El 21 de enero de 2010 quedará registrado como un día oscuro en la historia de la democracia de Estados Unidos y su declive. Ese día, la Corte Suprema dictaminó que el Gobierno no puede prohibir que las compañías hagan aportaciones económicas en las elecciones.

La decisión afecta profundamente a la política gubernamental, tanto en el plano interno como en el internacional, y anuncia incluso mayores conquistas de las corporaciones sobre el sistema político de EEUU. Para los editores de The New York Times, el fallo "golpea el corazón mismo de la democracia" al haber "facilitado el camino para que las corporaciones empleen sus vastos tesoros para inundar [con dinero] las elecciones e intimidar a los funcionarios elegidos para que obedezcan sus dictados".

La Corte estuvo dividida, cinco contra cuatro. A los cuatro jueces reaccionarios (engañosamente llamados conservadores), se les sumó el magistrado Anthony M. Kennedy. El magistrado presidente, John G. Roberts Jr., tomó un caso que se podía haber resuelto fácilmente sobre bases más limitadas y maniobró en la Corte con el fin de hacer aprobar un dictamen de gran alcance que revierte un siglo de restricciones a las contribuciones de las empresas en las campañas federales.

Ahora, los gerentes de las compañías podrán, de hecho, comprar directamente comicios, eludiendo vías indirectas más complejas. Es bien sabido que las contribuciones empresariales, en ocasiones envueltas en paquetes complejos, pueden inclinar la balanza en las elecciones y, así, dirigir la política. La Corte acaba de entregar mucho más poder a ese pequeño sector de la población que domina la economía.

La Teoría de inversiones de política, del economista político Thomas Ferguson, ha constituido durante mucho tiempo un exitoso pronóstico de la política gubernamental. La teoría interpreta las elecciones como ocasiones en las que segmentos del poder del sector privado se unen para invertir en el control del Estado. La decisión del 21 de enero refuerza los medios para socavar la democracia funcional.

El trasfondo es revelador. En su disensión, el juez John Paul Stevens admitió que "desde hace tiempo se ha sostenido que las corporaciones están amparadas por la Primera Enmienda [la garantía constitucional de la libertad de expresión, que incluye el derecho a apoyar a candidatos políticos]".

A principios del siglo XX, teóricos legales y tribunales implementaron un fallo de la Corte de 1886 mediante el cual las corporaciones -esas "entidades colectivistas legales"- debían tener los mismos derechos que las personas de carne y hueso. Este ataque al liberalismo clásico fue condenado con rotundidad por la especie en extinción de los conservadores. Christopher G. Tiedeman describió el principio como "una amenaza a la libertad del individuo y a la estabilidad de los estados americanos como gobiernos populares".

En su trabajo de historia sobre la ley, Morton Horwitz escribe que el concepto de personalidad corporativa evolucionó a la par que el desplazamiento del poder de los accionistas hacia los gerentes y, finalmente, condujo a la doctrina de que "los poderes de la mesa directiva son idénticos a los poderes de la corporación". En años posteriores, los derechos corporativos se expandieron mucho más allá que los de las personas, particularmente mediante los mal llamados "acuerdos de libre comercio". Bajo esos acuerdos, por ejemplo, si General Motors establece una planta en México, puede exigir ser tratada igual que una empresa mexicana (trato nacional), a diferencia de un mexicano de carne y hueso que pretendiera en Nueva York un trato nacional o, incluso, los mínimos derechos humanos.

Hace un siglo, Woodrow Wilson, en aquel entonces un académico, describió un Estados Unidos en el que "grupos comparativamente pequeños de hombres", gerentes corporativos, "ejercen un poder y control sobre la riqueza y las operaciones de negocios del país", convirtiéndose en "rivales del propio Gobierno". En realidad, esos grupos pequeños se han convertido cada vez más en los amos del Gobierno. La Corte Suprema les da ahora un alcance aún mayor.

El fallo de 21 de enero llegó tres días después de otra victoria para la riqueza y el poder: la elección del candidato republicano Scott Brown para reemplazar al finado senador Edward M. Kennedy, el león liberal de Massachusetts.

La elección de Brown fue presentada como una "rebelión populista" contra los elitistas liberales que manejan el Gobierno. Los datos de la votación revelan una historia diferente. Una asistencia alta de votantes de los suburbios ricos y baja en las áreas urbanas demócratas contribuyeron a la victoria de Brown. "Un 55% de los votantes republicanos dijo estar muy interesado en la elección, en comparación con un 38% de los demócratas", según la encuesta de The Wall Street Journal/NBC. De manera que los resultados fueron, en realidad, una revuelta contra las políticas del presidente Obama: para los ricos, no estaba haciendo lo suficiente para enriquecerlos aún más, en tanto que para los sectores pobres estaba haciendo demasiado en favor de los poderosos.

La ira popular es perfectamente comprensible, dado que los bancos están prosperando gracias a los rescates, mientras que el desempleo se ha elevado al 10%. En el sector de la manufactura, uno de cada seis está sin trabajo: un desempleo en el nivel de la Gran Depresión. Con la financialización creciente de la economía y el desplome en la industria productiva, las perspectivas de recuperar los tipos de empleo que se perdieron son sombrías.

Brown se presentó como el voto 41 contra el programa de salud pública; esto es, el voto que podría socavar el dominio demócrata en el Senado de EEUU.

El programa de atención médica de Obama fue, en efecto, un factor en la elección de Massachusetts. Los titulares están en lo correcto cuando informan de que el público se está volviendo contra el programa. Las cifras de la encuesta explican por qué: porque la iniciativa no llega lo suficientemente lejos. El sondeo de The Wall Street Journal/NBC reveló que la mayoría de los votantes desaprueba el manejo del sistema de salud tanto por los republicanos como por Obama.

Estas cifras están en la línea de otras encuestas nacionales recientes. La opción pública de la salud es apoyada por el 56% de los encuestados y el acceso a Medicare a los 55 años de edad, por el 64%; pero ambas iniciativas fueron abandonadas. Un 85% opina que el Gobierno debería tener el derecho de negociar los precios de los medicamentos, como en otros países; sin embargo, Obama garantizó a las grandes industrias farmacéuticas que no elegirá esa opción.

Amplias mayorías de ciudadanos están a favor del recorte de costes, lo que tiene sentido: el coste per cápita en EEUU por atención médica es aproximadamente el doble que en otros países industrializados y los resultados en términos de salud están en el extremo inferior.

Pero el recorte no puede ser emprendido seriamente cuando se trata con gran generosidad a las compañías farmacéuticas y el sistema de salud está en manos de aseguradores privados prácticamente sin regulación -un sistema costoso, peculiar de EEUU-.

El fallo del 21 de enero eleva nuevas e importantes barreras para superar la grave crisis del cuidado de la salud o para afrontar asuntos tan críticos como las inminentes crisis ambiental y energética. La brecha entre la opinión pública y la política pública es cada vez mayor. Y el daño a la democracia estadounidense es tan grande que difícilmente se puede exagerar.

*Noam Chomsky, distribuído por The New York Times Syndicate.