En apenas tres días, alrededor de 10.000 personas migrantes han desembarcado en la pequeña isla italiana de Lampedusa. En este enclave meridional, el punto de Italia más próximo al continente africano, residen menos de 6.000 personas y acoge una gran cantidad de turistas.

La situación es inédita, solo comparable a la de 2016, cuando empezó a amainar la llamada crisis de los refugiados, sobre todo sirios, iraquíes y afganos, que protagonizaron el mayor éxodo hacia Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de las embarcaciones zarpan de la costa de la zona de Sfax, en Túnez. Un país con el que Italia y la UE sellaron hace pocos meses un acuerdo para el control migratorio a cambio de más de cien millones de euros. Pero el efecto todavía no se ha notado, si es que llega a tenerlo.

La crisis humanitaria en la isla es evidente y crónica, y el sistema de acogida italiano amenaza con colapsar si se mantiene este disparado ritmo de llegadas, que ha duplicado las del año pasado por estas fechas. Son más de 123.000 los migrantes y refugiados que han desembarcado en el país en lo que va de año. Y estas cifran echan por tierra la propaganda electoralista y xenófoba que ha enarbolado la extrema derecha que gobierna el país, sobre todo durante la última campaña electoral.

Tanto Hermanos de Italia con Giorgia Meloni como La Liga de Matteo Salvini –primera ministra y vicepresidente, respectivamente– han defendido políticas de mano dura contra la inmigración y han prometido reducir las llegadas de migrantes, a los que culpan de la inseguridad y de acaparar recursos públicos que no llegan a los italianos más necesitados.

En estos 11 meses al frente del Gobierno, sus promesas están muy lejos de cumplirse. Muy al contrario, se han disparado las llegadas y han aumentado las tragedias en el Mediterráneo. Lampedusa, cuyo hotspot –centro de recepción de migrantes– tiene capacidad para 400 personas, está desbordada, y se han producido escenas de tensión en el puerto, donde se hacinaban más de mil personas migrantes.

La isla es ahora una zona de contrastes. Mientras se hacía viral el vídeo de un agente de la Guardia de Finanzas haciendo carantoñas a una niña llegada en patera, sus compañeros la emprendían a empujones, escudo en mano, contra el resto de migrantes agolpados en el puerto.

Mientras Salvini tacha de "acción de guerra" estas llegadas masivas, los turistas y vecinos de la isla bailaban y cantaban en la plaza del pueblo junto a algunos de los migrantes desembarcados. La solidaridad ciudadana con los refugiados contrasta con el clima xenófobo que trata de instaurar la ultraderecha italiana.

Estado de emergencia en Lampedusa

El alcalde de Lampedusa, Filippo Mannino, ha pedido ayuda desesperada al Gobierno y la intervención del Ejército para facilitar los desembarcos y los traslados de migrantes. "Nunca se había visto algo así, con decenas y decenas de pequeñas embarcaciones escoltadas o enganchadas a las unidades de rescate frente al puerto, y otras que logran llegar directamente", aseguraba Mannino el pasado martes.

En ese momento solo habían desembarcado en la isla 2.000 personas, pero la jornada cerró con 5.000. El jueves, el mandatario declaró el estado de emergencia en la isla, pero el Gobierno ya lo había decretado en todo el país por la misma razón en abril, sin que se note ninguna diferencia. 

"Es evidente que el fenómeno migratorio ha explotado en las manos del Gobierno. La declaración de emergencia no ha dado algún resultado concreto para Lampedusa y ninguno de los problemas que denunciamos desde hace años ha sido atajado", aseguraba ante los medios el alcalde de Lampedusa.

A pesar de la reducción en el número de llegadas en las últimas 24 horas y de los rápidos traslados realizados por las autoridades a otras localidades del país, la situación sigue siendo muy complicada.

Según informa la Cruz Roja, encargada de gestionar el hotspot, actualmente hay 3.800 personas en el centro. Los traslados seguirán produciéndose a buen ritmo, pero no hay rastro de las deportaciones de migrantes o de los bloqueos que Salvini y Meloni habían pregonado antes de formar Gobierno.

"Ha de quedar claro que las políticas migratorias de la ultraderecha italiana no son muy diferentes a las que ya se han practicado en Italia anteriormente. Ni de las que se aplican en otros países y se diseñan en la Unión Europea", sostiene Blanca Garcés, experta en migraciones e investigadora del CIDOB.

