La Justicia chilena condenó ayer a 817 días de prisión al religioso español José Ángel Arregui Eraña, de 53 años, perteneciente a la congregación francesa Clérigos de San Viator, por almacenar pornografía infantil. Arregui se encuentra en prisión preventiva desde el 14 de agosto de 2009, cuando la Brigada del Cibercrimen de la policía chilena lo detuvo, por lo que sólo cumplirá 606 días de cárcel. El Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid ha abierto una investigación contra el religioso por abusos a menores y producción de pornografía infantil, según explicó ayer la acusación.

Vestido con un jersey rojo y vaqueros, Arregui llegó al tribunal encorvado e intentó ocultar su rostro con las manos para esquivar las cerca de 30 cámaras apiñadas en la pequeña sala de audiencias. Se sentó de espaldas al público, entre sus dos abogados contratados por la congregación.

El juez informó del acuerdo previo alcanzado entre las partes para que en la cita, concertada en principio para revisar la prisión cautelar del religioso, se celebrara directamente un juicio abreviado.

La fiscal explicó con detalle cómo la policía especializada en cibercrimen constató que Arregui descargaba material pornográfico de forma continuada desde un ordenador del Liceo Politécnico El Señor de Renca, donde impartía clases de Educación Física y Religión, y desde su domicilio privado.

Tocamientos a menores

En el momento de su detención, el religioso tenía 134 CD y ocho DVD con fotos y vídeos de sexo explícito de adultos con menores y de menores entre sí. La fiscal explicó además que en al menos dos vídeos el propio Arregui aparecía practicando tocamientos en los genitales de adolescentes e introduciendo objetos, como termómetros, por el ano de los que, presuntamente, eran sus alumnos. En otras imágenes aparece, describió la acusación, en "acciones violentas cometidas contra menores".

La fiscal recordó que las filmaciones fueron enviadas a la Policía Nacional y a la Guardia Civil españolas, que identificaron que fueron grabadas en los gimnasios de al menos tres institutos de Madrid, Álava y Vizcaya donde Arregui trabajó. Lograron también identificar a 15 víctimas de esos abusos cometidos entre 1990 y 2005.

La fiscal pidió 817 días, lo máximo que permite la ley, recordó, para un delito menor de grado medio, como es el caso, según la legislación chilena, para el almacenamiento de este tipo de material. La acusación se apoyó en que todos los informes realizados para la investigación demuestran que Arregui tiene "una parafilia de tipo pedofilia" y que no muestra ningún tipo de arrepentimiento por su conducta, si no que tiende a justificarla.

A continuación, el juez informó de que se podría iniciar el juicio abreviado una vez que el religioso respondiera a algunas preguntas. "¿Está en conocimiento de los hechos?", dijo el juez y el acusado respondió que "sí". Acto seguido, el magistrado le consultó si estaba al tanto de las pruebas que lo acusaban, si sabía del material incautado y si "aceptaba los hechos". A todo ello Arregui respondió con un simple y único "sí".

Petición de libertad vigilada

La defensa de Arregui pidió que se tomara en cuenta en su descargo la colaboración que había prestado a la policía y que había entregado de forma voluntaria todo el material que almacenaba. También hizo hincapié en su "irreprochable conducta anterior". Los abogados aspiraban a que se le concediese una libertad vigilada o al menos que se le redujera la pena a la que se exponía.

No obstante, la fiscal insistió en subrayar que la "irreprochable conducta anterior" de Arregui era sólo "formal", dado que si bien no había sentencias previas en su contra, su aparición en vídeos con chicos españoles demostraba que su conducta no era apropiada. La acusación alegó además que Arregui no cuenta con un respaldo social que lo ayude a tener un comportamiento adecuado a las reglas sociales. Lo describió como un ser solitario y sostuvo que la congregación a la cual pertenece no sólo le paga la defensa, si no que además "ha tendido a ocultar el hecho [del que se le acusaba] y justificarlo, en vez de condenarlo abiertamente".

El juez finalmente dio la razón a la fiscal y sentenció a Arregui a 817 días de prisión efectiva, sin posibilidad de libertad condicional: "Ha quedado en evidencia que el acusado ha atentado contra un bien preciado para la sociedad como es la infancia".

Arregui permanecerá en el centro de detención preventiva donde está ingresado desde agosto hasta que la sentencia se materialice. Luego se trasladará a un penal común, donde afrontará los problemas de hacinamiento que afectan a las cárceles chilenas. Para la población penal que lo reciba, Arregui será un violeta es decir, un abusador de niños, lo que suele ser repudiado por los reos y castigado con vejaciones sexuales.