Una paliza tras otra. En la causa Vialidad, la Fiscalía sostuvo que, a finales de noviembre de 2015, se le pagaron 537 millones de pesos (3,7 millones de euros) a las empresas de Lázaro Báez para "limpiar todo", o sea que no quedara ninguna deuda con el constructor. 

La causa de Vialidad, abierta por la Fiscalía argentina, señala a Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta y actual vicepresidenta de Argentina, por haber participado presuntamente en una trama de corrupción en obras de infraestructuras. La defensa de Cristina Fernández de Kirchner probó que no existió tal pago, que fue una mentira de los fiscales.

Además, demostró que a Báez se le debían más de 200 millones de pesos, deuda similar a la que había con otros constructores. La Fiscalía de Diego Luciani y Sergio Mola aseguró que Báez y Fernández de Kirchner  se encontraron el 30 de noviembre de 2015 en Santa Cruz. Resultó falso.

La Fiscalía afirmó que Báez concentró de manera irregular las obras realizadas en Santa Cruz. La defensa aportó los datos de que en buena parte de las provincias -Misiones, La Rioja, Tierra del Fuego, Chaco, Neuquén, Tucumán, Catamarca- las empresas locales ganaban la mayoría de las licitaciones, igual que en Santa Cruz. La defensa exhibió hasta el testimonio de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, diciendo que ese proceso era lógico. La Fiscalía insistía en que Cristina Fernández de Kirchner tenía poder sobre las licitaciones y adjudicaciones de Santa Cruz y la defensa demostró, con testimonios bajo juramento, que hay al menos de 25 instancias y organismos entre un presidente y la adjudicación de una obra. Así, durante siete horas.

De manera pausada, lapidaria, el abogado de la expresidenta, Carlos Alberto Beraldi, arrasó con la acusación. El viernes, Beraldi continuará de 9.00 a 11.00 y luego será el turno de la vicepresidenta, quien destacó el alegato de su abogado: "Demolió las mentiras y fake news de Luciani y Mola. Más que fiscales, parecen trolls", señaló la vicepresidenta en sus redes sociales.

Mensajes

Tras las sucesivas derrotas de la Fiscalía durante los tres años del juicio, Luciani y Mola sacaron a la cancha los mensajes del celular del ingeniero civil José López, que el Tribunal les permitió usar el último día del juicio y que nunca se debatieron en las audiencias. A partir de cuatro mensajes de un total de 26 mil, los fiscales afirmaron la existencia del plan "limpien todo", que habría consistido en pagarle a Báez -a fines de noviembre de 2015, 20 días antes del cambio de gobierno- nada menos que 537 millones de pesos, con lo cual Austral Construcciones sería la única empresa a la que no se le debería nada.

"Este fue un intento desesperado de la Fiscalía ante la partida de defunción que sufrió la acusación durante el juicio", dijo Beraldi. A continuación, demostró que no se le pagó ni un peso a Báez, que en Santa Cruz la Agencia Vial autorizó una redeterminación de precios de las obras por inflación, pero ni entonces ni después se pagó nada. Al mismo tiempo, exhibió las evidencias de que a Austral, como a las demás constructoras, se le debían, como mínimo, 250 millones de pesos.

Según la Fiscalía, el plan de pagarle a Báez se iba a concretar el lunes 30 de noviembre de 2015, en Santa Cruz, en una reunión entre la vicepresidenta y Báez. Para afirmar eso, Luciani y Mola se basaron en un mensaje del celular de López en el que un gerente de Austral mencionaba que Báez se iba a ver con Cristina. Para respaldar lo dicho, los fiscales exhibieron la noticia de que el avión presidencial hizo un vuelo rasante en el aeropuerto. Beraldi demostró que eso fue el día anterior, el 29. Además, mostró que Cristina Fernández de Kirchner tampoco estaba en Santa Cruz sino en Río Negro el 29. Aún así, una reunión de la vicepresidenta con Báez hubiera significado ningún delito.

Hipótesis

La Fiscalía dibujó una hipótesis general. Néstor y Cristina Fernández de Kirchner llegaron al gobierno, constituyeron una asociación ilícita para favorecer a Báez dándole obra pública -que no se haría- y a cambio de ese supuesto fraude los Kirchner se beneficiarían con alquileres y algunas operaciones inmobiliarias. 

