Pese a los llamamientos de clemencia. Pese a las dudas sobre la condena. Troy Davis, en el corredor de la muerte desde hace 20 años, será ejecutado mañana. La Junta de Perdones y Libertad Condicional del estado de Georgia, en EEUU, ha rechazado la última apelación posible de la defensa de Davis, condenado a la pena capital en 1991 por la muerte del policía Mark MacPhail.

La defensa de Davis, de 42 años, han agotado todas las vías posibles ante los tribunales. El portavoz de la Junta, Steve Hayes, ha anunciado de que el comité ha rechazado la enésima petición de clemencia después de escuchar los testimonios de quienes quieren evitar la ejecución, así como de la fiscalía y los familiares del policía asesinado.   

Los abogados han alegado durante estas dos décadas que la culpabilidad de su cliente no había sido demostrada porque las declaraciones de los testigos eran poco firmes y no había pruebas físicas. El juicio contra Davis se ha basado principalmente en las declaraciones de testigos, pero desde 1991 siete de los nueve que comparecieron en el juicio se han retractado o han cambiado su declaración, y algunos han asegurado que fueron coaccionados por la Policía. 

Ejecuciones aplazadas

La viuda del policía asesinado ha dicho que Davis "ha tenido mucho tiempo para demostrar su inocencia, y no es inocente". "Tenemos leyes en este país para que no haya caos. No vamos a matar a Troy porque queramos, van a ejecutarle porque ha sido castigado", ha añadido, citada por The New York Times.

Una campaña internacional ha reunido un millón de peticiones de clemencia

El caso ha suscitado toda una campaña a nivel mundial alentada por Amnistía Internacional de recogida firmas en contra de la condena. El viernes pasado, la organización entregó más de 630.000 cartas en las que se pedía a la Junta la suspensión de la ejecución. Entre las personalidades que se han sumado a la iniciativa figuraban el ex presidente estadounidense Jimmy Carter, el arzobispo sudafricano Desmond Tutu y 51 congresistas estadounidenses, entre otros. Además, en las últimas semanas ha aumentado hasta el millón el número de personas en todo el mundo que han firmado peticiones de clemencia para Davis.

La Junta ya concedió a Davis la suspensión de la condena a muerte en 2007, mientras Davis se preparaba para sus últimas horas, argumentando que antes sus miembros tenían que estar "convencidos de que no hay ninguna duda de la culpabilidad del acusado". Desde entonces, la Junta ha añadido tres nuevos miembros. En 2008, faltaban 90 minutos para la ejecución cuando el Tribunal Supremo intervino. Sin embargo, luego se negó a analizar su caso.

Golpe contra los Derechos Humanos

Durante la semana previa a la última fecha, el 11º Tribunal de Circuito de Apelación la suspendió nuevamente para estudiar los argumentos de su abogado, según el cual había nuevos testimonios que podían demostrar su inocencia. Ese tribunal no dio la razón al letrado, pero concedió más tiempo a Davis para presentar sus argumentos directamente al Supremo, que ordenó, una vez más, a un tribunal federal que examinase los nuevos testimonios y que, finalmente, desestimó los últimos recursos y fijó por una nueva y definitiva fecha.

"Un hombre condenado sobre unas pruebas dudosas va a ser ejecutado por el Estado"

La secretaria general de Amnistía, Salil Shetty, ha denunciado que "es un duro golpe para los Derechos Humanos en EEUU, donde un hombre que fue condenado sobre la base de unas pruebas dudosas va a ser ejecutado por el Estado".    

Según Shetty, la última decisión de la Junta "no concuerda con su decisión de 2007, cuando recomendó que no se llevase a cabo la ejecución si había dudas sobre la culpabilidad del acusado". "Está claro que el sistema de justicia de Estados Unidos puede cometer errores. Las numerosas dudas persistentes que han surgido en el juicio contra Troy Davis revelan un defecto fundamental en la pena de muerte: es irrevocable y, en Estados Unidos, está marcada por las arbitrariedades, la discriminación y los errores", ha recordado.