El agua como bien público, una democracia paritaria, el reconocimiento de derechos al 13% de chilenos que se reconocen indígenas, el ecologismo como prioridad política, la recuperación de los servicios públicos... La nueva Constitución chilena que se vota este domingo en referéndum propone un nuevo contrato social para un país que ha vivido un proceso político vertiginoso desde el estallido social de finales de 2019. El consenso que surgió de ese rugido popular se ha ido resquebrajando con el paso del tiempo. La desinformación y los bulos sobre los alcances de la norma promovidos por sectores de derechas han generado un clima contrario a la aprobación del texto.

Los sondeos otorgan una ventaja del "rechazo" de unos diez puntos frente al "apruebo". Pese a ello, el Gobierno progresista de Gabriel Boric, nacido de ese espíritu de cambio constitucional, todavía confía en un triunfo del "apruebo" que entierre definitivamente la Carga Magna actual, redactada en tiempos de la dictadura de Pinochet, y comience a dejar atrás 30 años de desigualdades en Chile.

Para tratar de contrarrestar la desventaja en las encuestas, el Gobierno de Boric propuso hace dos semanas realizar algunas modificaciones al texto constitucional si sale adelante en las urnas. El documento, consensuado con los partidos y las organizaciones sociales que respaldan al Gobierno, corrige y aclara algunos aspectos cruciales de la norma, como el relativo a la plurinacionalidad, sobre el que ha girado buena parte de la campaña del "rechazo". Aunque la Constitución deja claro que Chile es un Estado indivisible en el que cohabitan diferentes naciones (hasta once pueblos originarios), para la oposición derechista esa definición rompe el país. El Gobierno ha salido al paso de las desinformaciones y ha precisado que las autonomías territoriales respetarán "los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas".

Otro de los cuestionamientos de los partidarios del "rechazo" hace referencia a los cambios en materia de justicia que establece la nueva Constitución. Respecto de la controversia sobre el reconocimiento de la justicia indígena, el acuerdo de los partidos de izquierda aclara: "No existirán regímenes de justicia paralelos que pongan en cuestión la unidad, coherencia y consistencia del poder judicial. La justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales. La justicia indígena, tal como lo señala la nueva Constitución, siempre estará subordinada a la justicia ordinaria, en particular, a la Corte Suprema".

Boric, que apenas lleva seis meses en el poder, se ha comprometido también a incluir reformas al texto constitucional en materias tan sensibles como el sistema de pensiones (se asegura un modelo mixto y la continuidad de la capitalización privada), la salud (no se limitará la prestación de servicios privados) o la educación (con un modelo mixto). Aunque el joven líder progresista tiene previsto poner en marcha su propio programa de reformas (acaba de anunciar un proyecto para reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales), una derrota del "apruebo" en el referéndum supondría su primer gran revés político. El presidente chileno se forjó como dirigente en las manifestaciones estudiantiles de 2011 y aunque su paso por el Congreso con el Frente Amplio atemperó sus ímpetus revolucionarios, conserva ese halo de inconformismo que solo portan aquellos que han crecido políticamente con el aliento de la calle.

Los sectores políticos que han hecho campaña contra la nueva Carta Magna (los partidos de derecha agrupados en Chile Vamos, principalmente) abogan por redactar una nueva Constitución que reúna un consenso más amplio en la ciudadanía, según un documento presentado en julio. Pero la izquierda no se fía de las promesas de cambio de una derecha que ha taponado una y otra vez cualquier atisbo de transformación social durante las últimas tres décadas.

Crispación social

El texto constitucional, de 388 artículos, se ha elaborado a toda velocidad y en un ambiente de crispación social por la presión mediática ejercida sobre algunos miembros de la Convención Constitucional. Echando la vista atrás, todo comenzó a finales de octubre de 2019 con las masivas protestas por la subida del transporte público y la desproporcionada y violenta respuesta del Gobierno del derechista Sebastián Piñera. De buenas a primeras, se impugnaban no los 30 pesos de subida del transporte sino los 30 años de desigualdad social. De ahí surgió un pacto firmado in extremis a finales de ese año con el concurso de casi todas las fuerzas políticas y las objeciones de un sector de la izquierda (Boric se alineó con los primeros). Casi el 80% de los chilenos votó un año después por dotarse de una asamblea constituyente.

Entre los 155 miembros de esa convención elegidos también en las urnas había una gran cantidad de activistas, profesionales independientes y una representación de los pueblos originarios. La mitad de la asamblea estuvo conformada por mujeres, un hecho sin precedentes en el mundo. La prensa se cebó enseguida contra ciertos constituyentes con conductas inapropiadas, como la de Rodrigo Rojas, que alegó un supuesto cáncer que no padecía y tuvo que dimitir. O la del constituyente que votó en una ocasión a viva voz mientras se duchaba. Algunos creyeron que el asambleísmo había llegado para quedarse en un Chile que, sin embargo, había visto ganar a Piñera solo cuatro años atrás. El creciente rechazo social hacia la Constitución ha tenido que ver mucho con la amplificación de esas conductas y, solo en la recta final del proceso, con el contenido de la norma.

La Constitución que se vota este domingo en Chile es una de las más avanzadas del mundo en materia social y, sin duda, la más feminista al reivindicar una democracia paritaria. La norma declara un Estado social de derecho descentralizado (se elimina el Senado y se crea una Cámara de las Regiones) y abierto a procedimientos de democracia directa desconocidos en Chile hasta ahora. Un Estado volcado hacia la preservación de la Naturaleza y la desprivatización de recursos tan fundamentales como el agua. Un Estado que reconoce la plurinacionalidad en aras de alcanzar, entre otras metas, una solución política al conflicto que vive la región de la Araucanía, el territorio mapuche en continuo estado de confrontación.

Las últimas encuestas publicadas auguran un triunfo del "rechazo" por un margen que se mueve entre los nueve y los 16 puntos. El voto obligatorio en el referéndum (a diferencia de otros comicios) podría alterar las estimaciones y beneficiar a los partidarios del "apruebo" si logran movilizar a los abstencionistas habituales, entre ellos los más jóvenes. Si gana el "apruebo", se abrirá un periodo de negociación política que, con toda seguridad, introducirá cambios en la Constitución para lograr un mayor consenso social. El triunfo del "rechazo" cerraría en falso el ciclo de demandas ciudadanas abierto en octubre de 2019 y dejaría tocado al primer gobierno de izquierdas en Chile desde la experiencia del socialismo democrático de Allende a principios de los años 70, truncada por el sangriento golpe de Estado de Augusto Pinochet, cuya Constitución seguiría vigente.