La Comisión de Armonización ha iniciado las últimas correcciones del borrador de la nueva Constitución en Chile. El organismo ha comenzado sus trabajos en la ciudad de Calama, al norte del país. De esta forma, el proceso constituyente llega a la última etapa de un proceso que arrancó en 2020. 

Los 40 miembros de la comisión han mantenido un encuentro para repasar sus funciones, establecer un cronograma y dar el pistoletazo de salida a su trabajo: proponer al pleno mejoras a la redacción antes del 9 de junio. El profesor y constituyente independiente Daniel Bravo ha indicado que "nuestra labor es velar por la concordancia y coherencia del texto aprobado en el pleno".

La normativa permite que los involucrados en la redacción puedan hacer cambios en cuanto a la gramática y coherencia jurídica, el orden del texto, detectar posibles contradicciones y eliminar repeticiones. No podrán, sin embargo, alterar el contenido básico de los artículos ya aprobados, algo que provocó polémica y determinó el debate de esta primera reunión. 

En esta línea, Gaspar Domínguez,vicepresidente de la Convención, ha manifestado que "la Comisión de Armonización no tiene la atribución de agregar nuevas materias, nuevos temas o aspectos que no están considerados en la propuesta de nueva Constitución".

Si sale adelante, sustituirá a la Constitución heredada de la dictadura de Pinochet

En el desarrollo también intervendrán otras dos comisiones clave: la de Preámbulo, que es la que ha de redactar el texto con el que comienza la carta magna; y la de Normas Transitoria, que debe encargarse de los artículos que regularán la transición de una Constitución a la otra. Además, este último órgano también decidirá cuándo y cómo cesarán sus cargos los senadores, ya que según el borrador, la Cámara Alta será sustituida por una Cámara de las Regiones.

Después, las correcciones se votarán en el pleno y se presentará el texto a la ciudadanía el 4 de julio. Si finalmente sale adelante en un plebiscito de salida, el próximo 4 de septiembre, el nuevo texto sustituiría a la Constitución actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). En caso contrario, se mantendría la vigente. 

Avanzar hacia un sistema universal de salud, fortalecer la educación pública, proteger el medioambiente o engrosar los derechos de los pueblos indígenas, que hasta ahora no se habían tenido en cuenta en ningún proceso constituyente, son algunos de los asuntos que conforman la propuesta.