Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, expulsa a la Organización de Estados Americanos del país

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha retirado las credenciales de sus representantes ante el organismo y ha ratificado su "invariable decisión" de abandonar la OEA. El Gobierno de Nicaragua justificó la ocupación por parte de la Policía Nacional de las oficinas del organismo internacional en Managua este lunes. 

Los comicios celebrados en el país el 7 de noviembre de 2021 se encuentran como antecedente a esta medida. Debido a las críticas y múltiples acusaciones que el Gobierno de Ortega recibió por parte de la OEA, el líder sandinista procedió a presentar al secretario de la organización, Luis Almagro, una denuncia por injerencia en los asuntos internos y su consiguiente abandono de la organización internacional.

La relección de Ortega rompe la relación con la OEA

El Gobierno de Ortega y la OEA han tenido roces desde 2016, cuando el organismo propuso un diálogo para realizar reformas electorales que garantizaran unas elecciones democráticas en Nicaragua.

La situación llegó a un punto límite cuando la OEA rechazó la legitimidad de las elecciones de Nicaragua en noviembre pasado

Las diferencias se acentuaron en 2018, cuando su Consejo Permanente inició el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua por "rompimiento del orden constitucional", tras la crisis sociopolítica que estalló ese año en el país centroamericano. 

Las elecciones del 7 de noviembre estuvieron marcadas por una jornada de gran tensión en las que se reeligió por tercera vez consecutiva a Daniel Ortega. La Comunidad Internacional no las reconoció y la oposición del país la calificó como "una farsa", puesto que la mayoría de la oposición se encontraba presa o en el exilio. En este contexto, sin competencia en las elecciones, el poderoso Presidente salió elegido por cuarta vez.

Después de la celebración de estos comicios y entre acusaciones de fraude y críticas por la represión del Gobierno a los críticos y la oposición, la OEA aprobó una resolución en la que declaraba "ilegítimas" las elecciones, llamando a una "evaluación colectiva inmediata" con el fin de "tomar las acciones apropiadas" respecto a Nicaragua. Según esta resolución, las elecciones "no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática", además de que las autoridades nicaragüenses supuestamente ignorasen las recomendaciones de la organización.

Por su parte, la Justicia de Nicaragua declaro culpables a principios del mes de marzo a dos opositores al Gobierno de Ortega, Yader Parajón y Yaser Mahumar Vado, por delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y por propagar noticias falsas. No obstante, más de 40 opositores están siendo juzgados, entre los que se encuentras otros líderes opositores, empresarios, activistas, periodistas y exguerrilleros sandinistas. Todos están acusados de traición a la patria o lavado de dinero por la Fiscalía nicaragüense.

"Retiramos las credenciales de nuestros representantes, los compañeros Orlando Tardencilla, Iván Lara y Michael Campbell. No tendremos presencia en ninguna de las instancias de ese diabólico instrumento del mal llamada OEA", señaló el Gobierno de Nicaragua en una declaración pública este lunes leída por el canciller Denis Moncada. También reafirmó la renuncia y denuncia irrevocables ante la "calamitosa, mentirosa y truculenta dependencia del Departamento de Estado del imperialismo yanqui" , dejando de formar parte de "todos los engañosos mecanismos de este engendro" llamándose estos como se llamen.

La expulsión se hace efectiva

Asimismo, Moncada anunció el cierre de las oficinas de la OEA en Managua. "Tampoco tendrá este infame organismo, en consecuencia, oficinas en nuestro país. Su sede local ha sido cerrada", señaló. Minutos después del anuncio, la Policía Nacional rodeó las oficinas de la OEA en Nicaragua, ubicadas en las afueras de Managua, mientras sus símbolos eran desmontados, según constató EFE.

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, y esposa del presidente Daniel Ortega, ha defendido este lunes la decisión de la retirada de sus representantes ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el cierre de su sede en Managua, así como la ocupación de su oficina.

"Nosotros no somos ni volveremos a ser esclavos de nadie. Nicaragua no es colonia de nadie, por lo tanto, no es parte de un ministerio de colonias." Dejando claro que no querían seguir formando parte de "ningún instrumento de dominación de los imperios o del imperio yanqui".

Por su parte, la secretaría general de la OEA ha afirmado que Nicaragua sigue siendo Estado miembro y que, por tanto, no tiene derecho a "ocupar ilegalmente" las oficinas de esta institución en Managua, horas después de que el Gobierno de Daniel Ortega rompiese relaciones.

Para la oficina que dirige Luis Almagro se trata de "una violación de las más elementales normas internacionales". Así, ha recordado que, aunque Nicaragua haya denunciado la Carta de la OEA, su salida sólo sería posible en noviembre de 2023, dos años después del anuncio de su decisión.

La entrada en vigor de dicha denuncia estaría también "sujeta a que para entonces este país haya cumplido con todas las obligaciones que el Sistema Interamericano les impone a todos sus miembros, en el respeto y cumplimiento de sus fines y propósitos", según la nota. 

Ya desde 2018 la permanencia del país en el organismo estaba en duda. A su vez, el organismo aprobó el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana, por los señalamientos contra Ortega sobre violaciones a los derechos humanos ese año, cuando redujo las multitudinarias manifestaciones antigubernamentales con ataques armados que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dejaron 355 muertos. Hasta ahora la OEA no ha aplicado la Carta Democrática Interamericana.

Asimismo, el embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields Yescas, se desmarcó en marzo de la línea oficial y rompió su silencio para pronunciarse contra la "dictadura" de Daniel Ortega y reclamar la liberación de los presos políticos, lo que le valió su destitución inmediata. "Tengo que hablar, aunque tenga miedo", dijo tomar la palabra "en nombre de más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida" en Nicaragua desde 2018.