"La política de hotspots se lleva aplicando en Italia desde 2015 y es el modelo hacia el que quiere avanzar la UE, pero no está sirviendo para hacer ese rápido cribado entre solicitantes de asilo que pueden quedarse y migrantes irregulares que serán devueltos", resume. Según Garcés, las escenas de Lampedusa ponen de manifiesto que la política de hotspots no funciona.

Choque entre Italia, Francia y Alemania

Los traslados de personas desde Lampedusa a otras zonas de Italia se siguen produciendo con la ultraderecha en el Gobierno. No hay una política de confinamiento y devolución, simplemente porque es una quimera. La mayoría de los migrantes que llegan a Italia por mar acaban en otros países del norte, como Alemania o Francia.

A la crisis actual se suma ahora otro choque con estos dos países, ya que Italia se ha negado a aceptar a solicitantes de asilo que los gobiernos francés y alemán quieren devolverle en virtud del Reglamento de Dublín.

Según este criticado convenio europeo, un solicitante de asilo debe permanecer en el primer país europeo en el que registró su petición de protección internacional. Pero Roma lleva años denunciando que es injusto que los países del sur, donde tienen lugar la mayor parte de las llegadas a Europa, carguen en solitario con esta responsabilidad.

Ante la negativa de Italia a aceptar estas devoluciones, Francia y Alemania han suspendido la acogida voluntaria de solicitantes de asilo de Italia, un mecanismo de solidaridad puesto en marcha hace un año para aliviar a los países receptores, aunque las cifras de reubicaciones son muy reducidas, poco más de 3.000 en lo que va de año.

"Todo son medidas simbólicas que afectan a un número muy pequeño de todos los refugiados que están llegando a Europa", ilustra Garcés, que apunta a un choque político y a una toma de posiciones de cara a las negociaciones del atragantado Pacto Europeo de Migración y Asilo.

"Lo que queda claro con la crisis en Lampedusa es que los flujos migratorios tienen sus propias dinámicas y que los factores que empujan a la gente a mirar hacia Europa escapan al control de los gobiernos, sean de extrema derecha o no", recuerda Garcés.

Hasta ahora, el único cambio en la política migratoria de Italia ha sido recrudecer la guerra contra las ONG y sus barcos humanitarios de rescate en el Mediterráneo central. Salvini los acusa de colaborar con las mafias del tráfico de personas y los responsabiliza del aumento de las llegadas. Sin embargo, menos de un 10% de los migrantes que han llegado al país ha sido rescatado por barcos de ONG, mientras que el resto ha sido socorrido por las autoridades italianas.

Túnez, acuerdo fallido

En el plano internacional, el rumbo de Meloni sigue el camino trazado por Europa: la externalización de fronteras, que se apoya en terceros países para que frenen las salidas de embarcaciones hacia sus costas.

Tras los millonarios acuerdos con Libia o con Níger para que refuercen su lucha contra la inmigración irregular, la primera ministra italiana, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, firmaron con Túnez otro memorando de entendimiento en ese sentido. 105 millones de euros para un país en crisis y la promesa de otros 900 en inversiones a largo plazo.

La foto junto al autócrata tunecino, Kaïs Saied, del pasado julio fue acompañada de un gran aumento del hostigamiento y la persecución contra los migrantes subsaharianos que aguardan su oportunidad en el país. Las redadas, las deportaciones al desierto y la violencia policial y ciudadana contra los migrantes se han agravado en un país cuyo presidente ha agitado en discursos públicos el odio contra ellos.

La preocupación sobre este pacto se ha instalado en el seno de la UE. Primero, por su efectividad. El jueves, el ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi, pidió a Bruselas que medie para "potenciar" las repatriaciones de migrantes "desde Túnez hacia sus países de origen" para reducir las salidas.

Pero también hay alarma por la seguridad de los propios migrantes que transitan el país. Ester viernes, la Defensora del Pueblo de la UE pidió a la Comisión Europea que le informase sobre qué mecanismos existen en el pacto para garantizar que las autoridades tunecinas respetan los derechos humanos en sus operaciones contra la inmigración irregular.

Le da de plazo hasta el 13 de diciembre para que explique, también, si existe alguna "evaluación de impacto" y si hay mecanismo para suspenderlo en caso de que no sea efectivo o se violen los derechos fundamentales.