A falta de ratificación por los Estados miembros de la Unión Europea, Túnez es ya oficialmente el último país en sumarse al club de gendarmes que blindan Europa de la llegada irregular de migrantes. El pasado domingo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y los primeros ministros de Italia y Países Bajos, Giorgia Meloni y Marc Rutte, firmaron en el país norteafricano un memorando de entendimiento para un acuerdo migratorio.

La foto de familia la completaba el presidente tunecino, Kais Said, que ha convertido el país en una autocracia presidencialista donde impera la represión política y social y, desde hace meses, la persecución y la violencia contra los migrantes subsaharianos, señalados por Said en discursos oficiales.

De hecho, desde la primera visita de la delegación europea hasta la firma del memorando, las fuerzas de seguridad tunecinas han llevado a cabo numerosas redadas contra migrantes, incluso en domicilios, para detener a personas subsaharianas que han sido deportadas ilegalmente a la frontera con Libia, en pleno desierto, sin agua ni comida, han denunciado varias ONG como Human Rights Watch (HRW) o la Media Luna Roja.

El giro autoritario de Said lleva consumándose desde 2021. Desde entonces ha laminado a su primer ministro, ha disuelto el Parlamento y ha suspendido sus funciones. La oposición es perseguida y a veces encarcelada, al igual que líderes sindicales y periodistas críticos.

Los migrantes de raza negra –en situación regular o irregular– se convirtieron en su nuevo chivo expiatorio. Said los señaló en un discurso a la nación el pasado febrero como foco de amenaza para la seguridad nacional y ha llegado a hablar de un plan orquestado por el que "hordas" de personas negras llegan al país para sustituir a la población árabe. Son las bases de una de las teorías de la conspiración que la extrema derecha lleva décadas intentando agitar: la llamada teoría del reemplazo.

El resultado han sido episodios de violencia contra la población migrante, tanto de las fuerzas de seguridad como de la población local. HRW asegura que la mayoría de los abusos que ha documentado en el país se han producido después de las palabras del Said. La organización señala "palizas, uso excesivo de la fuerza, algunos casos de tortura, arrestos y detenciones arbitrarias, expulsiones colectivas, acciones peligrosas en el mar, desalojos forzosos y robo de dinero y pertenencias".

Más de mil millones de euros

La involución democrática y la violencia racista en el país no parece ser un freno para Bruselas, que ha prometido 900 millones de euros a largo plazo más otros 150 millones en apoyo presupuestario que podría recibir este mismo año. Otros 105 millones también llegarían en el corto plazo dedicado exclusivamente al control de los flujos migratorios. "Se ha acordado que Túnez protegerá mejor sus fronteras y abordará el tráfico de personas a cambio de inversiones de la UE para mejorar su economía", dijo Von der Leyen.

La financiación irá dedicada, según se anunció, a los sectores de la digitalización, la energía, la migración, el intercambio humano y el desarrollo.

Nuevos barcos para la Guardia Costera

Según indicó el martes la comisaria europea de Interior, la sueca Ylva Johansson, el desembolso está condicionado a la concesión del préstamo de 1.900 millones de dólares (1.700 millones de euros) que el Fondo Monetario Internacional (FMI) negocia con Túnez, inmerso en un gravísima crisis económica, pero reticente al rescate del FMI desde hace años por su draconianas condiciones.

Johansson es la única que ha desvelado parcialmente el contenido del memorando con el nuevo "socio estratégico" de la UE. Como ya se hacía con Libia, Bruselas financiará y apoyará a la Guardia Nacional de Túnez y su armada para "operaciones de búsqueda y rescate y la prevención de estas salidas mortíferas" de embarcaciones.

Frontex, la agencia europea de control de fronteras, también irá ganando importancia en el país, que se compromete a una ágil repatriación de los migrantes tunecinos que lleguen a Europa, aunque esto son ya la minoría de los que salen de sus costas. 

Johansson habla de equipar a los guardacostas del país con sistemas de radar y otros equipamientos, además de nuevos barcos. La agencia italiana ANSA asegura que el acuerdo contempla nueve embarcaciones nuevas y 17 mejoradas.

Eso significa más intercepciones de barcos con migrantes en el Mediterráneo que volverán a territorio tunecino. Bruselas también aumentará la financiación para que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) refuerce en Túnez sus programas de retorno voluntario de migrantes a sus países de origen.

Frenar las llegadas a Italia

El memorando llega después de que Italia decretara el estado de emergencia en el país por un pronunciado aumento en la llegada de embarcaciones con migrantes a sus costas, sobre todo a la isla de Lampedusa, a medio camino entre Italia y la costa oriental de Túnez.

Durante las últimas semanas, Lampedusa acumula una media de mil personas migrantes desembarcadas cada día. Su centro de acogida, con capacidad para 400 personas, lleva días superando las 2.000, a pesar de los continuos traslados de migrantes a otras ciudades italianas.

Según el Ministerio del Interior, hasta el 14 de julio han llegado irregularmente a las costas del país 78.182 migrantes, frente a los 33.187 del mismo periodo del año pasado. La gran mayoría zarparon desde Sfax (Túnez) y son sobre todo de origen subsahariano, nacionales de Benín, Costa de Marfil, Burkina Faso, Camerún, Gambia, Malí, Guinea, Senegal y Nigeria, detalla Italia.

Las llegadas a Italia de migrantes salidos desde Túnez superaron en 2022 a las de Libia, que había sido el principal puerto de salida en los años anteriores.

Los acuerdos de Italia y Bruselas con Libia convirtieron el país en un tapón migratorio y una parte importante del negocio del tráfico de personas se desplazó a Túnez. En concreto a la zona de Sfax, la segunda cuidad del país, en la costa oriental, a uno o dos días de navegación para llegar a Lampedusa y a la costa siciliana.