Mandaron leyes al congreso, coaccionaron a legisladores, manejaron a los jefes de gabinete, para que el capital fuese a Santa Cruz y ellos obtuvieran contratos comerciales. El tema es que los alquileres fueron reales y las operaciones inmobiliarias también, y a precios de mercado. Nada de manera clandestina. Todo por escrituras, pagos bancarizados y contratos presentados ante la AFIP. "¿Cómo se puede construir semejante disparate? ¡Es demencial! El total de los acuerdos de la familia Kirchner con Lázaro Báez no alcanzan el 0,1% de la obra pública adjudicada al constructor", bramó Beraldi.

Distancias

En una licitación de una obra en Santa Cruz o en cualquier otra provincia actúan los funcionarios de ese distrito: entre el presidente y quienes hacen la adjudicación hay no menos de 25 escalones, entre jefe de Gabinete, ministro nacional, secretario, director de Vialidad, administrador, gerencias, jefatura del distrito y luego toda la estructura provincial. Como testigo, bajo juramento, el entonces jefe de Gabinete y ahora presidente, Alberto Fernández, señaló: "¿cómo voy a tener control sobre las 3.000 obras que se están haciendo en este momento y las 100.000 viviendas que se están construyendo? Imposible".

Como viene haciendo desde el inicio de su alegato, Beraldi mostró el video de diez testigos, empleados de Vialidad de Santa Cruz: todos coincidieron en que nunca recibieron ni una instrucción ni una sugerencia de la conducción nacional de Vialidad y menos todavía proveniente de la Presidencia: ni para favorecer a Báez ni a ningún constructor. "Néstor Kirchner fue intendente y después gobernador. Hizo obra pública durante 16 años en Santa Cruz durante esas gestiones. Con el criterio de la Fiscalía, ¿cómo explican que Báez ni siquiera tuviera una empresa en todo ese tiempo? Si había un momento para un supuesto favorecimiento, era aquel tiempo", había explicado Fernández de Kirchner al principio del juicio.

Concentración

Uno de los mayores cuestionamientos es que Báez ganó 51 de las 81 licitaciones de rutas en Santa Cruz. Beraldi relató que en provincias como Misiones, la Rioja, Tierra del Fuego, Chaco, Neuquén, Tucumán y Catamarca, también las empresas locales, concentraban entre el 70 y el 93 por ciento de las obras. El defensor de la vicepresidenta exhibió los testimonios de varios empresarios de la construcción, entre ellos Angelo Calcaterra. Como lo consignó Página 12 en su momento, todos los empresarios coincidieron en que las empresas del lugar tenían ventajas comparativas y podían hacer ofertas más bajas: "conocen la zona, no tienen tremendo gasto en transporte, cuentan con el obrador, los equipos, los mecánicos, todo localizado ahí. Es una enorme ventaja", testimonió Calcaterra.

Empresarios

En un tramo todavía más arrasador, Beraldi arremetió contra la idea de los fiscales de acusar a empresarios por, supuestamente, dejarse ganar las licitaciones para beneficiar a Báez. Esos empresarios habrían sido cómplices de la maniobra, pero no fueron acusados de nada. Y tampoco se entiende por qué jugarían a favor de Báez que era un competidor.

Mucho más grave, es que Luciani dijo que la familia Eskenazi visitó a los Kirchner en Olivos y que eso era una prueba de complicidad. La respuesta de Beraldi fue durísima: "¿O sea, que las visitas de los Eskenazi son una prueba y todo lo que sabemos hoy de las visitas de jueces y fiscales no son prueba de nada?". La referencia obvia fue a Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu jugando juntos al fútbol en la quinta de Macri y las tantas visitas de camaristas a Olivos y la Casa Rosada en tiempos del gobierno de Cambiemos.

Sobreprecios

Finalmente, el defensor de Fernández de Kirchner abordó la cuestión de los pocos peritajes que se hicieron: apenas cinco de las 51 obras cuestionadas. La Fiscalía nunca pidió peritajes, las pidieron siempre las defensas. Beraldi demostró, a partir de los testigos del juicio, que el método correcto de valuar las obras consistía en consultar a los proveedores sobre cada precio. Eso hizo la perita Adriana Alperovich, que representaba a las defensas, y concluyó que no existieron los sobreprecios que invocaron los dos peritos de la acusación, que se basaron en datos aportados por una revista o haciendo una comparación con otras obras que, en realidad, eran muy distintas.

Beraldi completó más de 14 horas de alegato. Siempre usó el mismo método: los testimonios del juicio demoliendo la acusación. Lo que los medios alineados con el macrismo ocultaron en los tres años y tres meses que duraron las audiencias del juicio.