El Tribunal Supremo de Chile ha dictado sentencia definitiva por el secuestro y homicidio del cantante y activista político Víctor Jara, que tuvo lugar en septiembre de 1973 durante el golpe de Estado de Augusto Pinochet, y ha confirmado la condena a 25 años de cárcel contra siete exmilitares.

La Segunda Sala del Tribunal ha señalado este lunes en un fallo unánime que los condenados (ahora retirados) son responsables de los delitos de secuestro y homicidio calificado del cantautor y del director de prisiones Littré Quiroga Carvajal.

A dos semanas de la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado, el Supremo ha ratificado así la sentencia recurrida de la Corte de Apelaciones de Santiago, descartando cualquier error en la condena, según reza un comunicado de prensa del organismo judicial.

Los condenados son Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana y Hernán Chacón Soto, que deberán cumplir 15 años y un día de prisión en calidad de autores de los homicidios, y diez años y un día por los secuestros.

Además, Rolando Melo Silva deberá cumplir cinco años y un día por haber encubierto los homicidios, y tres años y un día, por haber ocultado los secuestros.

Por otro lado, el Tesoro Público deberá pagar a cada uno de los demandantes, cónyuge e hijos de Quiroga Carvajal 150 millones de pesos chilenos (poco más de 160.000 euros), mientras que a sus hermanos ha de indemnizarles con 80 millones de pesos (86.400 euros). También deberá pagar 150 millones de pesos a la viuda e hijos de Jara.

Durante el golpe de Estado encabezado por el general Pinochet contra el presidente Salvador Allende, el 11 de septiembre, Jara fue detenido junto a otros profesores y alumnos y trasladado al Estadio Chile (que actualmente lleva su nombre). Allí fue torturado durante horas y finalmente fue acribillado a balazos.

En 2016, un tribunal de Estados Unidos halló culpable al exmilitar chileno Pedro Barrientos de torturas y de la ejecución extrajudicial del artista, a raíz de una demanda civil interpuesta por su familia, obligándolo a pagar una compensación por daños y perjuicios.