Kordia, Lemon, Suri... los nombres que se acumulan bajo la erosión del Estado de derecho impuesta por Trump

El pasado 16 de marzo, después de más de un año de detención en un centro de inmigración de Texas (EEUU), la activista palestina Leqaa Kordia fue liberada. Kordia, de 33 años, había sido arrestada por participar en las protestas en 2024 en la Universidad de Columbia (Nueva York) contra el genocidio en Gaza. La joven era una más de la lista de detenidos por su posicionamiento propalestino al inicio de la presidencia de Donald Trump. Que la puesta en libertad de Kordia haya pasado de puntillas en medio de la vorágine mediática en Estados Unidos por la guerra de Irán es un síntoma más de la normalización de la erosión democrática bajo Trump.

Nada más volver a la Casa Blanca, Trump aplicó al dedillo la táctica de inundar la zona de manera que la oposición se viera sobrepasada por sus ataques contra el Estado de derecho. En uno de los terrenos donde avanzó con más rapidez fue en la persecución ideológica contra las posiciones propalestinas. En especial en la Universidad de Columbia, que en 2024 ya se convirtió en el epicentro de una campaña de acusaciones de antisemitismo por las acampadas estudiantiles contra el genocidio. 

En los primeros meses, la administración Trump convirtió el “antisemitismo” en la palabra mágica con la que poder denegar visados, detener a estudiantes o cortar fondos a las universidades. Estiró y desfiguró el término hasta convertirlo en un paraguas que incluía cualquier tipo de oposición al genocidio de los palestinos. 

Bajo el barniz de una supuesta guerra cultural contra las universidades, el presidente fue erosionando la primera enmienda de la Constitución: el derecho a la libertad de expresión y prensa. Luego, vino la declaración del movimiento antifascista como organización terrorista y la persecución de los manifestantes contra el ICE en Minnesota. La cúspide de esta evolución fue el intento del Gobierno de justificar los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti, llegando a decir que eran “terroristas” de izquierdas.

Los activistas propalestinos, el primer blanco  

Kordia es solo uno de los casos de personas en Estados Unidos que han sido detenidas por su ideología o discurso disidente con las directrices de la Administración. En el caso de Kordia, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la acusó de simpatizar con el terrorismo y le abrió una investigación por supuesto blanqueo de capitales. Ese supuesto blanqueo hacía referencia a los 1.000 dólares que había enviado a su familia en Gaza. Kordia nació en Cisjordania y el DHS, al ver que había permanecido en el país más tiempo del que permitía su visa de estudiante, aprovechó para arrestarla. 

En el último año, el departamento de Estado ha revocado más de 300 visas de estudiantes internacionales por haber participado en las protestas propalestinas. Esta acción dejó desprotegidos a muchos de estos alumnos ante las redadas del ICE, que se incrementaron precisamente en los campus y alrededor de estos. Rajani Srinivasan era una de estos estudiantes que se encontró desamparada después de que el Gobierno le revocara la visa unilateralmente. La chica, de origen indio, tuvo que huir a Canadá después de saber que los agentes de inmigración la buscaban.

El activista palestino Mahmoud Khalil es uno de los primeros nombres que se cobró el aparato persecutorio que ha estado construyendo la Administración Trump. A pesar de ser residente permanente, Khalil fue arrestado en marzo del año pasado en su apartamento de Manhattan y encerrado en uno de los centros de detención del ICE en Louisiana. Desde entonces, su vida se ha convertido en un limbo de incertidumbre legal. En un inicio, el Gobierno estadounidense quería deportar directamente a Khalil, pero gracias al trabajo de grupos de defensa de derechos civiles y abogados se pudo frenar el proceso temporalmente hasta que un juez decida sobre su caso.

Badar Khan Suri, una detención sin acusación  

Por el mismo tiempo en que en Nueva York Kordia y Khalil fueron detenidos, en Washington los agentes de inmigración detuvieron al profesor de Georgetown Badar Khan Suri. El académico, conocido por ser un experto sobre la paz, fue detenido por “difundir activamente propaganda de Hamás” por su posicionamiento propalestino. Aun así, esta acusación nunca se formalizó legalmente, a pesar de que lo mantuvieron encerrado durante dos meses en un centro penitenciario de Texas. En mayo del año pasado fue liberado porque la jueza expuso que la Administración Trump ni siquiera había presentado pruebas para tratar de justificar la detención. 

