La policía tunecina se desplegó el lunes alrededor de la sede del Consejo Supremo de la Judicatura en la capital, solo unas horas después de que el domingo el presidente Kais Saied anunciara la disolución del máximo órgano de los jueces, una medida controvertida que fue duramente criticada por los jueces y la oposición. Los agentes cerraron las puertas del edificio con candados e impidieron el acceso de los funcionarios.

El presidente Saied dio el 25 de julio último un golpe de estado mediante el que asumió prácticamente todos los poderes alegando la existencia de una rampante corrupción y que el parlamento era incapaz de gobernar de manera eficaz. Aunque desde entonces la situación en el país es muy delicada, Saied no ha dado muestras de rectificar y la disolución del Consejo Supremo de la Judicatura constituye otro paso en la misma dirección.

Saied se justificó alegando que el Consejo Supremo de la Judicatura, un órgano constitucional independiente, estaba sirviendo a ciertas fuerzas políticas de la oposición y no atendía a los verdaderos intereses del estado. "Ese Consejo se ha tornado en un órgano donde se venden los puestos y los nombramientos se hacen por lealtades", dijo sin aportar pruebas.

"Vamos a trabajar para establecer una ley o un decreto temporal para el Consejo Supremo de la Judicatura", continuó Saied añadiendo que en el órgano hay jueces que se han hecho grandes millonarios, implicando un alto nivel de corrupción, lo que justificaría la decisión del presidente que ya en julio destituyó al primer ministro y asumió sus poderes.

El presidente del Consejo Supremo de la Judicatura denunció su disolución como "ilegal" y agregó que con esa medida el presidente pretende realizar ahora lo mismo que ya hizo con el gobierno y el parlamento, es decir poner a los jueces al servicio de la presidencia.

Según la Constitución tunecina, el Consejo Supremo de la Judicatura es la institución que "garantiza el buen funcionamiento de los jueces y la independencia del poder judicial", teniendo también la función de impulsar las reformas que se necesitan en esta área.

La Asociación de los Jueces de Túnez se expresó en la misma dirección al denunciar que Saied ha adoptado una decisión "peligrosa y sin precedentes" que revierte los derechos constitucionales que los tunecinos han logrado desde la revolución de hace más de una década.

La Asociación, la más representativa de los jueces, denunció igualmente que la decisión de Saied es "un esfuerzo para subordinar el poder judicial a la autoridad ejecutiva en un sistema en el que el presidente del República desempeña todos los poderes".

El alcance que pueda tener este último conflicto es todavía incierto. El presidente del Consejo Supremo de la Judicatura, Youssef Bouzakher, anunció que el Consejo seguirá desarrollando sus funciones con independencia del cierre de su sede, y agregó que el Consejo está considerando una respuesta a la decisión del presidente.

"Una cosa del pasado"

Bouzakher acusó al ministro del Interior de haber dado instrucciones de cerrar la sede del Consejo y explicó que la policía le había confirmado que había recibido instrucciones en ese sentido sin precisar de quién habían partido. Igualmente rechazó una declaración previa de Saied según la cual el Consejo era "una cosa del pasado".

Siguiendo instrucciones de Saied, sus seguidores se manifestaron el domingo y el lunes en las proximidades de la sede del Consejo Supremo de la Judicatura, expresando su apoyo a la decisión del presidente de disolver el órgano.

Distintas asociaciones de jueces coincidieron en criticar a Saied, acusándolo al unísono de querer poner a los jueces bajo la tutela del presidente, como ya hizo con el Gobierno y el Parlamento, con el fin de incrementar su poder, lo que está en contradicción con los principios de la Constitución de 2014. Así mismo recordaron que no existe ningún mecanismo legal o constitucional que permita al presidente disolver el Consejo.

Representantes de la mayoría de los partidos políticos criticaron a Saied. El presidente del parlamento destituido en julio, el islamista Rashid Ghannouchi, condenó el anuncio de Saied, coincidiendo con la mayoría de las asociaciones judiciales en que el presidente quiere socavar la independencia de los jueces y someterlos a su autoridad.

Pero este último giro impuesto por Saied esgrimiendo la corrupción de los jueces no ha surgido de la nada. El presidente y el Consejo Supremo de la Judicatura llevaban meses de conflicto. A principios de agosto de 2021, es decir pocos días después del golpe, Saied lanzó una campaña contra los jueces indicando que el poder judicial es una función del estado y no un poder independiente.

Horas después decenas de jueces realizaron una declaración condenando la actitud de Saied argumentando que vulneraba las competencias del Consejo. Tras meses de tensiones, el 30 de diciembre el presidente recalcó la necesidad de reformar el sistema judicial dado que el Consejo estaba al servicio de otras partes y grupos de presión.

El 19 de enero último, Saied promulgó un decreto contra los "privilegios" de los miembros del Consejo, que al día siguiente respondió que sus miembros "continuarán ejecutando sus obligaciones" ignorando el decreto presidencial.

Lo sucedido en los últimos dos días confirma que el presidente sigue decidido a imponer las reformas que considera necesarias prescindiendo de la Constitución. Igualmente, es otro ladrillo en el muro que le separa de la oposición, lo que está creando fuertes tensiones en el país y arroja más dudas sobre el futuro de Túnez.