Una condena de seis años de cárcel por corrupción a Cristina Fernández de Kirchner con aroma de 'lawfare'

Un tribunal argentino ha condenado este martes a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargo público por un delito de administración fraudulenta relacionado con la adjudicación de obra pública durante su mandato (2007-2015).

El veredicto se ha emitido en un ambiente de máxima tensión política en Argentina tras la revelación de un escándalo que compromete a jueces, políticos y empresarios antikirchneristas y que impregna la sentencia con un reconocible aroma de lawfare (guerra judicial).

Los tres jueces del Tribunal Oral Federal 2 han descartado la condena por asociación ilícita (hasta 12 años de prisión) que había solicitado el mediático fiscal Diego Luciani sin aportar pruebas de esa acusación. La sentencia de la denominada causa Vialidad (una denuncia que ya había sido sobreseída por un juzgado de la provincia de Santa Cruz, donde se adjudicaron los contratos) no será de aplicación inmediata pues la vicepresidenta está aforada y puede recurrir el fallo ante diferentes instancias hasta llegar a la Corte Suprema, un itinerario judicial que se prevé largo, por lo que la dirigente progresista podría presentar su candidatura a las elecciones en 2023. Su futuro político y personal a medio plazo queda, eso sí, comprometido. Para Kirchner no ha sido una sorpresa el fallo de los jueces, "un pelotón de fusilamiento", según sus palabras.

El juicio contra la vicepresidenta se prolongó durante tres años y medio e involucra también a otros altos cargos del gobierno de Kirchner y al empresario Lázaro Báez, beneficiario de decenas de licitaciones públicas. Algunos de ellos, como el propio Báez, el exministro de Planificación Julio de Vido o el exsecretario de Obras Públicas José López, ya habían sido condenados por otros delitos de corrupción previamente. López se hizo célebre en Argentina en junio de 2016 al ser detenido tras esconder nueve millones de dólares y un fusil en un convento de clausura con la complicidad de unas monjas nonagenarias.

Hasta ahora las numerosas querellas contra Kirchner se habían ido diluyendo una tras otra. La vicepresidenta, quien sufrió un atentado fallido en la puerta de su casa el 1 de septiembre, ha alegado que todas las acusaciones contra ella son falsas y ha denunciado una campaña en su contra por parte de lo que ha bautizado como el "partido judicial", un entramado de la judicatura que operaría en connivencia con la derecha política, empresarial y mediática del país. Un escándalo reciente parece darle la razón.

Varios jueces, políticos y empresarios realizaron en octubre un viaje pagado en avión privado a Bariloche para visitar la hacienda del magnate británico Joe Lewis, amigo del expresidente derechista Mauricio Macri (2015-2019), en Lago Escondido, según reveló el diario Página 12. En el grupo figuraba el juez Julián Ercolini, instructor de la causa contra Kirchner, varios magistrados más, dos altos cargos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en manos del partido de Macri) y dos directivos del Grupo Clarín (el mayor multimedia argentino). A esa revelación se ha unido ahora la filtración de unos comprometedores chats de los invitados de Lewis, dueño de una gran extensión de tierra en la Patagonia.

El impacto de esa filtración, en la que Ercolini intercambia mensajes con sus compañeros de viaje sobre cómo ocultar la invitación por medio de facturas falsas mientras los participantes se mofan de los periodistas interesados en el caso, provocó que el presidente Alberto Fernández se dirigiera el lunes al país a través de un discurso en cadena nacional para anunciar que los hechos, "un perverso juego de cohechos", serán investigados por la justicia. Los chats, publicados en dos medios locales (Tiempo Argentino y El Cohete a la Luna), fueron filtrados supuestamente por hackers con acceso al teléfono de uno de los participantes en el viaje. Fernández ilustraba así lo que sucede en determinados poderes de Argentina: "Por primera vez queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan".

El escándalo pone en entredicho, una vez más, la imparcialidad de algunos miembros de la magistratura en Argentina y arroja un manto de sospecha sobre el enjuiciamiento de la vicepresidenta, a quien un sector reaccionario del país (judicial, político y mediático) querría ver inhabilitada políticamente de por vida y, a ser posible, entre rejas. Para el kirchnerismo se trata de la constatación de una connivencia que vienen denunciado desde hace años. La derecha, por su parte, cree que la revelación del escándalo es una maniobra del oficialismo para tratar de minimizar el fallo judicial contra Cristina Kirchner.

Lawfare en la región

El lawfare -la persecución política a través del estamento judicial- no es nuevo en América Latina. Como han denunciado Kirchner y otros dirigentes progresistas de la región, se ha erigido en los últimos años en la principal herramienta involucionista para tumbar gobiernos o defenestrar líderes de la izquierda. Ocurrió ya en Ecuador con Rafael Correa y en Brasil con Luiz Inácio Lula da Silva. El expresidente brasileño fue condenado a 12 años de prisión por un tribunal que fundamentó su veredicto en "convicciones íntimas" a falta de pruebas. El juez Sergio Moro, muy vinculado a Estados Unidos (donde se esparció la doctrina del lawfare), se convirtió en una celebridad por esa condena contra Lula, quien no pudo presentarse a las elecciones de 2018 y pasó 580 días en la cárcel. El Tribunal Supremo de Brasil anularía la condena más tarde y rehabilitaría políticamente a un Lula que asumirá su tercer mandato el 1 de enero tras ponerle freno al neofacista Jair Bolsonaro. Moro llegaría a ser ministro de Justicia en el gobierno del excapitán del Ejército. Una investigación del medio The Inercept revelaría más tarde los mensajes en los que Moro orientaba al fiscal del caso (algo prohibido en la legislación brasileña).

Como en otras formaciones políticas, también en los partidos de izquierda latinoamericanos se han producido casos de corrupción. Varios dirigentes del Partido de los Trabajadores brasileño y del kirchnerismo estuvieron involucrados en casos de corrupción. Pero la persecución judicial y mediática contra líderes progresistas para forzar cambios políticos en la región es una realidad. Ya no hacen falta espadones como los de antaño en América Latina para derrocar un gobierno. El lawfare ha tomado el relevo.