En términos legales, probablemente el de Suri sea uno de los precedentes más peligrosos en la campaña para erosionar el Estado de derecho. La Administración detuvo a una persona que estaba legalmente en el país, con los papeles en orden, sin presentar ningún cargo y solo porque a nivel interno el DHS consideró que incitaba al terrorismo por sus publicaciones en redes sociales contra el genocidio en Gaza. Un año después del episodio, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) denuncia que intentan detenerlo de nuevo por su posicionamiento político. 

“La Administración está intentando utilizar las leyes de inmigración para silenciar la libertad de expresión con la que no está de acuerdo, al tiempo que afirma que ningún tribunal federal de distrito tiene autoridad para juzgar la constitucionalidad de sus acciones”, escribe en su comunicado la organización para los derechos y libertades civiles. 

Si Suri fue detenido por agentes de inmigración sin una causa real, la estudiante turca Rümeysa Öztürk fue arrestada en medio de la calle por agentes encapuchados. El vídeo del suceso, captado por las cámaras que había en la calle, dio la vuelta al mundo por el terror que desprendía. Öztürk, estudiante de doctorado de la Universidad de Tufts (Massachusetts), también fue acusada de apoyar actividades terroristas por su oposición a la guerra de Gaza. Igual que en los casos anteriores, la jueza que llevó su caso denegó su deportación. 

Periodistas y manifestantes anti-ICE  

Si en 2025 la campaña represiva se centró en toda persona que se opusiera al genocidio de Gaza, este año se está enfocando en las protestas contra el ICE. Más allá de los asesinatos en Mineápolis, también se ha arrestado a dos periodistas y se ha condenado a un grupo de activistas por “antifascistas”. 

A finales de enero, el expresentador de la CNN Don Lemon y la periodista Georgia Fort fueron arrestados después de haber cubierto una protesta contra el ICE en una iglesia de Saint Paul, Minnesota. A ambos los detuvieron en plena madrugada por "tener conexión" con una protesta que tuvo lugar el pasado 18 de enero en la Cities Church. Lemon y Fort habían estado retransmitiendo en directo cómo los manifestantes habían irrumpido dentro del templo e interrumpido la misa.  

La detención de Lemon y Fort era el ataque más grave contra los medios y la libertad de expresión desde la suspensión temporal del programa de Jimmy Kimmel. Además de que era una escalada notable en las tácticas de presión del gobierno contra los periodistas. Ya no solo es interponer demandas, es la posibilidad de que la Policía se persone en la puerta de su casa por ejercer su trabajo. 

Como con los activistas propalestinos, el departamento de Justicia los acusaba de tener conexiones con las protestas, aunque en las grabaciones de las retransmisiones se ve claramente cómo Lemon y Fort decían explícitamente que estaban cubriendo la protesta.

En el otro extremo del país, en Texas, un jurado condenó a nueve miembros de una supuesta “célula antifascista” después de que el pasado 4 de julio una manifestación frente al centro de detención del ICE de Prairieland acabara con un tiroteo donde un agente de la Policía resultó herido. Este veredicto histórico supuso una nueva victoria para la Administración Trump en su intento de reprimir a los manifestantes de izquierdas después de designar el movimiento antifa como terrorista. 

Los nueve acusados, imputados colectivamente por un gran jurado el otoño pasado, incluían al presunto líder del grupo, Benjamin Song -un exreservista de la Infantería de Marina-, Savanna Batten, Zachary Evetts, Autumn Hill, Meagan Morris, Maricela Rueda y una pareja, Elizabeth e Ines Soto. Entre los acusados figuraban un profesor de secundaria, un estudiante universitario, un ingeniero mecánico y un empleado de UPS. Lo más peligroso de esta sentencia, otra vez, es el precedente judicial que crea para poder usar la ideología como un cargo o un agravante contra los manifestantes.