentes, bajasen de un camión y comenzasen a disparar a un grupo de manifestantes en el oeste de la ciudad.

El comandante de la Policía de Cali, general Juan Carlos Rodríguez, se justificó ante la prensa aludiendo a que los agentes estaban realizando una operación encubierta contra las extorsiones y que, una vez que fueron detectados, los agentes "se alejan del lugar evitando hacer uso de las armas de fuego".

Igualmente el sector de Siloé lleva varias noches bajo fuego y allí la gente se resiste a la condena que la violencia desmesurada parece haber impuesto sin que haya, hasta el momento, una solución ni una salida cercana a este problema.

Desabastecimiento, una bomba de tiempo

Las protestas conllevaron bloqueos que se prolongan desde hace más de una semana y que están derivando el desabastecimiento de productos, lo que también ha provocado en los últimos días saqueos a estaciones de combustible y servicios.

La situación ocurre, principalmente, en barriadas y se ha profundizado en el Distrito de Aguablanca, un sector con cerca de 1,5 millones de personas y ampliamente habitado por desplazados por el conflicto interno a quienes se han sumado recientemente migrantes venezolanos.

La Asociación de distribuidores de gasolina y otros derivados del petróleo alertó que de las 120 estaciones que hay en la ciudad, 50 han sido saqueadas, una situación se repite todos los días y a plena luz del sol.

El repartidor de periódico Jairo Castrillón cuenta que ha visto cómo obligan con armas de fuego a los empleados de las estaciones a que abran las bodegas donde se almacena el líquido.

Los responsables de bomberos de esta ciudad, la más importante de la región pacífica colombiana, insisten en que la extracción artesanal del combustible genera amplias posibilidades de que haya una explosión.

De ocurrir, este hecho sería catastrófico si se tiene en cuenta que Cali está en alerta roja debido a que las unidades de cuidados intensivos de los hospitales llegaron al tope con los enfermos de covid-19 y los insumos médicos, según autoridades sanitarias locales, no durarán hasta el fin de semana de mantenerse las manifestaciones.

Saqueos y contrabando

En un principio, cuentan habitantes de los sectores afectados por los saqueos en las estaciones de servicio, estos se hacían ante el temor de escasez.

Sin embargo, en los últimos días se ha detectado que, ante la crisis en la ciudad, una red de tráfico comercializa la gasolina a precios que superan el 600 % de su valor real.

Hay quienes adquieren el producto en pocas cantidades y pagan el precio que oferten para poder movilizarse a sus lugares de trabajo porque es casi una obligación.

Otros, como Carolina Rodríguez, prefieren no arriesgarse y han hecho filas kilométricas de hasta siete horas, para llenar el tanque de su coche al precio que tiene establecido el Gobierno Nacional.

Pero Jorge Marín, empleado de una de las estaciones de servicio, asegura en voz baja que hay grupos de hombres armados custodiando cada lugar.

Cuenta que en dos días, los bandidos acabaron con su negocio familiar: Primero robaron las cajas de dinero en efectivo, luego computadores, escritorios, cables de energía, tomas de corriente, puertas, ventanas, inodoros y hasta el techo de la oficina.

"Este paro que era para demostrar el descontento de muchas políticas sociales en el país, lo que dejó en evidencia es el odio de la gente. Hacen daño sin conmiseración", expresa el hombre.