El Gobierno de EEUU, presidido por Donald Trump, ha pedido este lunes a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permita parar 4.000 millones de ayuda al extranjero, aprobados por el Congreso.

El Departamento de Justicia solicita al tribunal que detenga la orden del juez Amir Ali, que exige a los funcionarios del Gobierno que tomen medidas para gastar alrededor de 4.000 millones de dolares que ahora el Gobierno pide de vuelta, según un abogado de los demandantes que desafiaron la acción de Trump.

El dinero fue en principio destinado por el Congreso para la ayuda exterior, las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y los esfuerzos de promoción de la democracia en el extranjero.

El Congreso presupuestó miles de millones en ayuda exterior el año pasado, de los cuales unos 11.000 millones deben gastarse o comprometerse antes de la fecha límite del 30 de septiembre -el último día del actual año fiscal del Gobierno estadounidense- para que no caduquen.

Después de ser demandado por grupos de ayuda que esperaban competir por la financiación, el Gobierno de Trump dijo el mes pasado que tenía la intención de gastar 6.500 millones de dólares de los fondos en disputa. El mandatario también trató de bloquear unos 4.000 millones de dólares de la financiación a través de un paso inusual llamado "rescisión de bolsillo", que no necesita la aprobación del Congreso.

El juez Ali dictaminó el 3 de septiembre que la administración no puede simplemente optar por retener el dinero y que debe cumplir con las leyes de asignaciones, a menos que el Congreso las cambie.

El director presupuestario de Trump, Russell Vought, ha argumentado que el presidente puede retener fondos durante 45 días después de solicitar una rescisión, lo que haría correr el reloj hasta el final del año fiscal. La Casa Blanca dijo que la táctica se utilizó por última vez en 1977.

El 5 de septiembre, la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia se negó a detener la orden de Ali, lo que motivó la petición del Gobierno a la Corte Suprema.

La Administración ha pedido, este año, repetidamente a los jueces que intervengan para permitir la aplicación de las políticas de Trump, obstaculizadas por tribunales inferiores. La Corte Suprema, que tiene una mayoría conservadora de 6-3, se ha puesto del lado del Gobierno en casi todos los casos que ha tenido que revisar desde que Trump volvió a la presidencia en enero.

En una iteración anterior del caso de financiación de la ayuda exterior, el tribunal, en una votación en marzo, se negó a permitir que la administración retuviera el pago de unos 2.000 millones de dólares a las organizaciones de ayuda por el trabajo que ya habían realizado para el gobierno.