A falta de privatizar la libertad, ya han comenzado a gestionar la vida humana entre rejas. Dos estados brasileños, Minas Gerais y Pernambuco, inaugurarán este año dos cárceles no sólo construidas sino también administradas por empresas.

El abogado criminalista Luís Francisco Carvalho Filho, experto en el sistema penitenciario de su país, cree que la irrupción del capital privado no logrará atajar males atávicos como la corrupción, pero sí minará la ética y los valores. Su tesis: si delegamos en el Estado la facultad de cercenar nuestras alas, también él debe tutelar nuestra reclusión.

¿Aprueba la medida?

Nada impide que exista una asociación público privada para construir cárceles o prestar ciertos servicios (alimentación, lavandería...), pero jamás para gestionarlas. Un presidio nunca puede ser privatizado, porque nos enfrentamos a dilemas éticos.

Por ejemplo, que el Estado pague por cada preso, con todo lo que ello implica.

Eso provoca que los concesionarios quieran tener más reclusos y prolongar su estancia. Imagínese que la financiación de la empresa procede del trabajo de los internos: no le interesaría que los más eficientes fuesen puestos en libertad.

¿Cree que esa fórmula incentiva las detenciones?

Cuando el interés económico de una empresa reside en el número de internos, se produce la subversión más absoluta de los valores políticos.

Sus defensores creen que las condiciones mejorarán.

Eventualmente, podría ser así, pero el papel del Estado es que los presos dispongan de prisiones en buenas condiciones.

Además, también debe ser garante de su seguridad.

El Estado recibe una delegación de los ciudadanos que es, tal vez, el pacto más serio desde el punto de vista político. Por ese motivo, la supresión de la libertad individual tiene que ser ejecutada por las instituciones, no puede ser transferida a la iniciativa privada.

Esta alaba las bondades de los avances tecnológicos, que reducirán los guardias.

Las autoridades también puede invertir en ellos. Pensar que las prisiones privadas serán mejores es el sueño de una noche de verano.

Las nuevas penitenciarías, argumentan, minimizarán el contacto entre bandas.

Eso también es una ilusión. Todo lo que pueda hacer la iniciativa privada podría ser desarrollado igualmente por el poder público.

¿Cómo afronta la cuestión el PT de Dilma Rousseff respecto a la oposición?

En Brasil, ya no hay diferencias entre izquierda y derecha. El programa económico del Partido dos Trabalhadores es el mismo que el del Gobierno de Fernando Henrique Cardoso [presidente de Brasil bajo la siglas del conservador PSDB, que precedió a Lula da Silva en el cargo]. La única distinción es que el PT lleva a cabo una política más asistencialista.

¿Y en materia carcelaria?

No veo que el actual Ejecutivo haya hecho algo nuevo respecto al tratamiento de los presos. Pero tampoco en relación a los derechos humanos, que continúan igual.